Los vecinos de Pinillos de Esgueva llevarán su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La reciente sentencia del Tribunal Supremo en torno al caso de Pinillos de Esgueva, pequeño pueblo burgalés que desde 1978 viene manteniendo un fuerte litigio con una familia de terratenientes locales, ha endurecido aún más la situación creada en el pueblo tras anteriores sentencias, por lo que, según Carlos Carrasco, abogado de los vecinos de Pinillos, el caso será llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Esta decisión y la de pedir al nuevo Gobierno que se constituya una revisión del caso son, a juicio del abogado, las únicas salidas que les quedan a los vecinos de Pinillos para que se clarifique lo que Carlos Carrasco califica como "un montaje injusto y un uso parcial de la justicia". La sentencia del Tribunal Supremo condenando a nueve vecinos a penas de tres meses y un día de arresto mayor por un delito de coacciones, además de una sanción de 40.000 pesetas, ha motivado esta última decisión de los vecinos.

Una larga historia de sentencias

Los hechos que han derivado en esta situación se remontan a 1978, cuando los vecinos de Pinillos, localidad que cuenta con 120 habitantes, comienzan a enfrentarse con una familia de terratenientes, que vive en Madrid, por una cuestión de 340 hectáreas que estaban en litigio. En febrero de 1979 se produce una agravación del conflicto, 11 vecinos resultaron heridos por disparos de miembros de la familia Larrea cuando intentaban evitar que dicha familia iniciara los trabajos de siembra en las hectáreas en litigio. El juez instructor de Aranda de Duero consideró que la familia había actuado en defensa propia y condenó a 23 vecinos a un mes y un día de arresto mayor y multas de 20.000 pesetas.La sentencia fue recurrida y se interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero, no obstante, en febrero del presente año, la sentencia se hizo efectiva contra diez de los condenados, que hubieron de cumplir su pena en la prisión de Burgos. Posteriormente, en marzo del mismo año, el juez de Aranda de Duero, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia de Burgos, comunicó a otros 12 vecinos que debían pagar multas de 20.000 pesetas y no pisar las tierras en litigio durante un período de dos años.

Posteriormente, con fecha del 4 de octubre, una nueva sentencia del Tribunal Supremo referida a un juicio por amenazas acaecidas en 1978 contra los trabajadores de los Larrea, por la que se condena a nueve vecinos de Pinillos, por los delitos de coacciones, a tres meses y un día de arresto mayor y multas de 40.000 pesetas. Y a otros 20 a un mes y un día de arresto mayor y multas de 20.000 pesetas. Esta nueva condena es la que ha motivado la decisión del abogado de los vecinos de plantear el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.