El PSOE estudia la convocatoria de las elecciones locales antes de las probables medidas de austeridad

En primer plano de las prioridades legislativas que estudia la dirección del PSOE se encuentra la necesidad de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 1983, en torno a los cuales existen dos tesis contrapuestas entre los socialistas. Frente a quienes proponen la urgente presentación ante las Cortes del correspondiente proyecto de ley, gana adeptos la idea de prorrogar los de 1982 hasta conocer concienzudamente la situación en que se encuentra la economía pública, de modo que, previamente a las medidas de austeridad que puedan adoptarse y al debate presupuestario, se celebren las elecciones municipales.

La Constitución establece la obligación del Gobierno de presentar los Presupuestos al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, pero preceptúa también que, en caso de no haber sido aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, "se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".La importancia del debate presupuestario para la fijación de la política económica del Estado y la falta material de tiempo para conocer en profundidad todos los entresijos de la situación económica del país, han aconsejado a algún sector del PSOE, incluidos altos funcionarios del ministerio de Hacienda, proponer que el nuevo Gobierno, durante los cien primeros días de su mandato, se dedique a realizar con minuciosidad lo que Felipe González ha denominado "mirar debajo de la alfombra", para inventariar la herencia económica dejada por el Gobierno centrista, antes de acometer la elaboración del proyecto de Presupuestos.

Los partidarios de esta estrategia estiman que, al día siguiente de obtener esta información cabal, el presidente del Gobierno debería dar cuenta, a través de la televisión, de la situación económica del país. Si de este balance se derivara la necesidad -que se contempla en algunos sectores económicos y empieza a ser asumida por algunos expertos socialistas- de realizar un plan de estabilización económica, no se podría cargar sobre las espaldas socialistas la responsabilidad de esta medida. Por el contrario, los Presupuestos del Estado vendrían a remediar los efectos negativos producidos por el plan citado.

En todo caso, según los técnicos electorales del PSOE, todas las precauciones serían pocas para evitar que los resultados normales de las elecciones locales -simultáneamente a las cuales se realizarán numerosos procesos electorales autonómicos- se vieran afectados o alterados por las consecuencias negativas que, probablemente, ejercerá sobre la opinión pública un plan de estabilización. De ahí que paralelamente al análisis de la situación económica, el Gobierno prepararía la celebración de las elecciones municipales, a fin de impedir su retraso.

Para que las elecciones locales -entre cuya convocatoria y votación debe transcurrir el plazo de 65 días- se efectúen el 3 de abril de 1983, fecha en que concluye el mandato de los representantes locales elegidos cuatro años antes, el Gobierno deberá publicar la convocatoria el 28 de enero. Concluido el proceso electoral municipal y autonómico, se adoptaría el plan de estabilización o las medidas de austeridad necesarias para salir de la crisis y sólo después se presentarían los Presupuestos Generales del Estado a las Cortes.

Las primeras sesiones legislativas, una vez constituidas las Cámaras y celebrada la investidura de Felipe González como presidente del Gobierno, se dedicarán a la aprobación de los cuatro estatutos de autonomía pendientes: Baleares, Castilla-León, Extremadura y Madrid. Dentro del paquete autonómico y hasta tanto el Tribunal Constitucional realice lo que el líder socialista denomina "papel pacificador" en relación con la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), el Gobierno del PSOE impulsará en el Parlamento la aprobación de los proyectos de ley del Fondo de Compensación Interterritorial y de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas.

Entre las restantes prioridades legislativas -el PSOE tiene ya redactados y preparados para su remisión a las Cortes casi treinta proyectos de ley- destacan las relacionadas con la enseñanza (ver EL PAIS de ayer) y las que afectan a la regulación de la Justicia, incluido el ámbito castrense, y de los derechos humanos, políticos y sindicales. El nuevo Código de Justicia Militar abordará en profundidad la reforma del actual, lo dividirá en cuatro partes: Código penal militar, organización jurisdiccional castrense, derecho procesal militar y normas disciplinarias en el ámbito castrense. El delito de rebelión quedará excluido de esta jurisdicción y pasará a la ordinaria.

En algunos casos, como en lo que se refiere al nuevo Código Penal y a la ley orgánica del Poder Judicial, serán utilizados los proyectos centristas existentes, en los que habían colaborado ampliamente los socialistas. La ley Electoral, reiteradamente reclamada por el PSOE desde la oposición, se encuentra en avanzado estado de preparación. Entre los proyectos de ley ya ultimados figuran los de objeción de conciencia, reunión, asociación, derecho de asilo, derecho de petición, derecho de huelga, iniciativa legislativa popular, asistencia letrada al detenido y al preso, sociedades cooperativas y consumidores y usuarios.