Los derechos humanos en Centroamérica / 1

Centroamérica constituye hoy un lugar fundamental para la recta visión y la justa solución del problema de los derechos humanos. Países como Costa Rica y Panamá ofrecen una imagen aceptable, aunque lejos de lo ideal, de los derechos humanos, porque en ambos países, si bien de distinta forma y por diversas razones, se ha atendido a tiempo a las necesidades básicas de su población.Honduras y Nicaragua

En Honduras no ha estallado todavía la crisis de los derechos humanos, no porque se haya resuelto el problema de las necesidades básicas y de la injusticia estructural, sino porque no se ha apoderado de la conciencia popular la situación objetiva en la que se encuentra la mayoría de la nación; la situación es, objetivamente, prerrevolucionaria, y por eso no ha sido necesario todavía entrar de lleno en la violación masiva y sistemática de los derechos humanos; sin embargo, la presencia en suelo hondureño de tropas somocistas, de asesores norteamericanos que preparan un lugar seguro que domine los acontecimientos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y últimamente, la presencia del ministro de defensa israelí, el mismo que lanzó la ofensiva contra los palestinos en Líbano, hacen temer que también Honduras se vaya a ver pronto inmersa en el mismo torbellino de El Salvador y Guatemala, por lo que toca a la violación de los derechos humanos, de lo cual ya se aprecian algo más que indicios.

Nicaragua, por su parte, está en una fase distinta, en la que observadores occidentales pueden apreciar limitaciones importantes a los derechos humanos, sobre todo en el orden político, pero en la que analistas más conocedores de la peculiaridad de la situación nicaragüense no pueden menos de ver no sólo una clara mejoría respecto a lo que ocurría en tiempos de Somoza, sino además una abismal diferencia con lo que ocurre en Guatemala y en El Salvador, estando como está Nicaragua acosada, sobre todo por Estados Unidos, para que los sandinistas abandonen el poder, un acoso que incluye la violencia armada, además de la presión económica y política.

Los casos de Guatemala y El Salvador son, sin embargo, los más dramáticos. En ambos países pueden contarse por decenas de miles los asesinados, por centenas de miles los desplazados y refugiados, por millones los amenazados.

Guatemala y el Salvador representan hoy una de las fronteras más dramáticas no sólo de los derechos humanos, sino de la humanidad misma. En ambos países se ha hablado técnicamente de genocidio, lo cual debe golpear la conciencia de todos los hombres, pero especialmente de los latinoamericanos y de los españoles.

La situación es distinta en ambos países, sobre todo porque pudiera pensarse que en El Salvador se está más próximo a un principio de solución, no porque hayan mejorado los sentimientos humanitarios de los principales responsables de la represión, sino porque las condiciones objetivas están ya llevando a la necesidad de un basta ya de guerra y de represión. Hay posibilidad de terminar con una situación intolerable, y esto, además de despertar esperanza, aguijonea la conciencia individual y colectiva para ayudar a que pronto vuelva la paz y, al menos, un respeto básico a las vidas humanas.

Para ello no está de más hacer algunas reflexiones que aclaren la peculiaridad de la situación salvadoreña, lo cual sirve también de algún modo para aclarar la situación guatemalteca.

La injusticia estructural

La raíz profunda de la violación de los derechos humanos en la zona es la violencia originaria que representa la injusticia estructural. Juan Pablo II, en un mensaje dirigido a la Conferencia Episcopal de El Salvador el 6 de agosto de 1982, escribía: "Me doy perfectamente cuenta de que las discordias y divisiones que turban todavía vuestro país y causan nuevos conflictos y violencias encuentran su raíz verdadera y profunda en las situaciones de injusticia social".

El presidente de Colombia, Rómulo Betancur, acaba de decirle a Ronald Reagan que la causa última de las 30.000 tumbas -son ya más de 35.000- abiertas en suelo salvadoreño se deben a "hogueras prendidas por la injusticia social o por manos extrañas en tales zonas".

La visión de Reagan

Frente a esta tesis, compartida por el pueblo y las Iglesias de Estados Unidos, Reagan sigue hablando incorregiblemente de "agentes de inestabilidad (que) desean imponer nuevas formas de imperialismo y tiranía", como dijo en San José; o de "insurrección apoyada por fuerzas extrañas", como dijo en Bogotá.

Evidentemente, Juan Pablo II y Rómulo Betancur tienen muchísima mayor verdad en sus palabras que Ronald Reagan, a quien no le interesa preguntarse por la causa última de la situación, con lo cual no puede entender la respuesta que los movimientos político-militares han pretendido dar en los últimos tres años, una vez agotados los medios pacíficos de tipo político-electoral.

Efectivamente, a esta injusticia estructural, tanto en Guatemala como en El Salvador, se ha respondido con una combinación de violencia armada -verdaderos ejércitos populares que combaten con los Ejércitos oficiales- y de presión política, tanto a través de organización de masas como de actividad de partidos políticos en la clandestinidad. El elemento de terminante en esta respuesta lo ha constituido, desde enero de 1981 la violencia armada, que se ha tratado de impedir en El Salvador -de la misma forma que en Guatemala- por la vía del enfrentamiento militar, como, sobre todo, por la vía de la masiva y sistemática violación de los derechos humanos.

30.000 muertos

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Hinton, decía en un discurso pronunciado el 29 de octubre de 1982: "Desde 1979, tal vez unos 30.000 salvadoreños han sido asesinados, no muertos en batalla", pero asesinados -la palabra es del embajador- por quienes están actualmente en el poder, que, por lo mismo, sólo en doscientos casos han podido ser condenados, y siempre con condenas leves.

El Papa se ha referido a este mismo punto con extraordinaria clarividencia y valentía: "La metodología de la violencia que ha llevado a una guerra fratricida, situando a un lado a cuantos consideran la lucha armada como, un instrumento necesario para conseguir un nuevo orden social, y al otro lado, a cuantos recurren a los principios de la seguridad nacional para legitimar represions brutales, no encuentra una justificación racional y, mucho menos, cristiana". El Papa no está en favor de la solución violenta, y busca la reconciliación entre las dos partes en conflicto, pero esto no obsta para que distinga entre quienes han ido a la lucha armada en busca de un nuevo orden social, que termine con la injusticia estructural, y los que han ido a la represión brutal, amparados en la doctrina de la seguridad nacional.

Nos encontramos así con un esquema claro: la injusticia estructural-resistencia activa a esa injusticia-represión aterrorizadora que imposibilite el que las masas se unan a quienes en su nombre luchan contra la injusticia estructural. Es probable que si no hubiera esa resistencia activa las violaciones de los derechos humanos no serían tan masivas y brutales, pero es evidente que la llamada lucha contrainsurgente no legitima esa masa de asesinatos y el modo mismo de conducir la guerra, de la que el presidente de Guatemala, Ríos Montt, ha dicho que no es de tierra quemada, sino de comunistas quemados.

A este esquema se superpone otro, el del aniquilamiento, propiciado por Estados Unidos, de todas aquellas fuerzas que en el área no se le someten y, sobre todo, de aquellas fuerzas que pudieran simpatizar con Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética. Estados Unidos se alinea así con quienes someten el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida, a la seguridad nacional.

Síntomas de mejoría

Estados Unidos querría una mejora paulatina en el respeto a los derechos humanos, pero siempre que esa mejora no llevara consigo un fortalecimiento de los movimientos revolucionarios. Esta tesis es fundamental en la política exterior de Estados Unidos, y probablemente en la de cualquier superpotencia. En esta dialéctica entre lo que querría y lo que quiere está la clave para entender y valorar lo que de mejoría puede haber en el respeto de los derechos humanos en El Salvador durante 1982, porque en Guatemala no puede hablarse ni siquiera de mejoría aparente, por lo menos en lo que se refiere a la población indígena y campesina.