Uruguay: un modelo económico incompatible con la democracia

La situación de Uruguay, con el monopolio de la política por parte de los militares, la represión sindical, la carencia de libertades y un modelo de liberalismo económico rígido y ruinoso para el país, es analizada por el autor, que ve frustrada, una vez más, la prometida transición hacia la democracia.

Han transcurrido seis meses largos desde la toma de posesión de la presidencia de Uruguay por el teniente general Gregorio Alvarez, según la inapelable voluntad de sus pares. El período se inició con el anuncio de intenciones de "transición hacia la democracia" en un plazo de tres años y medio por parte del presidente designado. muchos fueron los que vieron en él al único o el más indicado militar para dirigir la transición.Hoy, el escueto balance de un diálogo político recortado (más bien tirando al monólogo militar con oportunidad para el asentimiento); la aprobación de una ley sindical restrictiva, acompañada de un aumento de la represión sobre el movimiento obrero; la expresa resolución de no votar una amnistía que posibilite el reencuentro de los orientales; la reiterada clausura de órganos de Prensa, que comenzaron a aparecer a cobijo de promesas de libertad en ese sector, etcétera, ponen al descubierto la falta de voluntad aperturista del equipo gobernante. Esa falta de voluntad puede radicar en motivaciones ideológicas y/o en condicionantes socio-económicas que atan al Gobierno a la fatídica espiral "más liberalismo económico-más represión social, cultural, política".

Un modelo de economía

Al igual que nuestros vecinos del Cono Sur americano, el Gobierno de facto instalado en nuestro país a partir de junio de 1973 eligió un modelo de desarrollo económico que impulsó la concentración del ingreso y la mejora de los niveles de rentabilidad de los empresarios, con el fin de incrementar el ahorro y la inversión productiva que determinen un permanente crecimiento del producto. Esto se ha complementado con la adopción de libertad económica irrestricta, de puertas abiertas hacia el exterior, y ofreciendo tentadoras rentabilidades a los capitales extranjeros que viajan permanentemente en busca del rendimiento en inversiones financieras; la búsqueda del abatimiento de la endémica inflación a través de medidas monetarias (equilibrio del presupuesto del Estado, acompañado de tipo de cambio impuesto y preanunciado con meses de antelación, salpicado de minidevaluaciones).

La concentración del ingreso se ha dado en forma violenta, aunque se situó, de manera privilegiada, en las entidades financieras, que han vivido y viven aún la época de mayores beneficios en la historia del país.

Las cosas no rodaron tan bien para el resto de los empresarios. Los productores agropecuarios, dirigidos tradicionalmente hacia la exportación, han perdido su capacidad de competitividad en el mercado internacional, perjudicados por una moneda nacional sobrevaluada y por la falta de estímulos.

La débil industria nacional de transformación se ha visto deteriorada por los productos extranjeros, que ingresan libremente, y -al igual que el comercio importador- limitada y empequeñecida por la falta de poder adquisitivo del ciudadano de a pie.

Un balance hecho por los protagonistas

Luego de ocho años de aplicación de este modelo, conviene hacer un repaso de la situación a la que se ha ido arribando y que no difiere mayormente de la que atraviesan los vecinos Argentina y Chile.

"El deterioro del salario real fue el principal factor de aumento de la rentabilidad media de la economía", concluye la Asociaón de Banqueros, en un análisis de coyuntura económica. Según dicho estudio, la participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo del 40,2% en 1969 al 28% en 1979.

Cifras documentadas sitúan la emigración uruguaya en el 20% de la población, a partir de la instalación de la dictadura, cantidad excesivamente abultada para un pueblo sin antecedentes históricos en esa dirección. Pese a esa sangría de población, el desempleo ha crecido en el período.

Según las cifras hechas públicas por el Gobierno, la deuda externa se ha cuadruplicado desde la ruptura de la democracia (771 millones de dólares en 1972, 2.911 millones de dólares en 1981). Este importante flujo de capitales, captados por las altas tasas de intereses, ha disimulado el permanente déficit que observan tanto la balanza comercial como la balanza de pagos.

La situación del comercio y la industria se puede medir por estos datos: el número de concordatos verificados en el mes de febrero de 1982 supera el registrado en todo el año en doce de los dieciséis años anteriores. Y en ellos, los pasivos bancarios de las empresas quebradas -que tradicionalmente representan un 10% del pasivo total de las mismas- ascendió al 54% en el año 1980, en una gráfica permanentemente ascendente. Es decir, los bancos han ido devorando a su clientela, lo que, a su vez, los pone en una situación difícil de cara al futuro inmediato.

Ante esta situación de dificultades, las organizaciones de productores agropecuarios y de industriales se han pronunciado en forma crítica por demás.

Los primeros han hecho pública una resolución de asamblea denunciando "la insensibilidad e inoperancia de la actual conducción de la política económica". En dicha asamblea, uno de los más conspicuos defensores del régimen dictatorial en el sector (con más de 100.000 hectáreas de campos a sus espaldas) ha manifestado que los productores "ya estamos boqueando, patas para arriba; o sea, esperando la cuereada".

La Cámara de Industria, por su parte, luego de un ácido análisis de la situación del sector, ha proclamado "la existencia de un estado de emergencia de la industria nacional".

Los trabajadores, a su vez, se movilizan, procurando la creación de sindicatos en el estrecho carril autorizado por la ley -aprobada contra su voluntad-, para evitar un mayor deterioro del salario, anunciado recientemente por el ministro de Economía para "sortear la coyuntura" y frenar el incremento del paro, ocasionado por el incesante cierre de empresas que quiebran, a la vista, por otra parte, del agotamiento del fondo de desempleo.

Una respuesta gubernamental

Los hombres que dirigen la economía han alertado sobre la imposibilidad de ceder a las exigencias de los sectores productivos, so riesgo de destrozar el modelo económico.

El tipo de respuesta lo han dejado en manos de quienes ejercen el monopolio de la violencia.

Y así, se pudo conocer el descubrimiento de un micrófono oculto en la sala de sesiones de la Federación Rural, sin que hasta el momento se haya podido descubrir el o los autores del hecho. Aunque, a la vista de las posiciones claramente opositoras del gremio, no es dificil atribuir autorías.

La Cámara de Industria -cuyos integrantes no tienen tanta solera como los anteriores- debió vivir una experiencia distinta. El ministro del Interior les advirtió públicamente que el mantenimiento del orden público y la paz social es condición sine qua non para que prosiga normalmente este proceso de transición", y que se corre el riesgo "de volver a épocas más duras que el país ya ha conocido".

Por su parte, los trabajadores ven publicadas en la Prensa, con una periodicidad no deseada, las fotografías de queridos compañeros, acompañadas de comunicados policiales que hablan del desbaratamiento de "aparatos clandestinos", de rojos que pretenden organizar sindicatos para dominarlos y ponerlos al servicio de los partidos proscritos.

El señor Milton Friedman -y la escuela económica por él capitaneada- es el reinventor de este modelo económico rígido, elitista y ruinoso para los países del Cono Sur que lo han aplicado. Según el ex decano de la facultad de Ciencias Económicas de Uruguay (cesado por la dictadura), "puedo asegurar que esta política, en condiciones que hagan posible un diálogo amplio y fecundo... no puede durar una semana".

Concluimos, pues, que la política económica elegida por el equipo económico de la dictadura no sólo es ruinosa para el conjunto del país, sino que es un contrapeso fenomenal, que impide la transición hacia la anunciada democracia, desde el momento que ella solamente es aplicable en un clima de total ausencia de libertades ciudadanas.