La inflación y el ministro Boyer

EL ULTIMO día del año, el ministro de Economía y Hacienda hizo unas declaraciones a este periódico en las que destacaba como objetivo prioritario de su departamento la lucha contra la inflación.Pensar en una recuperación de la actividad en medio de una tormenta inflacionista, con desequilibrios en la balanza de pagos, inmersos en actitudes especulativas orientadas a la consecución de ganancias a corto plazo es, cuando menos, arriesgado. La apuesta -cuando los niveles de inflación se sitúan en un 15% de crecimiento anual (la media de los países de la OCDE está ya por debajo del 8%) y el déficit de la balanza de pagos sigue siendo importantísimo- no está entre menos paro o más inflación. La única apuesta posible es corregir los incrementos de precios y de costes e instrumentar las correcciones necesarias para no seguir comprando al exterior mucho más de lo que vendemos. Nuestro déficit exterior es una demostración de que pedimos prestado a los extranjeros dinero para pagar las nóminas del sector público o de las empresas en reestructuración y consumir más de lo que producimos. Quien tenga dudas sobre estas afirmaciones puede asomarse al ejemplo francés. En los primeros días del Gobierno socialista de Mitterrand se intensificó el consumo, esperando relanzar la inversión, mediante un mayor déficit presupuestario y un aumento de los salarios. Los resultados fueron dos devaluaciones y el cambio radical de actitud del Gobierno socialista francés, comenzando por una corrección estabilizadora que ha llegado hasta una congelación temporal de precios y salarios. Precisamente esto es lo que anuncia Boyer cuando advierte que si no se domina el proceso inflacionista habrá que aplicar un plan de estabilización. La advertencia tiene dos destinatarios distintos: los agentes sociales y otros miembros de su propio Gabinete.

El ministro sazonó sus declaraciones con una serie de deseos bienintencionados sobre las posibilidades de reducción de los tipos de interés. Es decir, del coste de los créditos tomados por los empresarios o por los particulares. Su abaratamiento implicaría una carga menor en las compras de automóviles, viviendas o en el dinero que precisan las empresas para su funcionamiento. Boyer se refiere, por un lado, a la disminución de los tipos de interés en Estados Unidos y en los mercados internacionales, lo que, sin duda, repercutirá en los tipos internos españoles. También subraya cómo el menor ritmo de la carrera emprendida por los bancos por el ranking abaratará su actividad. Los bancos, si reducen la obsesión del ranking y de la intermediación de dinero, estarán menos dispuestos a atraer nuevos depositantes mediante el expediente de pagarles una alta remuneración por su dinero. Un menor coste de los depósitos puede significar un menor precio a pagar por los créditos.

Todas estas afirmaciones no son falsas. Pero, sin embargo, el ministro, después de reconocer que los altos tipos del dinero en España son una consecuencia de los elevados precios pagados por el Banco de España para convencer a los ahorradores privados de su contribución a financiar el déficit del sector público, se olvida, voluntaria o involuntariamente, de este problema. En efecto, mientras el déficit del sector público exija una contribución sustancial de los bancos y de los particulares, el Estado, vía Banco de España, estará constreñido a pagar un alto precio para conseguir préstamos. El déficit del sector público es el escollo con que tropezará cualquier política de control de la inflación. Si el déficit se mantiene o aumenta, el coste de los créditos persistirá al alto nivel actual o crecerá y continuarán siendo muy reducidas o nulas las posibilidades reales de inversión y de crecimiento de la economía.

El déficit del sector público es un condicionante de altos tipos de interés en el mercado interno. Este condicionante primará muy por encima de las rebajas de los tipos de interés por grandes que sean en los mercados internacionales, y también irá por delante de los acomodos que arreglen los bancos españoles a la hora de procurar una disminución en el coste de sus pasivos. La alternativa de arrinconar la propuesta de un objetivo concreto en el crecimiento de la cantidad de dinero es un consuelo que durará justo lo necesario para que las señales de nuestras cuentas con el exterior demuestren que habrá que davaluar la peseta no sólo una, sino por lo menos dos o tres veces. Entonces la necesidad de un plan de estabilización sólo será una amarga realidad.

El ministro Boyer, cuando habla de dominar la inflación, tiene, por desgracia, mucha razón. Para tener casi toda debería aportar sus previsiones de cuáles son los gastos públicos de los nuevos presupuestos y, en definitiva, el déficit a financiar. Esta es la principal responsabilidad de su cometido como ministro de Economía y Hacienda.

El año 1983 acaba de empezar, y a los agentes sociales les preocupa, más que la herencia recibida, de la que están al cabo de la calle, los proyectos de presente y de futuro del Gobierno actual. La recesión de la actividad y el paro de una enorme cantidad de personas dispuestas a trabajar no está para este tipo de ceremonias de rememoranza ni para aguantar muchos más trotes.