Gijón: serio aviso
Respondiendo al llamamiento hecho por las centrales sindicales UGT, CC OO, USO, CNT y CNT Congreso de Valencia, Gijón quedó el martes pasado totalmente paralizada por una huelga general, y 100.000 personas acudieron a una manifestación contra el desmantelamiento en la comarca. La realidad que se quiso denunciar durante esta jornada queda gráficamente plasmada en el comunicado conjunto de las centrales sindicales, según el cual 223 de las 3.438 empresas existentes en Gijón presentaron expediente de crisis en 1982, mientras que cerraron 71 empresas, provando la pérdida de 2.610 puestos de trabajo.Habría que estar ciego, sin embargo, para no ver en estos hechos la evidencia de una situación cada vez más preocupante y que se proyecta en líneas similares sobre toda España. El país entero está lleno de gijones que ahora están dispuestos a responder unánimente a una pacífica convocatoria sindical, pero que si este drama se prolonga excesivamente, con toda su gravedad actual, podría desembocar en estallidos más desesperados. Por eso quienes tienen la mayor parte de responsabilidad sobre el tema -empresarios y Gobierno deben contemplar este unánime grito gijonés en "defensa de los puestos de trabajo ante la crisis industrial" como un serio aviso que les atañe directamente.
A nadie puede extrañarle que los empresarios gijoneses desaprobaran la convocatoria sindical y no supieron ver en ella más que una pérdida supuestamente gratuita de horas de trabajo. Quizá debieran, sin embargo, asumir la parte de responsabilidad que les concierne, porque no todas las causas de la actual situación económica por la que atraviesa el país derivan exclusivamente de la crisis internacional. No puede olvidarse que también en muchos casos la mala gestión empresarial agudiza los efectos de esa crisis, a lo que se une la acusada tendencia del empresario hispano -acostumbrados a viejos paternalismos- a poner pies en polvorosa y plantear el cierre empresarial o el expediente de crisis a la mínima de cambio, no sólo cuando hay pérdidas, sino incluso cuando el nivel de beneficios desciende con respecto a épocas anteriores.
Por lo que al Gobierno se refiere, es preciso reconocer su sensibilidad en torno al problema, llevada hasta el extremo de manifestar, tras el último Consejo de Ministros, su identificación con las reivindicaciones de los trabajadores gijoneses. Pero no todo debe quedar reducido a eso. Bien es cierto que la huelga general no iba dirigida contra el Gabinete socialista, que prácticamente acaba de acceder al poder y que demuestra una mayor predisposición que sus antecesores a afrontar el tema. Pero sí iba dirigida también, de alguna forma, contra la penosa gestión económica de los Gobiernos anteriores, en buena medida responsables, por su ineficacia y omisiones de la situación presente del país. Si el actual Ejecutivo no logra resultados más afortunados que sus predecesores, protestas como las de Gijón, e incluso bajo expresiones más desesperadas, pueden volverse en su contra a medio plazo.
28 de enero
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