El urbanismo y la vivienda en el programa político del PSOE

No podía haber sido de otra manera, aun cuando la estrecha relación que existe entre lo económico, lo laboral y lo social y la tendencia política de este período último de nuestra reciente historia ofrezca suficiente explicación al citado intervencionismo. Por ello, la evolución hacia una mejor democracia política, exige un paralelo cambio hacia la verdadera democracia laboral, social y económica. Si el cambio no se realiza armónicamente en estos aspectos mencionados, la probabilidad de éxito de la evolución total disminuye en grado importante.En este contexto, el sector de la vivienda y del urbanismo en España ha sufrido un cambio de orientación total y absoluto. Se han acometido de manera realista por parte de la Administración los problemas del sector, prefiriéndose que las medidas legislativas adoptadas se refieran más a perfeccionar reglas operativas relacionadas con el funcionamiento más libre en un sistema estructural que a perfeccionar este sistema.

La inadaptación de las medidas dictadas y en vigor hasta la fecha, con las circunstancias cambiantes del país, y la inaplicación o aplicación ineficaz de esas propias medidas han originado la necesidad de tener que acometer a fondo una revisión de modelos y actuaciones.

Tanto Suárez como Calvo-Sotelo, en sus correspondientes discursos de investidura, pusieron el mayor énfasis en luchar contra el paro a través de la potenciación de la construcción de viviendas, pero los resultados han sido escasos. Valga como ejemplo que el propio Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), ministerio típicamente inversor, contó para el pasado año 1981 con un presupuesto de 216.243 millones de pesetas, de los que invertió el 91,8%, debiéndose valorar este dato en el contexto de que los 17.177 millones de pesetas no invertidos el pasado año superan con creces los presupuestos de varios departamentos ministeriales. Situación peor se dio en años anteriores, sirviendo también como ejemplo que en los años 1978 y 1979 se invirtió tan sólo una media del 76% del presupuesto de dicho ministerio.

El sector de la construcción es el que registra más paro en términos porcentuales y es quizá el más afectado por la crisis que soportamos desde 1973. Como dato comparativo, señalemos que en 1972 se construyeron, entre viviendas libres y protegidas, un total de 526.718, mientras que en 1980 sólo se alcanzó la cifra de 393.024 viviendas.

Pensemos que en el año 1978, con una inversión de 1.500.000 pesetas se podía crear en este sector un puesto de trabajo; hoy, sin embargo, se precisan cuatro millones de pesetas por cada puesto en el sector. Por consiguiente, y en base a los datos expuestos -consignados oficialmente por el MOPU-, en el año 1978 se dejaron de crear 35.000 puestos de trabajo, y en 1980, algo más de 50.000.

Así, cuando nos encontramos en pleno Plan Trienal de la Vivienda (1981-1983), el bache a cubrir no se ha resuelto, como los datos demuestran.

La política de vivienda y urbanismo precisa nuevas fórmulas imaginativas que se enfrenten a los problemas del sector inmobiliario y den respuesta a unos costes de construcción, que han crecido, casi el doble que lo han hecho, en igual período, las rentas familiares.

La oferta socialista

Ante un panorama como el expuesto, conviene reseñar cómo el partido socialista ha encarado su política de urbanismo y vivienda en el programa que presenó a los electores, para realizar durante los pjróximos cuatro años. Resaltemos, en primer lugar, que era el único programa, de los presentados por todos los partidos políticos, que enfocaba separadamente el área vivienda del de urbanismo.

Tras desarrollar pormenorizadamente la situación real de la vivienda en Espafía con datos y cifras contrastadas, establecía la necesidad de construir, al menos, 400.000 viviendas/año para hacer frente tanto a la tasa de crecimiento de nuevas familias como a la reposición y déficit existente. Lo que conlleva a disminuir drásticamente la tasa de desempleo, tanto en el propio sector como en otros relacionados con él.

El diseño de la política de vivienda, afirma el PSOE, es competencia exclusiva del Estado y de los entes autonómicos, mientras que la aplicación directa debe ser ejercida por los ayuntamientos -controlando la edificación y el uso de las viviendas, rehabilitándolas mediante planes especiales, promoviéndolas a través de la iniciativa pública e impulsando el régimen de alquileres- de manera exclusiva. Las viviendas de iniciativa pública no podrán ser vendidas por los propietarios libremente, estableciéndose derecho de tanteo preferente a favor de la Administración.

Con respecto a la financiación al comprador, establece como imprescindible articular créditos a veinticinco años de plazo, con un interés del 6% anual (sistema anglosajón y nórdico).

Los precios de venta se rebajarán al 80% del módulo, para promoción privada, y al 90%, para cooperativas. Estas últimas podrán contar, además, con un crédito del 11 % del módulo para la compra del suelo.

Aspecto esencial del programa es el de la concesión de créditos directos a los compradores, tanto para la compra como para la rehabilitación de su vivienda, lo que conllevará un mayor dinamismo en el mercado de viviendas de segunda mano, máxime cuando se prohíbe acceder a una vivienda protegida si el adquirente posee ya otra vivienda, sea libre o de protección oficial.

El PSOE fija que podrá construir, en el primer año, 45.000 nuevas viviendas de promoción directa, 145.000 de protección oficial y rehabilitar otras 100.000 más.

Con respecto al urbanismo, el PSOE establece como medidas principales para conseguir los objetivos de mejora de las condiciones de vida, creación de un entorno más humano y mejora de los servicios las siguientes:

- Incremento de la intervención ciudadana en los procesos de planificación y gestión del planeamiento.

- Creación de un patrimonio de suelo público, siendo la expropiación el mecanismo habitual. La valoración del suelo urbanizable se fijará aumentando un 10% su valor inicial, estableciéndose un derecho de tanteo a favor de la Administración y potenciando la figura de la cesión del derecho de superficie.

- Realización de operaciones de remodelación interior en las zonas urbanas infradotadas, previéndose reservas de suelo y ayudas a los propietarios e inquilinos afectados;

- Protección del patrimonio edificado, modificando los mecanismos que actualmente permiten su destrucción (ruina, fuera de ordenación, etcétera).

- Adecuación del mecanismo de reparcelación a las necesidades del suelo consolidado.

Mención aparte, y como gran novedad, establece la regulación de las responsabilidades derivadas del deterioro ambiental y urbano, tipificándose como delito las conductas urbanísticas que generen graves consecuencias.

Del programa del PSOE se deduce una notoria acentuación de la presencia e intervención públicas sobre los mercados de suelo y vivienda. Como fundamentalmente el peso de la gestión y control correrá a cargo de los ayuntamientos, será muy conveniente coordinar y controlar las formas de actuación de éstos, al objeto de evitar colapsos y peligros de enfrentamiento con la iniciativa privada, lo que ha sido frecuente en los últimos años.

Los objetivos señalados en el programa para reequilibrar y equipar las ciudades deben aplicarse de manera gradual y realista que no supongan imposiciones desproporcionadas para los nuevos adquirentes, lo que conllevaría a deprimir aún más el sector. El recurso al sistema expropiatorio siempre crea inquietudes, que se obviarán, como en el caso inglés o el sueco, siempre que las valoraciones se mantengan en una línea realista para los propietarios afectados, de acuerdo con módulos aproximativos a los valores del mercado.

Sería necesaria la articulación de medidas encaminadas a simplificar la normativa administrativa actual, haciéndola más ágil y operativa, sin que ello suponga falta de control sobre su régimen y uso. Es positivo el propósito de aumentar los porcentajes de financiación, aun cuando habrá que contar necesariamente con la colaboración de las entidades privadas. Es un planteamiento que, inclusive, excede del ámbito de la vivienda y se articula en el tratamiento del sistema financiero en su totalidad.

Por último, debemos señalar que la figura del delito urbanístico suscita muy serias reservas, puestas ya de relieve por las asociaciones empresariales con ocasión del tímido proyecto de ley sobre reforma del Código Penal presentado por el actual Gobierno en funciones.