España deberá reducir algunas producciones agrícolas e industriales para entrar en la CEE

La reducción de la capacidad de producción de España en ciertos sectores, tanto agrícolas como industriales, que son actualmente excedentarios a nivel europeo, se ha convertido en uno de los objetivos primordiales de los diez cara a la ampliación de la Comunidad Económica Europea (CEE).

El inventario preparado por la Comisión Europea, que será debatido los próximos días 3 y 4 en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica Europea, en Copenhague, y otros estudios confidenciales preparados por los servicios de la propia Comisión a los que ha tenido acceso EL PAÍS, afirman que los dos países candidatos, España y Portugal, deben comprometerse a aplicar, antes de la adhesión, las disciplinas de la CEE, y ponen de relieve un hecho importante: la capacidad de producción de los -países candidatos debe también tener en cuenta los acuerdos que existen entre la CEE y países terceros -especialmente los del Mediterráneo, pero también del Este-, de forma que éstos no se vean expulsados del mercado de los diez.

La exigencia comunitaria de reducción de capacidad de producción se centra, especialmente, en determinados sectores agrícolas (frutas, legumbres, vino y aceite), pero afecta también, y de manera muy importante, a ciertos sectores industriales.

La CEE admite generalmente que la integración industrial de España plantea más problemas al país candidato -que protege actualmente su mercado con altas tasas de aduanas- que a los diez, que han abierto ya sus mercados a los productos españoles en virtud del acuerdo preferencial de 1970. Sin embargo, existen dos sectores en los que la adhesión puede plantear problemas a la CEE y a los que los diez querrían ver aplicadas las disciplinas CEE desde ahora mismo. Se trata de acero y textil.

La posición comunitaria es especialmente durá en lo relativo a la siderurgia española. Según datos de la Comisión, la producción española en 1980 fue de 12,6 millones de toneladas, lo que representa el 9,8% de la producción de la Comunidad ese mismo año. Entre 1974 y 1980, explica la Comisión, la capacidad de producción española ha pasado de 13,5 millones de toneladas a 16,5 millones. La tasa de utilización en 1980-1981 se sitúa en el 75%.

Pero lo que verdaderamente inquieta a los comunitarios es la evolución de las exportaciones de acero español. Según el inventario que se discutirá en Copenhague, la primera consecuencia de la crisis interna del mercado siderúrgico de España -donde el consumo ha descendido entre 1974 y 1980 en un 26%- ha sido un esfuerzo exportador espectacular. Del millón de toneladas exportadas en 1974 se ha pasado a seis millones en 1980, lo que supone el 45%, de la producción total. "Con el calzado y las exportaciones agrícolas, el acero se ha convertido en una de las principales exportaciones de España", afirma el texto de la Comisión. El informe comunitario no establece ninguna relación -tal y como han pedido repetidamente los españoles- entre las exportaciones de acero hacia la CEE (780.000 toneladas en 1982) y las importaciones de acero comunitario (que ese mismo año superaron el 1.200.000 toneladas).

De la lectura del inventario y de otros informes comunitarios se desprende que los diez consideran que el plan de reestructuración de la industria siderúrgica integrada preparado por el Gobierno español es compatible con los que ha preparado la propia CEE. La desconfianza es total, sin embargo, en lo relativo a la siderurgia no integrada. "Ninguno de los textos actualmente en aplicación", dice el inventario, "permite suponer que España está dispuesta a reducir su capacidad global de producción, aunque las autoridades españolas hayan dado seguridades verbales en el sentido de que no serían aumentadas".

La Comunidad desconfía de estas seguridades verbales y exige no sólo la congelación de capacidades, sino su reducción.

En el sector textil, y aun cuando la propia Comisión admite que la integración española "no planteará problemas mayores", los diez están decididos a aplicar a España el mismo régimen negociado con Portugal.

Si a esta postura unánime en el seno de la CEE se añade la exigencia por parte del Reino Unido de que España abra inmediatamente sus fronteras a los automóviles producidos en la CEE, o al menos que acepte modificar en el período transitorio las condiciones establecidas en el acuerdo de 1970 (gracias a las cuales nosotros exportamos sólo con una tasa del 4,4%), se podrá dibujar el panorama negociador en el sector industrial. El cuadro se completa con la exigencia de que se reduzca la flota pesquera y se regule restrictivamente el acceso al golfo de Vizcaya y con todos los problemas derivados del capítulo agrícola.