La banca privada comprará deuda pública a corto plazo para reducir el coste de su pasivo

La subasta de pagarés del Tesoro o deuda pública a corto plazo que se celebra hoy va a ser la piedra de toque de hasta dónde puede crecer este mercado durante 1983. Además, será el momento de demostrar la realidad de los rumores que durante los últimos días apuntan a que la banca privada y los responsables económicos del Gobierno han llegado a un acuerdo por el que los primeros acudirían en mayor medida a las subastas tomando un papel más activo del que han interpretado en el primer año de vida de este instrumento financiero.

El Gobierno autorizó al Ministerio de Economía y Hacienda, en el decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado publicado el 31 de diciembre pasado, a que durante 1983 procediera a emitir deuda pública a corto plazo, por un importe que no supere la cifra de 235.000 millones de pesetas en circulación. La primera subasta de pagarés del Tesoro del presente ejercicio se celebra hoy y se espera tanto un volumen grande de contratación, a lo que no sería extraño el exceso de liquidez que parece existir en el sistema financiero, como también una importante caída en el tipo de interés al que se contraten dichos pagarés.

Las razones son varias, aunque se centran todas ellas en las conversaciones, negadas en fuentes oficiales, mantenidas entre la Administración y la banca privada. Según estas fuentes el único contacto mantenido fue en la famosa reunión de Miguel Boyer con los presidentes de los grandes bancos, a los que acompañaban Fermín Zelada, como presidente en funciones del Banco Exterior, y Rafael Termes, presidente de la patronal del sector, en la que algunos de los máximos ejecutivos de la banca habrían manifestado su convencimiento de que las instituciones privadas de crédito tenían que entrar de manera decidida en el mercado de pagarés, abandonando la política seguida hasta entonces de ignorarlo en la práctica.

Fuentes del sector privado declaran un cambio de actitud por su parte y reconocen que el Estado tiene todo el derecho a tratar de captar directamente una parte del ahorro privado con el que financiar una porción creciente del déficit del sector público, igual que se hace en otros países industrializados. En este sentido, consideran que el papel de las instituciones financieras privadas debe orientarse a facilitar la colocación de dichos pagarés del Tesoro entre el público, por lo cual percibirán una comisión que oscila entre el 10% y el 15% de los intereses a que sean comprados por los particulares, aparte de que puede considerarse como una inversión de los propios bancos, que optarán por mantenerla en su cartera o bien negociarla en el mercado secundario que tiende a crecer.

Reducir los tipos de interés

Pero, además, el pacto entre caballeros acordado por los grandes bancos, y asumido por el resto, sobre limitación en la retribución del pasivo, exige para poder ser llevado a la práctica, que los tipos de interés de la deuda pública a cualquier plazo se reduzcan en dos puntos, como se recogía en el borrador que uno de los consejeros de los siete grandes presentó al resto y que sirvió de base para la formalización de dicho pacto. De otra forma, los pagarés y las emisiones de deuda a dos años, competirían directamente con los depósitos en bancos y cajas de ahorro, tirando al alza del precio de los mismos.

El Banco de España, en nombre de la Dirección General del Tesoro, decide hasta dónde está dispuesto a pagar por lograr colocar los pagarés y ello viene determinado normalmente por las necesidades de fondos que se tienen y por las cantidades ofertadas a cada tipo de interés. Si la banca privada acude de forma importante y ofrece dinero a tipos bajos, parece claro que la financiación del déficit del sector público por la vía de los pagarés resultará más barata y la banca conseguirá comprometer a la Administración en su decisión de rebajar el coste del pasivo.