La ampliación de la Comunidad Económica Europea no representará una carga insoportable para sus miembros

El coste de la ampliación de la CEE a España y Portugal no supondrá una carga insoportable ni desproporcionada respecto a la importancia política de la ampliación, afirma el nuevo documento de la Comisión Europea sobre este tema, al que los medios informativos han tenido acceso. El informe es la respuesta del Ejecutivo europeo a la petición que le hizo, en junio pasado, el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la CEE, de realizar un inventario sobre los problemas que implica la ampliación de la CEE.

El documento será sometido al Parlamento Europeo hoy, miércoles, en Estrasburgo, y después, al Consejo Europeo, que se reunirá en Copenhague los próximos días 3 y 4 de diciembre. El texto de la comisión, unos veinte folios, se divide en dos partes: una primera de consideraciones generales y una segunda en la que se analizan los problemas, sugiriéndose, a veces, soluciones de los sectores más conflictivos.El documento comienza señalando que no hay problemas nuevos, pero que en los últimos años aumentó considerablemente la importancia de estos dos factores: la degradación del entorno económico de la CEE y la evolución interna de la misma, que exige "dolorosas reconversiones de los sectores en crisis".

Seguidamente, el texto de la Comisión subraya la necesidad de que la ampliación se realice de manera diáfana, sobre todo en lo que concierne a la naturaleza y el contenido del período transitorio; pone en guardia contra el peligro que puede suponer la tentación de sólo aceptar parcialmente el acervo comunitario y se muestra partidario de que la adhesión de los países candidatos sea simultánea, objetivo, dice, perfectamente realizable.

Sobre la conflictiva cuestión de los recursos propios de la CEE (presupuesto), el documento estima que "la Comunidad debe estar dispuesta a aumentarlos. Se trata de una necesidad evidente incluso si se hace abstracción de la ampliación". El volumen del presupuesto aumentará, tras la ampliación, en un 15% o un 20%, y los dos nuevos miembros se beneficiarán de transferencias netas del orden de 850 a 1.400 millones de ecus (moneda de la Comunidad Económica cuya paridad es la del dólar), según un presupuesto ficticio elaborado como hipótesis de trabajo para el año 1981.

El documento añade que, en lo concerniente al proceso de adopción de decisiones, el problema actual, la existencia de un bloqueo, aumentará. Para remediar esto, la Comisión propone que se le concedan mayores competencias, según el artículo 155 del Tratado de Roma, que se utilice de forma más sistemática la mayoría cualificada e incluso la mayoría simple. La Comisión Europea propone, pues, que el Consejo adopte los textos por mayoría cualificada siempre y cuando dichos textos sean conformes a la proposición de la Comisión y a la decisión del Parlamento.

El texto se refiere seguidamente al esfuerzo que está llevando a cabo la CEE para reducir las capacidades excedentarias de producción. "La comisión considera", dice, "que los países candidatos deben aceptar el compromiso de aplicar, antes de la adhesión, disciplinas análogas, quizá idénticas a las adoptadas por la CEE". La Comunidad, por su parte, se comprometería a fijar "una fecha-objetivo" para concluir las negociaciones de adhesión e intervendría financiera y presupuestariamente para ayudar a los países candidatos a cumplir sus compromisos y para acelerar el proceso de adaptación y diversificación.

El texto de la Comisión menciona después el caso de los países terceros del área mediterránea "particularmente expuestos a las consecuencias de la ampliación", y señala que la Comisión ha presentado ya las directivas esenciales de una política mediterránea que paliara dichos efectos. La tónica general del documento en el análisis de los problemas sectoriales es la prevención, por no escribir el temor.

En el capítulo agrícola se precisan todas las cifras que supondrá la integración española: aumento de la superficie cultivada, aumento de la producción agrícola, aumento de explotaciones y de la población agrícola.

En relación con la superficie agrícola, el informe de la Comisión subraya que lo importante no es su existencia, sino la producción que de ella se obtenga. La Comisión Europea, según su propio documento, estima que la práctica de los regadíos a los cultivos forrajeros es la mejor solución, olvidando el sector hortalizas y fruta. Sobre el aceite de oliva, el informe insiste en la importancia de la producción española, que cifra en unas 460.000 toneladas / año, es decir, un 60% de la producción actual de la CEE. Ello supondrá un aumento del coste de la política agrícola de unos ochocientos millones de ecus, sin olvidar la posible pérdida de mercado que sufrirán los países terceros productores de aceite.

La Comisión propone un largo período transitorio y reserva para una fecha posterior la cuestión de la instauración de un nuevo impuesto al consumo de aceites vegetales en la CEE, lo que haría más competitivo al de oliva. En el sector frutos y hortalizas, el documento hace especial mención al potencial español de expansión, del que pueden ser víctimas las zonas más pobres de la CEE actual.