Los golpistas bolivianos García Meza y Arce Gómez piden asilo político en Argentina
El general Luis García Meza, ex presidente de Bolivia, y el coronel Luis Arce Gómez, que fuera su ministro del Interior, pidieron ayer asilo político en Argentina, país en el que han permanecido refugiados desde poco antes de asumir el poder en Bolivia el presidente electo Hernán Siles Zuazo.
La presencia en Buenos Aires de ambos jefes militares supone un considerable embarazo para el Gobierno argentino. García Meza y Arce Gómez se mueven con total libertad por la capital argentina, acompañados de una nutrida cohorte de guardaespaldas. A su llegada, a finales de septiembre pasado, fue puesto a su disposición un vehículo oficial, y durante algunos días se alojaron en dependencias del Ejército platense. La Junta argentina de la época apoyó de forma abierta, no sólo políticamente, el cruento cuartelazo de García Meza.Los dos responsables del golpe militar que derrocó en 1980 a la presidenta constitucional interina Lidia Gueiler están reclamados por las autoridades bolivianas, que les acusan de corrupción, participación en el tráfico de cocaína y organización de grupos paramilitares de extrema derecha encargados de la sangrienta represión que siguió al golpe.
García Meza y Arce Gómez están implicados también en el asesinato, en julio de 1980, del líder socialista boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue ametrallado por los pistoleros de Lucho Arce en la sede de la Central Obrera (COB) del país andino. Arce declaró recientemente en Buenos Aires que él asumía la responsabilidad del asesinato de Quiroga Santa Cruz, "puesto que fueron fuerzas paramilitares a mis órdenes las que ocuparon el edificio de la COB en La Paz".
Sobre el general Luis García Meza pesa además la acusación de haber firmado en provecho propio un acuerdo con una sociedad brasileña para la explotación ilegal de un yacimiento de piedras semipreciosas en La Guaiba, zona fronteriza con Brasil. El ex presidente boliviano hizo la concesión a título personal, y los documentos del contrato nunca pasaron el control de los correspondientes organismos fiscalizadores del Estado.
El Gobierno del presidente Hernán Siles persigue también judicialmente al coronel Luis Arce por el delito de rebelión, ya que se ha negado a comparecer ante sus superiores castrenses para dar cuenta de su actuación al frente del Ministerio del Interior boliviano.
