Hacienda elabora un informe con nuevas fórmulas para control de subvenciones y planificación económica

La regulación estricta de las obligaciones a cumplir por empresas y sectores que accedan a ayudas públicas, tanto para la concesión de las subvenciones como para el desarrollo y vigencia de las mismas, ha sido estudiada por el equipo saliente de la Subsecretaría de Presupuestos y Gasto Público del Ministerio de Hacienda, que ha elaborado un informe que contiene significativas novedades sobre la política seguida hasta el momento y puede resultar de utilidad para la nueva Administración socialista.

El estudio parte de generalizar los contratos de empresa o contratos-programa para convertirlos en instrumentos de planificación económica, y, entre otras novedades, establece responsabilidades por mal uso de fondos públicos para las empresas que no cumplan los objetivos a que se han comprometido para obtener subvenciones de la Administración.El documento elaborado por la subsecretaría consta de unos cuarenta folios y está ordenado en una parte general, en la que se plantea el marco teórico, y en capítulos específicos, que recogen las obligaciones de las partes y los objetivos que se persiguen. La filosofía que respalda estos trabajos supone en alguna medida, aunque en ningún caso esto es reconocido por el estudio, una revisión de la política de reestructuración industrial y de ayudas a las empresas en crisis seguidas por el Ministerio de Industria y Energía.

Control de la eficacia

El documento expone a nivel general las obligaciones que asume la Administración y las que contraen las empresas individuales o los sectores afectados por el contrato-programa. Quedan explícitos los compromisos de una y otra parte para evitar, como ha ocurrido con frecuencia hasta ahora, que por falta de realismo haya que recurrir, a lo largo de la vigencia del programa, a la concesión de créditos extraordinarios.A continuación se estudia el control financiero y de eficacia de las ayudas públicas que se conceden. Las subvenciones se otorgan a cambio de objetivos claros de productividad global (sector o grupo de empresas) y parcial (cada empresa individual). El documento propone la creación de una comisión presidida a nivel de subsecretario y en la que estén representados los distintos ministerios con alguna responsabilidad en la actividad de la empresa o sector que pretende la ayuda pública. Esta comisión, previa aprobación del Consejo de Ministros, sería la encargada de la correcta aplicación del contrato-programa suscrito.

Para ello, la empresa o empresas afectadas por el contrato deberán enviar a la comisión, con una periodicidad y contenido preestablecidos, una información económica detallada. También se atribuye a la comisión la tarea de evaluar la cuantía y formulación de las subvenciones.

La comisión exigirá una transparencia informativa a la empresa o empresas afectadas y evaluará las subvenciones en función de los resultados exigibles. Se pretende que los planes que den origen a las subvenciones sean plurianuales y que en el contrato figuren claramente compromisos sobre niveles de precios y salarios que eviten posteriores justificaciones a la posible desviación de objetivos.

El documento establece también cláusulas de garantía. En ellas se establecen responsabilidades claras para las empresas por falta de obtención de objetivos. Las empresas deberán pagar el porcentaje de beneficios comprometidos en convenio que no se obtengan.

El proyecto persigue objetivos claros en cuenta de resultados (eliminación del déficit, incluidas subvenciones y compensaciones), un balance exhaustivo de las empresas, seguimiento del programa de inversiones, ratios y objetivos financieros, de productividad y empleo (tanto globales como individualizados).