El bilingüismo catalán

LA CONSTITUCION de 1978 establece que "el castellano es la lengui española oficial del Estado", y que "las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos". Corno desarrollo de este punto, el Estatuto cata lán subraya tres principios fundamentales: "La lengua propia de Cataluña es el catalán", "el catalán es el idioma oficial de Cataluña, así corno también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español", y "la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, tomará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y creará las condiciones que permitan llegar a su plena igualdad en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos, de Cataluña"La Comisión de Cultura del Parlamento catalán ha estado trabajando dos, años para explicitar las consecuencias legales y prácticas de aquellos enunciados. Con el respaldo de todos los partidos políticos con representación parlanientaria en Cataluña -lo que garantiza desde ahora su aprobación final-, la comisión ha redactado su proposición de ley de Normalización Lingüística, a la que le quieda sólo el trámite final del Pleno del Parlament. Hay pocas cosas que generen más suceptibilidades que la cuestión de la lengua, por lo que existieron grandes polémicas en el momento de iniciarse los trabajos. El ambiente estuvo especialmente caldeado por algunos excesos de nzlcionalistas con sarampión totalitario, y por exageraciones a la defensiva de los adversarios de la lengua catalana. El clima, posteriormente, se fue templando y el texto final de la ley es fruto de un consenso que ha superado todos los matices que inicialmente desataron controversias.

Parece que la intención de los redactores del texto no es sólo normalizar la lengua catalana,'sino protegerla y estimularla, toda vez que se halla lastrada por una larga serie de dis,jriminaciones pasadas y recientes. Con esta ley del uso del catalán en Cataluña, el nuevo Estado de las Autonoinías se enfrenta así de hecho a uno de sus prirneros exámenes de reválida. Ha llegado el momento de determinar hasta qué punto estamos construyendo un castillo de riaipes retórico -en uno u otro sentido- y hasta qué ptinto existe en España una voluntad auténtica de respetar los derechos de las diferentes nacionalidades y regiones que la componen sin que ello menoscabe ni la unidad del Estado ni la coherencia de la práctica. Digámoslo claramente: sin que sea motivo de discriminación objetiva el hecho de que un ciudadano hable catalán, pero tampoco el hecho de que no lo hable.

Cataluña ha mantenido un contencioso tradicional con el resto de España a propósito de la lengua. Los catalanohablantes desean el reconocimiento explícito de su derecho a utilizar el catalán en todo tipo de actividades, públicas y privadas, y el de su derecho a que la enseñanza oficial -en el marco territorial de la autonomía- garantice el conocimientó absoluto del catalán en pie de igualdad con la lengua castellana. Los castellanohablantes no quieren verse discriminados en sus oportunidades de promoción y empleo por no saber catalán, ní quieren tampoco verse obligados a aprenderlo si ese no es su deseo. El objetivo final es el reconocimiento de una sociedad bilingüe. Negar los problemas que el bilingüismo supone siempre en política sería negar una evidencia. Pero la peor manera de solucionar estas cuestiones es pretender desconocerlas. La nienos democrática es tratar de abordarlas -como se hizo en el pasado- por la fuerza o la represión, hasta llevar a límites de extinción el uso de la lengua de los perdedores.

La proposición de ley que ha redactado la Comisión de Cultura del Parlaméñt está orientada, así, a que la sociedad catalana sea operativamente bilingüe a corto plazo, y efectivamente bilingüe dentro de unos diez años, que será cuando empezará a dar sus frutos el actual planteamiento escolar, nudo gordiano de todo el problema. En este sentido, en el momento de iniciar la normalización lingüística, los partidos catalanes hicieron prosperar por unanimidad la tesis de que no hubiera dos tipos de escuela pública -la castellana y la catalana-, para no sembrar discrimínaciones futuras en. función del tipo de enseñanza recibido, y en estos momentos ya rige el principio de que en la primera enseñanza son los padres quienes deciden cuál es la lengua de partida de sus hijos hacia la escolarización bilingüe, de modo que al final de los estudios básicos todos los alumnos estén en condiciones de dominar completamente el castellano y el catalán.

La importancia de la enseñanza no solapa la trascendencia de otros aspectos contemplados por la proposición de ley: la equiparación del castellano y el catalán, a efectos jurídicos, burocráticos y administrativos dentro de Cataluña; el deseo de que se reconozca oficialmente la versíón catalana de los topónimos de los municipios, territorios y vías de comunicación ínterurbanas a efectos de rotulación pública; la voluntad de impulsar que las entidades públicas pongan los medios para que, a corto plazo, su personal que tiene relación directa con los ciudadanos posea un conocimiento suficiente del catalán para atenderles con normalidad...

La ley del catalán tiene que garantizar que no existirán en el futuro discriminaciones de ningún tipo por la cuestión de la lengua. No estamos seguros de que en algunos aspectos el texto dado a conocer ayer por EL PAIS no merezca correcciones en este sentido. Tampoco cabe desconocer la realidad operante en el momento actual en sectores de la Administración del Estado, como las Fuerzas Armadas, donde.la implantación de una ley así, de la noche a la mañana, crearia no pocas tensiones innecesarias. El Estado y la Generalitat deben cuidar por eso que la futura aplicación se haga dentro de un proceso razonable y templado que impida enconos que podrían radicalízar la situación o fomentar una discriminación de signo contrario a la que se había producido hasta ahora. La posibilidad de que Cataluña encuentre en el bilingüismo la fórmula que canalice su heterogeneidad interna y sus relaciones con el resto de España, se hace merecedora de la atención y el respeto del conjunto de los ciudadanos de este país.