Lentitud y confusión en la aplicación de las incompatibilidades

La compleja estructura administrativa creada en Cataluña con el desarrollo de la autonomía es la primera dificultad que encuentra la aplicación de la ley de Incompatibilidades. Coexisten, con sus respectivos estatutos y funcionarios, cuatro niveles administrativos: el autonómico, la Administración del Estado en Cataluña (delegaciones ministeriales de las materias no traspasadas, Universidad etcétera), las diputaciones provinciales y la Administración local. En total, unos 170.000 funcionarios que disponen de tres meses para declarar sus posibles incompatibilidades.Cuando falta poco para que se cumpla el mes de entrada en vigor de la ley, algunas de estas administraciones no han pasado siquiera un cuestionario a los funcionarios para que declaren los empleos que desempeñan al margen de su función pública. Unicamente la Diputación Provincial de Barcelona tomó medidas, ya en el mes de diciembre, para poder disponer de la información necesaria en cuanto entrase la ley en vigor.

De los 4.430 funcionarios que tiene la Diputación de Barcelona, el viernes habían presentado declaración 3.131. No han rellenado cuestionario 523 funcionarios, le los cuales 491 son empleados que, aunque dependen de la diputación, trabajan en la Generalitat, entre ellos el centenar de mossos Tesquadra y los bomberos. Tampoco han declaracio su situacion 776 funcionarios sanitarios (médicos, ATS y auxiliares de clínica) a quienes se pasó dos cuestionarios, uno para declarar su actividad privada y otro para declarar si tienen otros empleos en la administración pública. Los funcionarios sanitarios han alegado, para no declarar, la falta de información sobre los cuestionarios que debían rellenar, cosa que el departamento de personal se ha comprometido a subsanar inmediatamente.Así pues, de los 3.131 funcionarios que han declarado, podrían incurrir en incompatibilidad 325. Los funcionarios que han declara do trabajar al mismo tiempo en otra administración suman 181, es decir, el 5,7%. Otros 128, el 4,08%, han declarado una actividad privada que puede ser considerada incompatible y otros dieciséis han declarado que trabajan en dos ad ministraciones públicas y tienen además una actividad privada también posiblemente incompatible. Por categorías, 148 de los funcionarios con presumible incompatibilidad son técnicos superiores, 57 técnicos medios, veinticuatro subalternos, cuarenta funcionarios operarios de diversos oficios y dieciséis pertenecen a cuerpos especiales.

La Generalitat, lenta

La maquinaria administrativa de la Generalitat se ha puesto en marcha con alguna lentitud. No es fácil, en opinión del director general de la Función Pública, Joan María Ramírez Cardús, coordinar la recogida de datos de los 68.000 funcionarios que dependen de ella. De momento, se han dado instrucciones a todos los secretarios generales técnicos para que distribuyan entre todo el personal un cuestionario oficial.El delegado en Cataluña del Gobierno socialista, Francesc Martí Jusmet, se ha encontrado con que sus predecesores en el cargo no habían sido tan previsores como él en la Diputación. El caos es tal en la Delegación del Gobierno que las nuevas autoridades no saben en estos momentos el número exacto de funcionarios que tienen. Calculan, a grosso modo, que deben ser unos 36.000, de los cuales unos 15.000 pertenecen a la Policía Nacional, a las Fuerzas de Seguridad y al aparato judicial. Se presume que el número de funcionarios con incompatibilidades será muy elevado, pues casi todos ellos tienen horario de mañana. También el ayuntamiento ha comenzado a distribuir un cuestionario entre sus 11.149 funcionarios, 744 empleados con contrato administrativo y los 2.682 que tienen contrato laboral. En este caso el número de incompatibilidades será menor como consecuencia de la reforma administrativa municipal.