Catorce personas, detenidas por la Guardia Civil por el fraude a la Seguridad Social

Viene de la primera páginaJaime Vilalta fue detenido por la Guardia Civil el martes en su propio despacho profesional particular, cuyo ejercicio desarrollaba, al parecer, en el asesoramiento de empresas a pesar de la manifiesta incompatibilidad de aquél con su condición de funcionario.

Vilalta, tras la disolución de los sindicatos verticales, donde había desarrollado funciones de letrado, fue destinado al Departamento de Regulación de Empleo de la entonces Delegación Provincial de Trabajo de Barcelona, donde ejerció tareas relacionadas con la resolución de expedientes de crisis. Estas funciones fueron llevadas a cabo por Vilalta, al igual que por otros antiguos abogados de la AISS, sin dejar de efectuar el ejercicio profesional privado.

Por ello y por darse la circunstancia de que Vilalta asesoraba particularmente a empresas que solicitaban expedientes de regulación de empleo, en los que él mismo intervino como funcionario -tal fue el caso de la empresa constructora Hermanos Malo Peralta-, en 1980 una representación de CC OO pidió al entonces delegado de Trabajo, Jorge Fernández, que se prohibiera a los an.tiguos abogados de la AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales), que se mantenían como funcionarios en activo, el asesoramiento privado a empresas.

Jorge Fernández, al parecer, invitó a los afectados a solicitar la excedencia como funcionarios. Lejos de ello, Vilalta solicitó el traslado a la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), tras separarse los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, oficina desde la que se expidieron las actas de requerimiento de las cuotas empresariales falsificadas.

Citados a declarar

Entre las personas llamadas a declarar en el expediente judicial figuran asimismo Jaime Talens, jefe de los inspectores de la ODIT, Graciniano Gómez Catón y Ramón Ballesteros. A los dos últimos, ambos inspectores de Trabajo, que aún no han acudido a declarar por hallarse, al parecer, de viaje, les ha sido instruido expediente administrativo por la Jefatura Central de la Inspección de Trabajo, sobre el que también han sido llamados a presentar pliego de descargos.

Además de éstos, se ha cursado citación para presentarse ante la Guardia Civil, al funcionario excedente Francisco Gilabert, quien, al parecer, se encuentra igualmente fuera de Barcelona.

Jaime Talens, a cuyo cargo se encontraban los inspectores destinados en la ODIT durante la época de la defraudación, era el máximo responsable de la inspección de Seguridad Social y, por ello, de los requerimientos expedidos por los funcionarios a su cargo. Anteriormente, Talens había estado destinado en los servicios generales de la Inspección de Trabajo de Barcelona. El ejercicio de esta última actividad fue llevado a cabo por Talens de forma paralela al asesoramiento de empresas a través de su participación en un consultorio empresarial denominado Estudio Conde Escalza.