Reacciones ante el crimen

LAS TOMAS de posición de los partidos políticos del arco parlamentario tras el asesinato del general Lago han tenido como denominador común un comprensible trasfondo emocional de horror frente a la barbarie de ETA y un sentimiento de preocupación ante una escalada de violencia contra las Fuerzas Armadas. Esos estados de ánimo pasionales, generalizados entre todos los ciudadanos, no deberían, sin embargo, apoderarse por entero de los líderes políticos, cuya función principal es conservar la cabeza, fría y la capacidad de reflexión en momentos de incertidumbre.La insistencia del partido socialista por aplazar hasta la segunda semana de diciembre la investidura del presidente del Gobierno, prolongando una situación de interinidad que podría ser clausurada sin problemas ocho días antes, no parece apoyarse en razones más vigorosas que los argumentos aducibles en contra. Sin embargo, es este un tema menor que no merece mayor polémica.De otro lado, la utilización por Manuel Fraga del asesinato del general Lago para fundamentar su anterior afirmación de que "hay que intentar entender el golpismo" es una lamentable manifestación de oportunismo, que lleva implícita -diga lo que diga quien la hace- la eventual justificación histórica de la rebelión militar.

Pero quizá la declaración más insólita tras el asesinato del general Lago haya sido la de UCD, que ha reclamado de manera, casi expresa la ilegalización de Herri Batasuna: "Frente a los grupos políticos que tratan de justificar las acciones terroristas, aunque hayan comparecido a las elecciones, debe procederse a su disolución, cambiando las leyes si fuera necesario". Con independencia de la cuestión de fondo, sorprende que el partido bajo cuyo gobierno, fue autorizada la coalición electoral del nacionalismo radical descubra, nada más perder el poder, la urgente necesidad de situar fuera de la ley a Herri Batasuna, cuya propaganda siempre se basó, con Suárez y Calvo Sotelo en la Moncloa, en sus convergencias estratégicas con ETA Militar. ¿Se trata de endosar al futuro Gobierno socialista el trabajo que UCD no quiso, no pudo o no supo realizar mientras ocupó las estancias del poder? ¿0 es el comienzo de una táctica de oposición desleal de los derrotados centristas, orientada a desbordar a la propia Alianza Popular por su derecha? Felipe González encontrará, bajo las alfombras del palacio de la Moncloa, demasiados asuntos que la falta de resolución de su predecesor ha dejado pudrir o ha enconado. Pero resulta demasiado fuerte que, de añadidura, quienes han despilfarrado la confianza de los electores a lo largo de tres años y medio de insuficiente uso del poder traten de endilgar a sus sucesores, mediante pujas demagógicas y oportunismos desenfrenados, tareas sucias, dudosas o difíciles que ni siquiera ellos se atrevieron a acometer. "Cambiar las leyes" para ilegalizar a Herri Batasuna exigiría, como paso previo, discutir la constitucionalidad de tales normas. Y esa decisión, en cualquier caso, tendría que sopesar los pros y contras políticos de la medida, operación que, a nuestro juicio, arrojaría un claro saldo negativo, pese a la repugnancia moral que suscitan a cualquier persona honesta las despreciables declaraciones de Solabarría o Ziluaga. Herri Batasuna ha tocado techo en la aceptación popular en las urnas. Las provocaciones sangrientas de ETA Militar y las provocaciones verbales de algunos dirigentes de la coalición electoral emparentada ideológicamente con los terroristas no persiguen otro objetivo, a nuestro juicio, que reconquistar en la clandestinidad y el martirio el terreno perdido por el nacionalismo radical en los últimos años y frenar los claros síntomas de descomposición que pueden llevar a una parte de sus 210.000 votantes -de los que resulta imposible pensar que son todos locos, sádicos o cómplices de asesinos- a abandonarles.