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Editorial:

El Estado, los ciudadanos y los secuestros

LA MAYORIA de los indicios hacen suponer que el secuestro de Miguel Ignacio Echeverría ha sido perpetrado por ETA-VIII Asamblea, tras el grave contratiempo de la liberación de Orbegozo, en una operación terrorista destinada a salvar la imagen de su siniestra eficacia criminal. Las palabras usualmente utilizadas para expresar la condena, el desprecio y el horror que merecen las acciones de barbarie cometidas por las diversas ramas de ETA corren el riesgo de sonar a rutinarias y de sufrir el desgaste de la repetición.Resulta obvio que las amenazas contra la vida del joven Echeverría proceden exclusivamente de la banda terrorista que ha convertido en mercancía una existencia humana y la ha etiquetado con un precio exacto. Los historiadores del futuro que estudien nuestra época se asombrarán de que unas organizaciones delictivas dedicadas exclusivamente al crimen, la extorsión y el secuestro no sólo trataran de justificar sus actuaciones mediante coartadas ideológicas, sino que consiguieran que sus absurdas explicaciones doctrinarias fueran creídas por un sector minoritario pero significativo de la población. El secuestro de Miguel Ignacio Echeverría y el brutal chantaje del que pende su vida se suman a los cientos de asesinatos y tropelías cometidos en los últimos años por las diversas ramas de ETA y reducen todavía más a la miseria moral a quienes busquen un atisbo de sentido político en lo que no es sino barbarie indecente.

En momentos como los presentes, sin embargo, hay que rechazar la tentación, simétricamente brutal, de postular la existencia de abstractas razones de Estado que permitan impedir, mediante sanciones penales y persecuciones policiacas, a la familia del rehén el pago de un rescate para tratar de salvar la vida del secuestrado. El numantinismo ante un secuestro puede darse tal vez cuando la víctima es un servidor del Estado, y resulta irremediable cuando los extorsionadores piden contraprestaciones políticas de imposible cumplimiento. En modo alguno constituye una obligación indiscutiblemente cívica cuando los extorsionadores plantean su nauseabundo negocio en términos exclusivamente monetarios y buscan como únicos interlocutores a los familiares de la víctima. Los asesinos del ingeniero Ryan sabían que la demolición de Lemóniz era una exigencia de realización imposible. Pero las autoridades hicieron cuanto estaba en sus manos para salvar la vida de Javier Rupérez, lo mismo que Benito Craxi, líder del socialismo italiano, propugnó con acierto y valor la negociación con las Brigadas Rojas para impedir el asesinato de Aldo Moro. El peculiar sentido de la abstracta dignidad del Estado que sus administradores ostentaron en aquel momento impidió tal negociación y dejó a uno de los políticos europeos más ilustres en las manos de la violencia criminal. En cualquier caso, los altos cargos del Estado, que reciben protección policial en sus domicilios, oficinas y desplazamientos, no pueden pretender que el heroísmo sea un deber ciudadano, en vez de una elección moral que compete exclusivamente a la conciencia de cada individuo. Ni siquiera estamos seguros de que el heroísmo valga en estas circunstancias para nada, si no es para que el Ministro del Interior ejerza de moderno Guzmán el Bueno a costa de los demás. Todavía más insensato sería, como insinuaron la semana pasada el Ministro del Interior y el Director General de la Seguridad del Estado, que las conductas no heroicas en caso de secuestro fueran perseguidas por la policía, sancionadas por la ley y condenadas por los tribunales. Que nadie esgrima la seguridad del Estado, o la dignidad de las instituciones públicas o cualquier otra abstracción retórica para impedir que la familia Echeverría decida libremente la conducta a seguir en el asunto del secuestro de su hijo. Esta es la única solución política racional y lícita. Lo demás es autoritarismo barato, de cuya ineficacia la historia ofrece abundantes pruebas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 1983