Confirmada la suspensión de la medicina privada en el hospital provincial de Navarra

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia territorial de Pamplona ha desestimado los recursos interpuestos por 21 médicos del hospital provincial contra los acuerdos de la diputación foral de Navarra en los que se suprimía la percepción de honorarios por el ejercicio de la medicina privada a los facultativos de los centros sanitarios y asistenciales dependientes de la institución foral.

La mayor parte de los médicos que recurrieron contra estos acuerdos -de suspender la medicina privada en los centros sanitarios de Navarra-, percibieron entre 1975 y 1980, en concepto de honorarios, al margen del sueldo, cantidades que oscilaban entre los nueve millones y los 43 millones de pesetas. Once de los médicos recurrentes son jefes de servicio y, el resto, son médicos-ayudantes.Uno de los considerandos de esta sentencia -"muy importante y significativa", a juicio de expertos jurídicos de la diputación foral de Navarra o gobierno de esta comunidad foral- señala que "las supresiones que contienen los acuerdos recurridos no pueden por menos que redundar en beneficio del interés público, al desaparecer la anómala situación que, con posible perjuicio para una mayor eficacia del servicio público, implicaba el ejercicio privado de la medicina por el médico funcionario, en el mismo centro oficial y con medios públicos puestos a su disposición".

Por ello mismo, la resolución de la audiencia territorial de Pamplona considera que, al no existir violación de derechos adquiridos ni desviación de poder en la actuación administrativa "cae por su base el pretendido derecho a indemnización que los recurrentes se atribuyen" como pretendían los médicos en su recurso a la anterior sentencia.

"La permisión, que en su día otorgó la diputación foral de Navarra a sus funcionarios sanitarios para ejercer la medicina privada en sus centros asistenciales", dice uno de los resultandos de esta sentencia, "derivada de unos parámetros políticos, administrativos, económicos, funcionariales y sanitarios actualmente obsoletos, rigurosamente inaceptables en nuestros días y en contradicción flagrante con los actuales principios de organización y actuación de la Administración pública, conformadora de la sociedad".