Convalidado el decreto de prórroga de los Presupuestos sin perjuicio de su tramitación como proyecto de ley

El Pleno del Congreso convalidó ayer el decreto-ley de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria -que supone la prórroga de los Presupuestos de 1982-, aunque aceptó también la sugerencia del Grupo Popular de tramitar el texto como proyecto de ley, con carácter urgente. Estos hechos, junto con la presentación del cuadro macroeconómico para 1983, fueron los aspectos más destacados del debate sobre el citado decreto-ley. La controversia en sí, se centró sobre la constitucionalidad y conveniencia de haber regulado por decreto temas fiscales y financieros, sobre el aumento o no de la presión tributaria derivada de tales medidas y sobre el cumplimiento o no de los compromisos electorales por parte del Gobierno.

El resultado de la votación fue de 186 votos a favor (de los diputados socialistas), 107 en contra (de la Minoría Catalana, UCD, Grupo Popular y los diputados comunistas del Grupo Mixto) y 6 abstenciones (entre ellas las de los dos parlamentarios del CDS).El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, presentó y justificó el decreto a convalidar. Dijo que había sido necesario prorrogar los presupuestos de 1982 y hacer ciertas adaptaciones en materia tributaria y financiera para el funcionamiento de la maquinaria del Estado hasta que pueda ser elaborada y debatida por las Cortes la ley ordinaria de presupuestos del Estado para 1983. Arguyó la autorización constitucional para prorrogar los presupuestos y explicó que a su juicio ninguno de los puntos regulados por el decreto caía en la inconstitucionalidad. El decreto, según dijo, se concibió en tres grandes bloques: posibilidades financieras (deudas y avales); medidas de carácter tributario (prórroga y modificación de disposiciones); y financiación de las necesidades urgentes de las haciendas territoriales.

En el primer bloque aparecen las normas precisas para el funcionamiento del Estado hasta la aprobación definitiva de la ley de presupuestos del 83 -"que difícilmente se producirá antes de la primavera"-. Se trata de ampliar el techo de gastos y avales, normas relativas al crédito oficial, empresas públicas, deuda del Estado y pagarés del Tesoro. En el segundo bloque, el tributario, se consolidan las normas anteriores que estaban ya vigentes en los presupuestos del 82 y se clarifica el marco fiscal para 1983 que será ratificado en la ley de presupuestos de este año. Boyer habló de una mayor progresividad en la escala de gravámenes en el Impuesto sobre la Renta de, las Personas Físicas, destacó que por primera vez se ha elevado la deducción general y resaltó las mejoras introducidas en el tratamiento fiscal de las familias. Comentó también que el decreto concede incentivos a la inversión privada desde un punto de vista de rentabilidad. Se trata de potenciar la desgravación a las inversiones reales y no a las meramente financieras (potenciar el mercado de las emisiones y suprimir la obligatoriedad de mantener durante tres años los títulos para favorecer el mercado secundario).

Próxima ley de tasas por el uso de servicios

La limitación del 30% de la renta para deducciones por inversión en valores o inversiones en viviendas fue justificada afirmando que "no son las familias modestas las que pueden dedicar más de un 30% de su renta al ahorro". Explicó el aumento de la imposición indirecta en la necesidad de facilitar la próxima implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido y de que sea a través de éste como se financie en buena medida la Seguridad Social. Como novedad anunció la próxima presentación a las Cortes de una ley de tasas que gravará a los usuarios de servicios y no al colectivo nacional. La incidencia de la presión fiscal es según Boyer, sólo de un 0.002% del Producto Interior Bruto estimado para 1983.

Tras la exposición de la herencia económica de 1982 y de los objetivos para 1983 por parte de Boyer (que se detallan en otra información), Pedro Schwartz replicó en nombre del Grupo Popular. En un discurso que provocó numerosas reacciones de indignación e hilaridad, puso en duda la constitucionalidad de este decreto al que se opuso porque introduce, a su juicio, un peligroso cambio en las costumbres financieras públicas, al dejar de regir los presupuestos la vida económica del Estado.

Criticó también las limitaciones a las deducciones por compra de vivienda, la desaparición de las desgravaciones por inversión en bolsa, y afirmó que "el exceso de recaudación obtenido por la persecución del fraude se podría utilizar para aligerar la carga fiscal de los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones con Hacienda".

Schwartz dijo que "se está queriendo conjugar unas medidas de política económica ortodoxa, conservadora, con otras contrapuestas destinadas a contentar a los seguidores socialistas (reducción de jornada, aumento de la edad de retiro, etcétera). "¿Cómo puede ocurrírsele a ningún economista en su sano juicio que unas medidas que aumentan el coste unitario de la hora de trabajo, puedan aumentar establemente la demanda de mano de obra?". Schwartz dijo que "tres promesas de los socialistas les van a perseguir como furias vengadoras hasta destruirles: la promesa de detener la subida de precios; la promesa de gobernar eficazmente; y la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo netos en cuatro años", augurios recogidos con carcajadas por los socialistas.