El programa de CiU

CONVERGENCIA I Uniò, el partido gobernante en la Generalitat catalana, ha elaborado un programa electoral más a la medida de sus estrategias políticas a corto y medio plazo que a sus principios doctrinales, con el cuidado, de todas formas, de no caer en ninguna contradicción de fondo. CiU necesita a corto plazo consolidar su peso específico en Cataluña. Para ello aspira a un incremento sustancial de votos que suponga una mejora respecto a las anteriores legislativas, en las que fue superada por los socialistas catalanes. En la consulta de ahora busca un resultado similar al que obtuvo en las elecciones autonómicas, donde consiguió ser el partido con más escaños. Un triunfo en Cataluña en las elecciones de ahora pondría a los correligionarios de Jordi Pujol en una situación muy favorable para acceder luego a su dos próximos objetivos: el control de los municipios y las diputaciones catalanas (ahora están predominantemente en manos de la izquierda), y con ello la segunda tribuna pública en importancia para los catalanes, que es la alcaldía de Barcelona.

A medio plazo, por el contrario, el principal objetivo de Convergència afecta a la política que se hace en Madrid. Se trata de una ambición matemática: conservar la situación de grupo parlamentario cuyo apoyo o rechazo puede resultar decisivo para la previsible minoría mayoritaria que predomine en el Congreso de los Diputados después del 28 de octubre. CiU especialmente en la etapa suarista, ha sabido desarrollar su política de trueque de votos a cambio de cesiones gubernamentales que fortalecieran la situación y la imagen convergente en Cataluña. Esta actitud está explicitada en la misma campaña publicitaria desarrollada con motivo de estas elecciones. Los pujolistas martillean con dos ideas: la primera es nacionalista, y consiste en decirle al electorado que, tras la creación de un único grupo parlamentario socialista en el Congreso -lo que comporta la muerte del grupo de los socialistas catalanes-, CiU tendrá la única representación en el Congreso exclusivamente catalana en Madrid; la segunda idea, está desarrollada en uno de los carteles más difundidos por Convergència en esta campaña: una fotografía del Congreso de los Diputados con la explicación de que allí nadie conseguirá la mayoría absoluta, y "Cataluña será decisiva".

Debajo de estos objetivos estratégicos se hallan los de fondo. El propósito central de los pujolistas de cara a la próxima legislatura española es, indiscutiblemente, la reafirmación de los perfiles del Estado de las autonomías que existían antes de la LOAPA. De ahí sale, naturalmente, una de las 104 -ni una más ni una menos- propuestas concretas de la oferta electoral que tiene a Miquel Roca Junyent como cabeza de lista, y que vienen a ser las 104 condiciones que ya desde ahora esgrime CiU de cara a las hipotéticas coaliciones o respaldos parlamentarios futuros: congelar la LOAPA. Una de las constantes de la táctica convergente ha consistido en concretar siempre en un nombre propio lo que el partido considera que es el peligro público número 1 de Cataluña, con el objeto de que las capas populares tengan explicitado el enemigo al que cargar los descontentos. En otros momentos, ese peligro se ha simplificado en los nombres de Franco, Madrid, los poderes fácticos o el centralismo. Ahora es, sin ambigüedad, la LOAPA, considerada y no sin razón por la inmensa mayoría de los catalanes -incluidos los propios socialistas- como deficientemente planteada, mal matizada y peor intencionada respecto a la autenticidad de las autonomías.

Los restantes planteamientos del programa son, en realidad, un mero desarrollo de las consecuencias implícitas en la ideología autonomista. Convergencia desea una reforma electoral que delimite circunscripciones de menos de 400.000 habitantes y establezca un reparto de los restos a nivel global dentro de cada una de las comunidades autónomas; quiere ganar fuerza con la transformación del Senado en una cámara de las nacionalidades y regiones que tenga especiales competencias para los temas autonómicos; propone una modificación de la ley de bases de Régimen Local que acabe con el contencioso que mantiene con las diputaciones; apoya una ley reguladora del poder judicial que incorpore las innovaciones constitucionales derivadas de la creación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; defiende que el servicio militar se pueda prestar en la región de origen, y un montón de propuestas de similar contenido.

El programa es singularmente vago sobre las cuestiones económicas y sociales. Propone los mismos objetivos que los demás partidos parlamentarios (frenar el paro, fomento del ahorro, estímulo a la inversión, saneamiento de la Seguridad Social, delimitación de los objetivos de las empresas públicas ... ), sin aportar datos demasiado concretos sobre la forma de alcanzarlos. Y tiene una explicación: CiU es un partido de muy amplio espectro; su ala derecha podría figurar perfectamente, en los temas del llamado modelo de sociedad, dentro de AP; su ala izquierda roza la socialdemocracia. En esa tesitura, no puede comprometerse en el terreno socioeconómico sin correr el riesgo de despertar enormes fricciones entre. los diferentes grupos de militantes. Aspira a gobernar, pero aún no sabe si podrá intentarlo junto con la derecha o la izquierda. Y hasta que no conozca el nombre de su pareja y los premios que le comporte, difícilmente podrá formular unos planteamientos socioeconómicos que sean vendibles a todo el partido.