La Iglesia católica ha sido la más consistente fuerza de oposición al régimen de los militares brasileños

La Iglesia católica desempeñó un papel determinante en el proceso brasileño de apertura. Los comentaristas políticos opinan que ha sido, a través de su opción preferencial por los pobres, la mayor y más permanente fuerza de oposición en Brasil al régimen militar, principalmente en su período más represivo. Este liderazgo le costó a la Iglesia el asesinato de ocho sacerdotes y la prisión de, por lo menos, otros 124. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas. Pero nada de eso hizo variar la firme contestación de una jerarquía católica que asumió como tarea evangélica la defensa de los derechos humanos y la exigencia de un reparto justo de la riqueza.

ENVIADO ESPECIALEl reciente encarcelamiento de dos misioneros franceses por supuestas actividades contra el Gobierno revela que las hostilidades entre el sistema y la Iglesia están todavía abiertas, aunque obispos y sacerdotes reconocen que ya pasaron los tiempos de la persecución directa.

En palabras de un sacerdote español que desde hace siete años trabaja en el extrarradio de Sao Paulo, "la Iglesia no ha cambiado; sigue donde estaba, junto a los más pobres. Es el Gobierno el que decidió abrir su política porque ya no se sostenía más". El padre Vidal vive en una modesta casita de Maua, en medio de una población obrera que, al menos en un 15%, ocupa chabolas de cartón y hojalata.

El abogado paulista José Carlos Días, ex presidente de la comisión Justicia y Paz y probable secretario de Justicia en el próximo Gobierno opositor de Sao Paulo, opina que "la Iglesia ha sido la mayor fuerza de oposición al régimen militar". El periodista Bernardo Kucinski, autor de un libro sobre la apertura, coincide en este juicio, que por lo demás comparten la mayoría de las personas vinculadas a la política con las que he tenido ocasión de conversar.

Trescientos veinte obispos, más de 12.000 sacerdotes, unas 45.000 religiosas y más de tres millones de católicos, agrupados en las comunidades de base, constituyen sin duda la fuerza más numerosa que se haya movilizado en Brasil contra la dictadura militar. Pero no siempre ocurrió esto. Incluso en 1964, el arzobispo de Sao Paulo el hoy progresista cardenal Evaristo Arns, bendijo a la columna militar que acababa de derrocar al Gobierno constitucional de Joáo Goulart. Pasarían todavía cuatro años hasta que de la reunión de obispos de Medellín la jerarquía brasileña regresase impregnada de la teología de la liberación.

En 1968 ya fue asesinado el sacerdote Enrique Ferreira, ayudante del cardenal Helder Cámara. A partir de ese momento se acelera la toma de conciencia de la Iglesia y, con el apoyo de las comunidades de base, se pone en marcha todo un movimiento de denuncia sistemática. En 1972, el cardenal Arns crea la comisión Justicia y Paz con la doble finalidad de defender a los perseguidos y denunciar las barbaridades de un sistema que carga con la responsabilidad de haber hecho desaparecer a un mínimo de 380 personas.

Comunidades de base

Las comunidades de base se constituyen, principalmente en los barrios más pobres, con grupos desde diez hasta cincuenta personas, que se reúnen al menos una vez por semana y, más frecuentemente, con ocasión de algunos conflictos graves. En 1978 había ya en todo el país más de 60.000 comunidades.Los sacerdotes salen así de sus iglesias para relacionarse con un mundo en el que sobrevivir es un problema de cada día. Sacerdotes y obispos terminan por convertirse en portavoces de la protesta social.

Ningún otro movimiento en el país tiene una fuerza de convocatoria que le permita concentrar a medio millón de personas en menos de veinticuatro horas. En 1978, el enfrentamiento Iglesia-Estado llega a su nivel máximo. Dos sacerdotes habían sido asesinados en el Mato Grosso y el obispo Adriano Hypolito fue secuestrado y torturado en la periferia de Río de Janeiro. El primer gran movimiento huelguístico liderado por Lula se iniciaba en el cinturón industrial de Sao Paulo.

El movimiento Costo de Vida, que había surgido junto a las comunidades de base, envió ese año al palacio presidencial de Planalto una delegación que entregó centenares de legajos, con la firma de 1,3 millones de brasileños, que pedían: una paga de emergencia del 30%, congelación de precios en los artículos de primera necesidad, aumentos salariales de acuerdo con la dignidad de la familia y reparto de tierras a quienes trabajan en ellas.

Justamente un año más tarde, el régimen militar decide al fin abrir la tenaza: concede la amnistía y anuncia su propósito de convocar elecciones pluripartidistas en 1982. La Conferencia Episcopal hizo su propio balance de bajas en esta guerra con el Gobierno militar: 8 muertos y encarcelados 122 sacerdotes y 131 activistas laicos.

Inicio de la distensión

La visita del Papa, con su respaldo a la teología de la liberación, marca el inicio de la distensión; pero los sectores más duros del sistema no perdonaron aún a la Iglesia su combatividad. El general Moazir Pereira, comandante de la división de Belo Horizonte, interrumpió a gritos una misa en la que el oficiante pidió un rezo por los dos sacerdotes franceses detenidos. El general invitaría luego a los católicos a tomar actitudes similares cuando estuviesen en desacuerdo con la homilía de los sacerdotes.Pereira es gran amigo del general Coelho Neto, jefe del gabinete del ministro del Ejército y aspirante a suceder en la presidencia a Figueiredo. El abogado José Carlos Días dice de él que "es un enemigo público de la Iglesia".

En el círculo de amistades del general Pereira está también Alfonso Paulino, director de un periódico ultraderechista de Belo Horizonte, en cuya imprenta se editó una versión falsificada del periódico O Sao Paulo, órgano del arzobispado. En su primera página se publicaba una supuesta autocrítica del cardenal Arns bajo el título Mea culpa. Después de confesarse manipulado durante muchos años, el artículo terminaba con estas palabras: "Que mis compañeros del episcopado no pierdan la fe en Dios para convertirse a la fe en Marx". El propio Arns desenmascaró el montaje con ayuda de la comisión Justicia y Paz, que no contó con colaboración policial para desentrañar la trama de la operación.