Garcia Pablos teme que la reforma legal beneficie a los acusados por la colza
El abogado Antonio García Pablos, que presentó ante los tribunales 5.700 querellas contra las personas y entidades responsables del envenenamiento masivo por ingestión de aceite de colza desnaturalizado, en nombre de otros tantos afectados, se declaró ayer atónito ante la posibilidad de que la nueva regulación legal del período máximo de prisión provisional -que el Gobierno tiene intención de establecer en dieciocho meses- pueda suponer la concesión de libertad provisional de forma automática a una gran parte de los procesados en este sumario, y en breve plazo les afecte a los restantes.García Pablos calificó de "altamente elogiable y beneficioso para todos" el proyecto de ley que ayer dio a conocer EL PAIS, según el cual ningún recluso podrá permanecer en prisión sin juicio más de dieciocho meses, "porque obligará al Gobierno a un enorme y muy justificado esfuerzo para la agilización de la justicia".
Sin embargo, aun reconociendo que no dispone del texto completo por no haber podido entrar en contacto con ningún responsable del ministerio competente, García Pablos declaró que si el límite máximo de la prisión provisional no se pone en relación con la pena previsible, es necesario prever alguna cláusula de excepción para el sumario de la intoxicación masiva, "por sus características especiales y la trascendencia social que el hecho alcanzó".
"En caso contrario", añadió el abogado especializado en temas de consumo, "nos encontraremos en el momento de la vista del juicio con el banquillo vacío u ocupado, todo lo más, por algún desgraciado que no tenga siquiera dinero para escapar al extranjero, como ya han hecho cuatro encartados a los que reclamó la ley y seguramente algunos más a los que todavía no se ha reclamado".
