España mantiene su posición de no renegociar con la Comunidad Económica Europea el Acuerdo Preferencial de 1970

La Comisión Europea remitirá al próximo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del 24 de enero un informe sobre la aplicación y gestión del Acuerdo Preferencial de 1970 entre España y la Comunidad Económica Europea (CEE). En este contexto tuvo ayer lugar una reunión técnica entre una delegación de la Comisión y otra española, presidida por Fernando Mansito, director general de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE. La postura española no ha cambiado, a pesar de que la Comisión considere arcaico y desequilibrado dicho acuerdo y canalice las quejas que, sobre su aplicación, han expuesto diversos países comunitarios. No habrá renegociación del acuerdo, pues sus principales problemas de fondo han de ser tratados en el marco de las negociaciones sobre la adhesión de España a la Comunidad.La reunión de ayer estuvo dedicada, señaló Mansito, a una exposición por parte de la Comisión de las quejas que tiene la Comunidad Económica Europea (CEE) contra España en torno a la aplicación de este acuerdo y referidas principalmente a los ajustes fiscales y frontera que gravan a los productos importados y a algunos contingentes de importación. Para España es, sin embargo, importante distinguir entre la gestión de dicho acuerdo y las reclamaciones por sus términos y el desequilibrio que ha producido en el comercio hispano-comunitario. "El Gobierno español tiene la intención de aplicar todas las disposiciones del acuerdo de 197V, comentó Mansito.

El vicepresidente de la Comísión, Lorenzo Natali, presentó el pasado 13 de diciembre ante el Consejo Europeo un informe sobre el acuerdo que calificaba de arcaico". Natali expresó sus quejas por el modo en que España aplicaba el acuerdo, principalmente en los terrenos de las discriminaciones fiscales a algunos productos comunitarios -si bien reconociendo que la situación había mejorado-, del dumping y las subvenciones y de las disparidades en los aranceles aduaneros en favor de España. La propia Comisión acepta, sin embargo, que la renegociación del acuerdo es políticamente imposible, dadas las negociaciones sobre el ingreso de España en la Comunidad.

Protestas británicas

Uno de los países que más ha elevado su voz contra dicho acuerdo ha sido el Reino Unido, que protesta por la discriminación arancelaria que padecen sus vehículos al ser importados en España, frente a la exportación española al Reino Unido. La parte española está estudiando un posible alivio de esta situación por medio de contactos bilaterales con funcionarios británicos. Fue, de hecho, el Reino Unido el que pidió en el Consejo Europeo del 13 de diciembre que la Comisión preparase un informe sobre el problema y sus posibles soluciones, que será presentado al Consejo de Ministros el próximo día 24.

Por su parte, la división de acero de la Comisión Europea está dispuesta a flexibilizar su postura de cara a la importación en la CEE de vigas españolas de ala ancha, sin por ello querer eliminar los derechos antidumping con que serán gravadas. La Comisión pretende siempre establecer estos derechos haciéndolos definitivos, aunque dejándolos en suspenso.

El director de Política Comercial del Ministerio de Hacienda y Economía, Juan Badosa, se entrevistó ayer con Jaeques Fauré, director de la siderúrgia comunitaria para exponer los puntos de vista españoles. España ha propuesto contactos directos con los productores alemanes -el verdadero fondo del problema- para intentar llegar a una solución.