Andalucía y Galicia exigen la equiparación en transferencias a Cataluña y Euskadi

Los Gobiernos autónomos socialista y aliancista de Andalucía y Galicia, comunidades con estatutos tramitados, al igual que los de Euskadi y Cataluña, por la vía del artículo 151 de la Constitución, han planteado en los últimos días el primer conflicto autonómico con el Gobierno socialista, al criticar con extrema dureza la política del Ministerio de Administración Territorial en materia de transferencias de servicios, que consideran discriminatoria con respecto a la seguida con vascos y catalanes.

Ambos exigen un trato diferencial del resto de las comunidades autónomas, a fin de que se les equipare urgentemente con el nivel de competencias de que gozan las dos primeras nacionalidades históricas.La Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia basan su protesta en el hecho de que no van a poder asumir a corto plazo un importante paquete de competencias que se había comprometido a transferirles, con fecha de 1 de enero de 1983, el anterior Gobierno de UCD. Andalucía y Galicia confíaban en ese amplio paquete de transferencias para reducir las enormes diferencias competenciales que registran con respecto a los autogobiernos de Cataluña y Euskadi, dotados ya del 80% y 70% aproximadamente de las competencias conferidas en sus estatutos. La Xunta gallega ha recibido hasta la fecha un porcentaje de competencias que se sitúa en torno al 40%. El caso andaluz es todavía más dramático, ya que la Junta sólo detenta el 8% de las facultades que le confiere el Estatuto de Andalucía.

En el retraso de ambas comunidades autónomas con respecto a Euskadi y Cataluña hay, al menos, dos circunstancias que parece necesario recordar: una cronológica y otra política. Catalanes y vascos iniciaron su andadura preautonómica -constitución de instituciones, aprobación de estatutos y recepción de las primeras transferencias menores- con muchos meses de antelación en relación con Galicia y, sobre todo, con Andalucía, que no logró ver aprobado su estatuto hasta octubre de 1981. Un año antes se aprobó el gallego. También se adelantaron vascos y catalanes en la constitución de sus Gobiernos y Parlamentos autónomos, que plantearon exigencias muy estrictas en el traspaso de competencias.

Las comunidades autónomas catalana y vasca habían obtenido ya casi idéntico nivel de competencias al que detentan en la actualidad cuando, en enero de este año, se constituyó la Xunta de Galicia. En julio, iniciado ya el período electoral, Galicia había logrado arrancar un porcentaje de transferencias considerado insuficiente, y Andalucía estrenaba Parlamento y Gobierno. El ejecutivo de UCD se comprometía en estas fechas a aprobar para el 1 de enero un importante paquete de transferencias a ambas comunidades. El largo proceso electoral registrado en España hasta el 28 de octubre paralizó prácticamente el proceso de transferencias, y gallegos y andaluces han visto defraudadas las expectativas.

Promesas para el 1 de julio

Hace menos de un mes, Tomás de la Quadra y María Izquierdo tomaron posesión de sus cargos de ministro de Administración Territorial y secretaria de Estado para las Autonomías, y se encontraron, según ellos mismos han declarado, "con la desagradable sorpresa -María Izquierdo lo calificaba de 'lierencia envenenada'- de que no se había avanzado nada en el proceso de negociación preciso para preparar los paquetes de competencias a transfererir con fecha de 1 de enero a las comunidades autónomas". "Los trabajos", añadían, "estaban paralizados y por ello es imposible cumplir el compromiso a que había llegado el Gobierno de UCD con aquéllas; un compromiso del que no podemos hacemos responsables".Tomás de la Quadra y María Izquierdo han tratado en las últimas semanas de hacer lo que, insisten, no se hizo en los últimos seis meses y, ante la imposibilidad de cumplir exactamente el compromiso, han llegado con los representantes de las comunidades autónomas afectadas -entre ellas Andalucía y Galicia- al acuerdo de preparar un listado de competencias prioritarias y suspectibles de materialización a fecha de 1 de enero. "Es lo máximo que podemos hacer", declaró María Izquierdo. "Nuestra gestión en materia de transferencias no puede verse materializada hasta el 1 de julio".

En esa fecha, el Ministerio de Administración Territorial, según confirmaron a nuestro periódico tras su toma de posesión Tomás de la Quadra y María Izquierdo, pretenden traspasar un paquete de competencias "decisivo" a Andalucía y Galicia, comunidades a las que desean dar un trato preferencial en el proceso de transferencias, a fin de equipararlas en lo posible a Euskadi y Cataluña.

Sin embargo, los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Xunta de Galicia no parecen dispuestos a aceptar los planes de Administración Territorial y el martes plantearon el primer conflicto autonómico al Gobierno. "No aceptaremos que se renegocien los calendarios de transferencias aprobados", afirmó Rafael Escuredo, quien considera que en materia de transferencias el Gobierno "está cometiendo un error de consecuencias políticas imprevisibles". A su vez, el vicepresidente de la Xunta, José Manuel Romay, calificó de "francamente negativa" la política del Ministerio de Administración Territorial con respecto a las transferencias a Galicia.Y añadía acto seguido : "El Consejo de Gobierno de la Junta no aceptará una reducción de las fechas de efectividad de los traspasos a los momentos temporales del 1 de julio y 1 de enero de cada año".

Cabe señalar que los Gobiernos catalán y vasco, con unos niveles de competencias asumidas muy elevados con respecto a Andalucía, Galicia y el resto de las comunidades autónomas, negocian los traspasos de servicios restantes con la Administración únicamente a través de comisiones mixtas respectivas, y no participan en las sectoriales. Y ello porque la mayor parte de los servicios cuya transferencia se negocian en las comisiones sectoriales, les han sido ya traspasados.