Una educación para todos

POCAS CUESTIONES fueron objeto, a lo largo de la campaña electoral, de tanta atención y polémica como las relacionadas con la enseñanza. En el terreno de la EGB, el futuro Gobierno tendrá que afrontar la tarea de satisfacer las expectativas tanto de quienes desean seguir enviando a sus hijos a centros privados financiados con fondos presupuestarios (en buena medida gestionados por órdenes religiosas) como de quienes aspiran a una sustancial mejora del sector estatal de la enseñanza, sin olvidar, por supuesto, la existencia de colegios de pago, situados fuera de la polémica porque no reciben subvención oficial alguna. Las cuestiones de este debate no se limitan, pues, al tema de las subvenciones para los centros privados, religiosos o laicos que imparten la EGB. La calidad de la enseñanza en general, la situación del profesorado en todos los niveles, las deficiencias de la enseñanza media (tanto del BUP como de la formación profesional) y la profunda crisis universitaria son temas sobre los que se centra la atención de buena parte de la sociedad española.No parece arriesgado suponer que un amplio sector del electorado socialista, castigado por las bajas rentas o el desempleo y avencindado en zonas rurales o en los suburbios de las grandes capitales, aspira a que se resuelva la insuficiente escolarización, a la distribución más racional y equitativa de los puestos de EGB en todo el territorio y a una mejora sustancial de los servicios educativos. La falta de entusiasmo de la iniciativa particular a la hora de cubrir las zonas incómodas o semiabandonadas hace inexcusable la presencia del Estado en esos lugares incluso para quienes apoyan el llamado principio de subsidiariedad del sector público en la educación.

Las mejoras inaplazables e inexcusables de la enseñanza estatal incluyen numerosos renglones, desde las reivindicaciones profesionales de los profesores hasta las dotaciones de material didáctico (incluyendo bibliotecas y laboratorios), pasando por la revisión de las instalaciones en aquellos colegios donde faltan aulas y espacios libres y por la prestación de servicios educativos (idiomas, especialmente) hoy inexistentes en la práctica. Este programa, imprescindible y urgente, concede carácter prioritario a la asignación de fondos presupuestarios para la ampliación del sector público de la EGB y hace también inexcusable que los traspasos de las competencias a las comunidades autónomas acaben con el distanciamiento centralista respecto a las necesidades locales. Sin que ello signifique que desaparezca la unidad necesaria del sistema educativo.

Los socialistas se han comprometido, al tiempo de mejorar y potenciar la enseñanza pública, a mantener la financiación con fondos estatales de colegios privados, que suministran una oferta insustituible -hoy por hoy- de plazas escolares y cuya colaboración al esfuerzo educativo común resulta obvia. Lo que, a nuestro juicio, la opinión pública espera del cambio es que las subvenciones, tanto en éste caso como en cualquier otro, se hagan con criterios objetivos no determinados por presiones de instituciones poderosas o por condicionamientos ideológicos de ningún signo -absolutamente ninguno- y que exista un control adecuado del destino de las propias subvenciones, para que el ciudadano sepa que los fondos públicos no son empleados en beneficio de intereses pequeños o particulares. El compromiso adquirido por el PSOE durante la campaña de debatir un nuevo Estatuto de Centros tiene como trasfondo la discusión que rodeó el antiguo texto, impuesto por UCD en las Cortes Generales sin negociación previa -a diferencia de otras leyes orgánicas-, con la oposición socialista, y la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó parte de su articulado. La participación de los padres, los profesores y los alumnos en la gestión de todos los centros subvencionados y la seguridad de que esos consejos de dirección evitarán discriminaciones ideológicas a la hora de admitir o despedir alumnos o profesores, constituyen, en ese sentido, casi el único procedimiento válido para efectuar el control de las subvenciones antes aludido. Naturalmente, ello no debe afectar a los principios de organización de la escuela de modo que se caiga en excesos similares a los sucedidos en Italia, por ejemplo. No es admisible, por lo demás, que el ideario de un colegio subvencionado pueda en ningún caso recortar derechos y libertades garantizados en la Constitución. La dramatización del diálogo sobre la libertad de enseñanza oculta que la discusión no gira en tomo a los derechos de la iniciativa privada para establecer colegios, derecho innegable y en el que se fundamenta el pluralismo social, sino que se centra fundamentalmente en el uso del dinero público por los colegios subvencionados.

Pero los temas de la EGB no agotan el capítulo educativo. La etapa preescolar se halla en un grado notable de descuido, precisamente por las instituciones públicas, como si las transformaciones sociales y la incorporación de la mujer al trabajo no hicieran inexcusable el cuidado y la atención de los niños en jardines de infancia gratuitos. En el otro extremo, el gran desafío que plantea la enseñanza media al Gobiemo socialista es articular un sistema válido para satisfacer las demandas sociales de hoy que no contribuya a acentuar las diferencias iniciales con que se enfrentan al proceso educativo los diferentes grupos y clases sociales, y que prepare a los trabajadores del futuro para nuevas técnicas y especialidadés. La escasez de puestos escolares gratuitos en el BUP coexiste con una formación profesional que ha tocado fondo en lo que respecta a la falta de calidad, sensación generalizada de inutilidad y desprestigio. El Gobiemo socialista tendrá que replantearse en su conjunto toda nuestra enseñanza media con el objetivo de aumentar las tasas de escolarización, mejorar sustancialmente la oferta educativa y preparar al alumnado tanto para el trabajo productivo como para el eventual ingreso en la universidad. En estos momentos resulta difícil saber para qué sirve el bachillerato a los muchachos cuyo acceso a la universidad es improbable o ininteresante. Y el cambio demanda también una preparación para nuevos empleos y especialidades incompatible con las concepciones envejecidas y los planes de estudio anquilosados de la FP.

Un fenómeno semejante se está produciendo en la enseñanza superior, tanto en lo que concieme al primer grado de las escuelas universitarias como en los estudios facultativos y de doctorado. La experiencia de la ley de Autonomía Universitaria, boicoteada por los intereses de un corporativismo miope, demuestra la necesidad de la reforma previa de las estructuras académicas. La rigidez de los planes de estudio, la compartimentación de las especialidades y la obsesión por los títulos tradicionales distancia cada vez más a nuestras universidades de los centros de enseñanza superior de los países desarrollados.

Finalmente, ese cambio que se espera en el ámbito educativo guarda relación directa con la cualificación del profesorado en todos los niveles. Durante los últimos afíos se ha hablado hasta la saciedad de la mala calidad de la enseñanza, del bajo rendimiento del sistema educativo y del fracaso escolar, pero no se ha hecho prácticamente nada por mejorar la formación del profesorado, de cuya reforma depende la de la escuela. El abandono en que permanecen sumidas las escuelas de Magisterio tiene que ser corregido si no se quiere seguir hipotecando gravemente el futuro de las generaciones que están entrando ahora mismo en la EGB. Ahora bien, el cambio tiene que afectar a todo el profesorado. Es insostenible que se aplique sólo a la enseñanza primaria la necesidad de una formación específica para ejercer la docencia, mientras que para la enseñanza media valen en teoría todos aquellos que no han sido capaces de encontrar un puesto de trabajo en la profesión para la que inicialmente se formaron. La flexibilización de las vías de acceso a la docencia universitaria y la extensión de los sistemas de contratación deben, igualmente, atender tanto a la preparación probada de los aspirantes como a la revisión del rígido sistema de cooptación, mal llamado oposición, que ha convertido a los centros superiores en patrimonio de los propietarios vitalicios de las llaves que abren o cierran las puertas de las cátedras.