Los socialistas buscan un pacto con los nacionalistas sobre la LOAPA

La consecución de un pacto de Estado sobre las autonomías que aleje definitivamente los temores que en los Gobiernos autonómicos de Cataluña y País Vasco levantó la polémica ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), se encuentra en el fondo de las declaraciones que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y la secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas, María Izquierdo, formularon ayer en Barcelona. El tema, sin embargo, no se abordó de manera directa en el almuerzo que el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Francesc Martí, ofreció ayer en su nueva residencia al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a Alfonso Guerra.La comida, a la que asistieron además María Izquierdo, el conseller de la Presidencia, Miquel Coll Alentorn; la vicepresidenta del Parlamento de Cataluña, Concepció Ferrer; los cuatro gobernadores civiles y el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Dalmau, fue calificada de "protocolaria" y "muy cordial" por fuentes próximas a los asistentes. En ella se abordaron asuntos de política general, la situación de las zonas catalanas afectadas por las inundaciones y aspectos de carácter cultural, punto en el que Alfonso Guerra sorprendió a los comensales por la profundidad de sus planteamientos y la importancia que dio al tema.

Sin embargo, la ausencia de un debate político en profundidad, motivada por el elevado número de asistentes al almuerzo, no restó relevancia política a este primer encuentro de Jordi Pujol con el vicepresidente del nuevo Gobierno socialista. Las negociaciones políticas entre la Admnistración catalana y la estatal se iniciaron ya en la entrevista que mantuvieron el portavoz de Convergéncia i Unió (CiU) en Madrid, Miquel Roca, y el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra-Salcedo.

Ya en aquella ocasión el ministro puso sobre la mesa de negociación la eventualidad de definir los puntos básicos de un pacto de Estado con vascos y catalanes sobre la cuestión autonómica, y se refirió en concreto a dos cuestiones: el respeto del calendario de trasferencias para que éstas puedan cerrarse en el presente año y el hecho de "minirnizar" el contenido de la LOAPA a través de su ulterior desarrollo legislativo. En este punto, existe ya el acuerdo firme de consensuar todas las leyes de bases que puedan abordarse durante la presente legislatura, en el sentido de conseguir que el despliegue del título VIII de la Constitución no ponga en entredicho las competencias recogidas en los textos autonómicos.

La propia María Izquierdo explicó ayer a este diario que el presidente del Gobierno, Felipe González, ya lanzó una primera oferta en su investidura y que el tema se encontraba también recogido en el discurso que ayer pronunció Guerra en Barcelona. "Hemos de emprender un camino dispuestos a disipar malentendidos de períodos anteriores", comentó María Izquierdo, quien habló de la necesidad de un diálogo y entendimiento constantes entre las administraciones,central y autonómicas.

La secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas comentó, sin embargo, que no era conveniente la "sobresaturación" de la LOAPA en posteriores leyes, sino que lo más viable era definir "puntos de encuentro en el que puedan converger distintas interpretaciones". "Haremos lo posible", agregó, "para que en el presente año acaben de pasar a la Generalitat las transferencias pendientes". Sobre el polémico tema de las valoraciones de los traspasos a Cataluña, en el que existen opiniones encontradas entre ambas administraciones, María Izquierdo dijo que se abordaría desde una "total transparencia".

La consecución formal de este pacto autonómico en gestación se situaría en Cataluña tras las elecciones municipales, momento en el que los socialistas catalanes podrían también efectuar una oferta de colaboración ínstitucional con el Gobierno de Jordi Pujol de cara a desarrollar, de manera también consensuada, las grandes leyes que debe abordar el Parlamento de Cataluña, como las relacionadas con la división territorial o la ley electoral autonómica.