7.500 millones de pesetas, gasto del Plan Nacional del Síndrome Tóxico en 1982

JESUS DE LAS HERAS, El desglose del gasto de los 7.500 millones de pesetas es el siguiente: Prestaciones (ayudas), el 76,52% del total; gastos de administración, 20%, (se incluyen aquí los presupuestos del personal contratado, que alcanzó los 750 millones de pesetas en salarios y 243 millones de pesetas en cuotas de la Seguridad Social, así como los gastos por alquiler de inmuebles y de material de oficina). En este capítulo, según los datos de la Intervención del Plan Nacional se señala, con relación a informaciones que han apuntado el gasto en alquileres y "los cafés que se toman algunos miembros del plan de coordinación" como signos de "despilfarro", que la cantidad "invertida por parte del personal de la dirección del Plan en cafés y refrescos ha sido de 17.000 pesetas". Asimismo consta como cuota de alquiler la cantidad de 1.583.333 pesetas mensuales por el local de 2.592 metros cuadrados, donde tiene la sede la dirección del plan, en la calle de Alfonso XI, de Madrid. En la citada Intervención se estima que dicha cifra es "normal". Los restantes capítulos se refieren a investigación, un 3% del total (con 45 proyectos de investigación formalizados y un presupuesto de 288.388.832 pesetas); y el de inversiones, un 0,25%.

"En Orcasitas y la zona sur de Madrid se pidió, y se consiguió, que, en lugar de ayudas individuales por incapacidad laboral transitoria, se dieran ayudas a la unidad familiar porque el problema era familiar y la ayuda resultaría más justa y eficaz. Pero quedan zonas, como en la nuestra, donde todavía hay deficiencias. En noviembre pasado, un 25% no habían cobrado las ayudas de julio".

No obstante, según dicen, la situación está "bastante normalizada". Arcadio Fernández, de Leganés, matiza que "la mayoría de los expedientes se preparan por los informes de las asistentas sociales y éstas los elaboran desde sus oficinas, sin visitar los hogares, y no reflejan bien las necesidades reales". Antonio Corralero plantea: "Se comenta que las ayudas económicas han generado una psicosis de renta en los afectados y que, además, hay casos de picaresca. Yo creo que esto último es verdad, pero en los mínimos casos. La psicosis económica hay que comprenderla porque, para buena parte de los afectados, esas ayudas son una indemnización por la agresión sufrida".

En la comisión social del plan se afirma, sin embargo, que las ayudas sociales solicitadas en Orcasitas fueron 219, de las que se aprobaron 200 y finalmente se desestimaron 53. De las 147 restantes, en noviembre del año pasado se habían concedido 121 y el resto se normalizó en diciembre, "por lo que no existe tal 25% de ayudas impagadas". Respecto al trabajo de las asistentas sociales, se dan estas cifras: en 1982, en zona rural se han realizado 7.751 visitas domiciliarias para 2.657 familias, que arroja un 2,91 visitas por familia; en Madrid se han practicado 3.731 visitas para 7.374 familias, que arroja el 0,51 de visitas por familia. Se aclara que en la zona rural "se ha intentado evitar los desplazamientos de los enfermos a las ciudades, donde se hallan las unidades de seguimiento, para la obtención de los datos socioeconómicos, los cuales, en gran medida, se obtienen más fácilmente en las barriadas urbanas sin necesidad de visitar los domicilios".

La reinserción social y 6.000 encuestas sin tabular

"Se ha incumplido la promesa de dar trabajo a los afectados en puestos de nueva creación dentro del Plan Nacional del Síndrome Tóxico para los que fuesen aptos", dice Marcelino Ganaga como un signo del escaso esfuerzo realizado.

"Hemos oído hablar de que existe un plan piloto de reinserción social en el barrio de Orcasitas" declara el presidente de la asociación de Leganés. "Nos parece positivo, pero está por ver si es homologable a los afectados del síndrome, pues el plan de Orcasitas se dirige a toda la barriada, afectados y no afectados".

Arcadio Fernández no desea que sus palabras se interpreten como "un enfrentamiento de asociaciones". En el último trimestre del año pasado, el reparto de subvenciones económicas a las diversas asociaciones de afectados, así como el particular entendimiento del problema que cada una tenía del mismo, provocaron algunas discrepancias notables. Principalmente se motivó esto por el sistema de concesión de ayudas económicas a las asociaciones, esta blecido en función del número de socios que tuvieran. "Había duplicidades en el censo, personas pertenecientes a varias asociaciones, pero todo eso está arreglado" .

Los representantes de la zona sur, dicen: "Cuando empezamos a enfrentarnos a este problema, lo primero que hicimos fue una encuesta a la población de Orcasitas. Colaboramos con el Centro de Medicina Comunitaria del 1º de Octubre y se llegaron a realizar 6.000 encuestas. Todavía no se han tabulado. Hace unos ocho meses que se nos prometió, de acuerdo con los mandatos parlamentarios, y en presencia del coordinador epidemiólogo oficial, doctor Francisco Del Pozo Sorompas, que se llevaría a cabo un programa epidemiológico. No se ha hecho".

"Los afectados de Orcasitas y la zona sur han canalizado su lucha dentro de la asociación vecinal, donde se ha constituido una comisión de sanidad que enfoca el problema desde un ángulo general, para afectados y no afectados. Por nuestro planteamiento de principio con aquellas encuestas, que son el único sondeo realizado sobre una población total y en su conjunto, y por nuestra concepción del problema, la Administración quiso hacer en esta zona una especie de plan piloto de reinserción".

"Este plan se concibió como una serie de acciones interrelacionadas que aprovecharan los recursos existentes para reinsertar a. los afectados, en la vida social normal y efectuar la racionalización sanitario-social de la zona". "Para acometer el plan", siguen su explicación los vecinos, "se contaba con la necesaria participación de la población porque, según se dice, la salud también es responsabilidad del ciudadano. Para ello se nos prometió, en presencia del coordinador psiquiátrico, doctor José Soria, un equipo de salud mental y los medios que fueran necesarios".

"La realidad nos ha demostrado que el equipo de salud mental, hasta ahora, no ha llegado a constituirse y los medios han sido negados. No obstante, se ha trabajado durante varios meses en contacto con el coordinador psiquiátrico y el Centro de Medicina Comunitaria y se llegó a diseñar y presentar un proyecto que hasta ahora no han aprobado. Por lo tanto, todo qu eda reducido a unos cursos de educación sanitaria y eso no es un plan social. Puede que la Administración no sepa cómo enfocar un programa de este tipo, pero nosotros tenemos clara la movilización".

El cambio político y la parálisis administrativa

Según las informaciones oficiales recogidas, el plan de Orcasitas no es el plan de reinserción, sino una acción social sobre la comunidad, contemplada dentro de las actuaciones de que consta el proyecto de Plan de Reinserción Social; y dicho proyecto consiste en una serie de medidas de carácter laboral, rehabilitadoras, educativas, de formación profesional y sociales, "unas de las cuales se vienen realizando desde el principio, como el plan especial de escolarización, y otras han de ponerse en práctica".

En este sentido, el proyecto del Plan de Reínserción Social, "que es un dossier de 38 folios, ha quedado paralizado a causa del cambio de Gobierno", según fuentes de la ejecución de dicho proyecto. "Unas medidas del plan pueden llevarse a cabo porque caen dentro de las normas legales vigentes, pero hay otras que no están previstas en la legislación y entonces no hay posibilidad administrativa de que se les adjudique presupuesto económico. En los últimos meses, la Administación anterior se limitó a cursar asuntos de trámite y efectuar el traspaso de competencias, y la Administración nueva no ha establecido directrices todavía. El proyecto de resinserción, por ejemplo, estaba elaborado el 15 de noviembre pasado, pero hay que articular las disposiciones u órdenes ministeriales que posibiliten su puesta en marcha. Se pueden realizar medidas reinsertadoras educativas porque la ley vigente contempla que todos los niños tienen que ir a la escuela. Pero no se le puede poner un puesto de venta de flores a un afectado del síndrome, que podría realizar ese trabajo y no otro, porque no hay marco legal que permite ese gasto".

"En el mes de junio pasado", añaden, "se hizo el estudio básico de reinserción sobre las necesidades detectadas entre los 485 enfermos más graves en rehabilitación. Y en septiembre, el estudio de recursos. La decisión política no se ha tomado".