Dos ministerios dudan sobre la personalidad jurídica del Patronato de Atención a Deficientes
Los ministerios de Presidencia del Gobierno y de Sanidad y Consumo tratan de concretar si tiene o no personalidad jurídica el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, cuya potenciación ha solicitado recientemente el Consejo Nacional de Minusválidos considerándolo como el "órgano nacional idóneo para el impulsó de la prevención, rehabilitación e inserción social de los distintos tipos de minusválidos". Informes de Sanidad confirman la personalidad jurídica, mientras otros de Presidencia no la aseguran y una campaña de prevención está pendiente del dilema.
El Consejo Nacional de Minusválidos, en un manifiesto de bases de colaboración política, remitido a los partidos políticos, señala la necesidad de desarrollar la Ley de Integración Social de Minusválidos, así como los programas nacionales de Prevención, Educación y Empleo y piden el apoyo y potenciación del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes como el órgano nacional idóneo a través del cual la iniciativa privada y la pública, tanto en la esfera estatal como en la autonómica, de curso a las actuaciones que saquen a este sector de la discriminación social en que se encuentra.El censo español de minusválidos se aproxima al millón y medio de personas que padecen una amplia gama de deficiencias físicas y psíquicas, cuya problemática afecta a casi cinco millones de ciudadanos directamente relacionados con aquellos. Los minusválidos constituyen un grave problema de nuevo contemplado por los principales partidos políticos en sus programas electorales.
La posibilidad de que el citado Real Patronato impulse los planes nacionales en curso, así como el desarrollo de legislaciones que han quedado varadas en el tiempo, podría verse dificultada, según señalan al respecto fuentes de este sector social, de confirmarse que dicho patronato carece de personalidad jurídica.
Este patronato, cuya presidencia de honor ostenta la Reina Doña Sofía, depende orgánicamente del Ministerio de Presidencia del Gobierno, y es dirigido por un secretario general, Antonio Núñez García-Saúco, con rango de secretario de Estado en el citado ministerio. Los ministerios de Presidencia del Gobierno y el de Sanidad y Consumo tratan de esclarecer la personalidad jurídica del citado patronato con motivo de la ejecución de una campaña de prevención de la subnormalidad.
La prevención es el principal instrumento de erradicación del progresivo aumento de minusvalías, cuyo descenso influye a su vez, de forma determinante, en la capacidad socio-política de rehabilitación y reinsercición social de los otros deficientes. De ahí que uno de los planes nacionales en los que mayor énfasis se haya puesto haya sido el de Prevención de la Subnormalidad emanado del citado patronato.
Este plan, de: carácter cuatrienal en una primera fase, cuya ejecución corresponde a la dirección general de Salud Pública y teóricamente iniciado en 1976 -el desarrollo de su programa sufre un notable retraso en la práctica-, incluye en su progra mación una campaña de con cienciación pública. Dicha campaña, tras tres años de retraso, habría de ser realizada en este año último del primer cuatrienio del plan, según exigen los presupuestos económicos.
La demora en la realización de esta campaña se ve agravada, ante los escasos meses que faltan para finalizar el año, por el hecho de que la firma del convenio al efecto de su ejecución entre los ministerios de Presidencia del Gobierno y Sanidad y Consumo esté obstaculizada por la duda sobre la personalidad jurídica del citado patronato, "duda planteada ahora por primera vez, inexplicablemente". Ambos ministerios, según han señalado en fuentes asesoras de los mismos, buscan una fórmula administrativa para no retrasar más la campaña de prevención, así como para dotar de personalidad jurídica al referido patronato, en el caso de que los informes jurídicos revelen tal carencia.
