La Audiencia Provincial de Valencia reabre dos actuaciones contra el Instituto de Investigaciones Citológicas

La Sala Primera de la Audiencia Provincial, de Valencia ha revocado sendos autos del Juzgado de Instrucción número dos que sobreseían actuaciones judiciales contra los responsables del Instituto de Investigaciones Citológicas, dependiente de la Caja de Ahorros de Valencia. De esta forma, se ha vuelto a iniciar la investigación por presunta imprudencia contra el director del centro, Santiago Grisolía, y los miembros del patronato en virtud de una querella presentada por Francisco García García, padre de una niña, Amparo Garcia Escrich, que padece subnormalidad.

A juicio de los padres, el defecto que padece la niña podría no haber aparecido si se hubiese aplicado por el Instituto en los plazos previstos el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad en las provincias de Alicante y Castellón, para lo que contaba con subvención del Estado.La otra investigación judicial que se ha vuelto a abrir está en función de una denuncia que presentó el doctor Teófilo Díez Caballero, que trabajaba en el Instituto como director de la aplicación del plan, contra el subdirector del centro, Antonio Hernández Yago, por apropiación indebida. Díez Caballero le acusa de haber sustraído la documentación relacionada con el Plan que había en el Instituto, entre la que figuraban, según el denunciante, análisis clínicos realizados documentos que evidenciaban que se había incumplido un convenio suscrito con la Dirección General de Salud Pública para aplicar el plan.

La misión del Instituto consistía en realizar análisis sobre deficiencias tiroideas en recién nacidos para corregirlas, en caso de ser detectadas, y evitar que produjesen subnormalidad. Había recibido siete millones y medio de pesetas de la Administración para comprar el material adecuado. Sin embargo, a la niña, que había nacido el 18 de diciembre de 1980, momento en que el Hospital General de Valencia no contaba con el material que debía haber proporcionado el Instituto, se le descubrió la subnormalidad en marzo de 1981, cuando ya era irreversible. En virtud del reinicio de las actuaciones judiciales, ya ha prestado declaración Santiago Grisolía, y la acusación particular ha solicitado que también lo hagan Marcelino Alamar, presidente de la Caja de Ahorros y del patronato que administra el Instituto, y el resto de los miembros del mismo.

El Juzgado de Instrucción número dos había basado el sobreseimiento de las actuaciones relativas a la querella de Francisco García en la "convicción de que no existe el delito que se intenta imputar a los querellados, sino más bien provocar una actuación judicial encaminada a promover en otras instancias o estamentos de la Administración la consecución de medios materiales superiores a los existentes, encaminados a la prevención de la subnormalidad infantil, finalidad muy loable, pero que no corresponde a los Tribunales de Justicia".

En el auto de la Audiencia por el que se revoca el sobreseimiento, se indica, sin embargo, que les innegable que se ha producido un resultado lesivo en la persona de un familiar del querellante, según aparece en la documentación aportada en la querella", y, por ello, "antes de rechazar la pretensión del querellante, que atribuye determinada responsabilidad a los miembros directivos de la entidad querellada, debieran practicarse las pruebas propuestas ( ... ) dada la trascendencia política y social de las imputaciones que se hacen".