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Editorial:

Los momentos oportunos de un ministro ilocalizable

EN EL campo puramente especulativo de las hipótesis, la muerte de Juan Martín Luna, dirigente de los GRAPO condenado a 37 años de prisión por el asesinato del capitán Herguedas y huido de la prisión de Zamora en diciembre de 1979, ha podido ser causada tanto por el cruce fatal de disparos entre el fallecido y la fuerza pública encargada de su detención como por la inaceptable aplicación de la tristemente célebre ley de fugas al sospechoso. Este último procedimiento fue, si no inventado, al menos generalizado por José Zugasti, que ocupó el Gobierno Civil de Córdoba en 1870 con el objetivo de desarticular las cuadrillas de bandoleros que habían abandonado las viejas prácticas de los salteadores de caminos para sustituirlas por el crimen y el secuestro organizados. Zugasti dejó a la posteridad un libro famoso sobre el bandolerismo, pero también el triste legado de haber normalizado, con la coartada protectora de las convicciones liberales de un activo participante en la Revolución del 68, el asesinato legal o alegal de los delincuentes.Los cuerpos de seguridad pueden esgrimir el derecho -exclusivamente moral, por lo demás- a la presunción iuris tantum de que el comportamiento de la fuerza pública el pasado domingo en Barcelona fue escrupulosamente respetuoso con las normas de nuestro ordenamiento constitucional y de que Juan Martín Luna, completamente cercado e intimidado a rendirse, vendió cara su vida en un enfrentamiento a muerte con la policía que equivalía a su suicidio. Otras hipótesis, sin embargo, pueden esbozar la sospecha de que el grapo acorralado no tuvo ni siquiera la oportunidad de entregarse a sus perseguidores y que su muerte es la consecuencia de una aplicación brutalmente desproporcionada y contraria a derecho de los procedimientos propios de un Estado democrático para detener en la vía pública a un sospechoso. Varias podrían ser las eventuales razones que permitieran explicar esa pesimista interpretación, improbable pero no imposible, de los hechos; entre ellas el deseo de cerrar la boca a quien conocía secretos relativos a las oscuras conexiones del terrorismo.

Tan sólo la reconstrucción sumarial de los hechos por el juez instructor, que lamentará la falta de testigos presenciales del tiroteo, podrá confirmar o invalidar alguna de esas hipótesis. Sin embargo, como tuvimos ya oportunidad de señalar en nuestro comentario de ayer, el mutismo del portavoz del Gobierno y del ministro del Interior resulta sorprendente cuando se lo compara con las promesas de transparencia informativa de los socialistas durante su campaña electoral y con las críticas dirigidas por los diputados del PSOE durante la anterior legislatura contra los silencios del anterior Gobierno en situaciones semejantes. La sorpresa se transforma en preocupación y alarma cuando José Barrionuevo declara que habrá más información sobre ese oscuro suceso "en el momento oportuno", que ese momento "no es ayer ni hoy" y que el pasado domingo "no estaba localizable para quienes no tenía que estarlo", esto es, para los informadores de Prensa. Muchos votantes del cambio se sentirán profundamente defraudados ante ese prodigioso monumento a la invariación que significa que el ministro del Interior del nuevo Gobierno socialista se jacte públicamente de dar esquinazo a los informadores, de administrar a su entero arbitrio los silencios sobre asuntos de su departamento referentes a los derechos humanos (de los que también son titulares los delincuentes) y de reservarse, sin plazo definido, el momento oportuno para recuperar el uso de la voz. En la primera ocasión que el señor Barrionuevo ha tenido de demostrar que en algo es diferente un ministro de policía de este gobiemo a otro del pasado no lo ha podido hacer peor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de diciembre de 1982