EI PCE negocia con el Gobierno pensiones para presos políticos y exiliados del franquismo
El Ministerio de Trabajo se muestra dispuesto a dar su apoyo a la proposición de ley comunista que propone el reconocimiento como años trabajados, a efectos de Seguridad Social, los períodos de prisión sufridos por los presos políticos amnistiados en 1977, con el fin de dar derecho a pensión a quienes, por haber sido encarcelados por oponerse al régimen franquista, no alcanzaron el número suficiente de años de cotización. En en este caso se encuentran numerosos dirigentes políticos de la época de la clandestinidad, como el comunista Simón Sánchez Montero.La citada proposición de ley fue presentada por el grupo comunista en febrero de 1980, pero no fue aprobada hasta julio pasado por el Congreso de los Diputados, con numerosos recortes. La proposición no llegó a ser abordada por el Senado al ser disueltas las Cámaras y quedó sin efecto. Según fuentes comunistas, el ministro Joaquín Almunia se ha mostrado dispuesto a apoyar la redacción inicial de aquel proyecto, mejorando el texto recortado a instancias de UCD.
En una reunión celebrada recientemente entre el ministro y una delegación comunista, integrada por el ex diputado del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) Miquel Núñez y el diputado del Partido Comunista de España (PCE) Horacio Fernández Inguanzo, se abordó también la posibilidad de otorgar pensión a aquellos dirigentes políticos que, en la clandestinidad o en el exilio, se dedicaron de forma profesional a luchar contra la dictadura y no cotizaron, por tanto, a la Seguridad Social. Los comunistas aportaron una relación de más de cuarenta casos que deberían resolverse por esta vía especial: Dolores Ibárruri, Irene Falcón, Leoncio Peña y Santiago Alvarez, entre ellos. El Ministerio de Trabajo dará una respuesta la semana próxima.
Para Miquel Núñez se trata de cerrar una de las últimas heridas abiertas por la guerra civil y que aún permanece abierta, perjudicando únicamente a los del bando perdedor. "En Francia se paga pensión a los ex combatientes, y en Alemania, a quienes fueron internados en los campos de concentración del nazismo. En España los ex cautivos, es decir, los franquistas que permanecieron en prisión en la zona republicana durante la guerra, siguen cobrando su pensión; y los que durante tantos años se han estado jugando el tipo luchando por la democracia no tienen derecho a nada, originándose unas situaciones dramáticas".
La proposición de ley sobre los ex presos políticos fue recortada sustancialmente en el Congreso de los Diputados por decisión de Unión de Centro Democrático (UCD). Tal como fue aprobada no reconocía a los ex presos políticos el régimen general de la Seguridad Social, sino únicamente el antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), lo que supone pensiones mucho más bajas.
La Mesa del Congreso de los Diputados, por otra parte, estudia una fórmula que garantizar la jubilación a los diputados de las dos anteriores legislaturas mayores de 55 años que no tengan derecho a pensión.
