Miguel Boyer quiere desligar las cuentas del pasado de su gestión actual

El Gobierno tiene previsto presentar a las Cortes, en el intervalo de unos 45 días, dos tipos de presupuestos para que sean debatidos. El primero de ellos en el tiempo (en el transcurso del mes de febrero) será un presupuesto extraordinario que regularizará las cuentas pendientes no contabilizadas y posiblemente tendrá un monto de unos 400.000 millones de pesetas. A finales de marzo, Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, presentará los primeros Presupuestos Generales del Estado (correspondientes a 1983) de la etapa socialista.

El presupuesto extraordinario es la consecuencia de una serie de situaciones económicas heredadas, algunas de ellas desde la mitad de los años sesenta. El Gobierno quiere hacer tabla rasa y comenzar de cero desde el momento de su llegada al poder. Boyer declaraba recientemente que la situación económica heredada "es preocupante y en algunos aspectos presupuestarios muy seria, ya que el déficit es mucho más elevado de lo que se había venido mencionando". Este déficit oscilará entre el billón y el billón cien mil millones pesetas, una cifra mucho más elevada que la que el anterior ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, dejó prevista (831.286 millones).Pero las diferencias entre las previsiones de Añoveros y la realidad que ahora contabiliza el equipo de Boyer no se reducen únicamente al déficit presupuestario. En el debate posterior al discurso de investidura de Felipe González, al hacer balance del pasado, hizo alusión a otras cuentas pendientes "desde 1967; repito, desde mil novecientos seis siete", dijo textualmente. Estas cuentas fueron evaluadas por García Añoveros en 125.098,5 millones de pesetas, y en ese monto fueron entregadas a Miguel Boyer.

En general, se trataba de anticipos de tesorería que fueron pagados en su día, pero que no tuvieron ni rúbrica contable ni jurídica. Algunos de estos gastos provienen de cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Hacienda Espinosa San Martín y se extienden en el tiempo, sin regularizarse, durante los mandatos de Monreal Luque (1969-1973), Antonio Barrera de Irimo (1973-1974), Rafael Cabello de Alba (1974-1975), Juan Miguel Villar Mir (1975-1976), Eduardo Carriles Galarraga (1976-1977), Francisco Fernández Ordóñez (1977-1979) y Jaime García Añoveros (1979-1982).

Las cuentas se hinchan

Los principales capítulos de estas partidas correspondían a saldos pendientes de cancelar en operaciones del Tesoro deudores, anteriores a 1970 (28.557,5 millones, correspondientes a corporaciones locales, Comisaría General de Abastecimientos, Patronato de Igualdad de Oportunidades, reestructuración de industrias papeleras, etc.); anticipos conseguidos al Ministerio de Defensa para la realización del Plan de Modernización de las Fuerzas Armadas, anteriores a 1978 (por valor de casi 50.000 millones), y anticipos del Banco de España al Tesoro por asunción de deudas anteriores a junio de 1977 (por 47.000 millones, correspondientes a operaciones de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes ... ).

Sin embargo, al echar las mismas cuentas el equipo Boyer, la cantidad a regularizar superaba los 200.000 millones de pesetas. La complejidad para encontrar las cuentas heredadas hizo que la regularización pendiente, que se pensaba aprobar en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre, quedase pendiente de un presupuesto extraordinario.

En este presupuesto se incorporarán, previsiblemente, algunos créditos extraordinarios tramitados también durante la legislatura anterior, y que el ministro de Economía y Hacienda quiere desligar claramente de su gestión. Entre ellos hay algunos otorgados como anticipos de tesorería por valor de 240.000 millones de pesetas; también existen otros agujeros en el capítulo de corporaciones locales, por unos 40.000 millones, y de la Seguridad Social, por unos 20.000 millones.