El SOC denuncia irregularidades en el empleo comunitario

La falta de rentabilidad, escasa planificación, existencia de numerosos casos de fraude, corrupción el incluso malversación de fondos, son algunas de las características del sistema de empleo comunitario, según los dirigentes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), el más minoritario de los que operan en el campo andaluz. El SOC ha solicitado la constitución de una comisión del Parlamento de Andalucía para que investigue estas irregularidades, reiteradamente denunciadas en medios políticos y sindicales de la región.Según Francisco Casero, dirigente del SOC, no están justificados suficientemente los 19.591 millones de pesetas invertidos en el empleo comunitario en las ocho provincias andaluzas durante el año 1982. El sindicalista rural denuncia que muchas veces no se exige la realización de ningún trabajo a cambio de la subvención recibida por los jornaleros en paro, que se firman nóminas en blanco o a lápiz que luego son manipuladas, y que se están dando casos de encargados y capataces del empleo comunitario que en pocos meses adquieren bienes aparentemente muy por encima de sus posibilidades económicas.

Otras acusaciones habituales contra la práctica actual del empleo comunitario se refiere al favoritismo para con determinadas comunidades autonómicas por razones de asimilación política con los poderes públicos, aunque la distribución de los fondos es cuestionada también a nivel provincial.