Las nuevas autoridades de Líbano preparan la estrategia para deshacerse de más de 300.000 civiles palestinos

Cientos de miles de civiles palestinos instalados en Líbano corren ahora el riesgo de verse obligados a tener que abandonar el país siguiendo los pasos de los fedayin de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La dirección de la central palestina evacuó Beirut oeste entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre, bajo la presión militar israelí, sin poder negociar con las autoridades libanesas un estatuto que estipulase los deberes y los derechos del medio millón de palestinos residentes en Líbano. Los nuevos dirigentes de Beirut preparan ahora la estrategia para deshacerse de esta incómoda presencia.

El Gobierno libanés se negó en la cumbre árabe de Fez a discutir con la OLP el porvenir de los civiles palestinos en su territorio mientras prepara con la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados), e indirectamente con Israel, un nuevo plan para su reinstalación o su expulsión.Pero los acontecimientos pueden precipitar la salida de numerosos refugiados del país, ya que, tras la matanza de palestinos perpetrada entre los días 16 y 18 de septiembre en los campamentos de Sabrá y Chatila, han sido señalados algunos casos de emigración hacia la llanura de la Bekaa, etapa obligada en el camino que conduce a Siria o Jordania.

Nadie garantizará la seguridad de los refugiados

Claro que, según el especialista en asuntos militares del diario independiente hebreo Haaretz, uno de los objetivos del asesinato colectivo perpetrado entre los días 16 y 18 era justamente "convencer a los palestinos de que ya no se encuentran seguros en Líbano".

¿Quién garantizará ahora a las decenas de miles de palestinos que aún permanecen en los campamentos que tales hechos no se reproducirán tras la retirada, dentro de algunos meses, de la fuerza multinacional, compuesta por franceses italianos y norteamericanos, que ahora les protege?

El Ejército libanés, que detuvo sin motivos el martes a todos los hombres (incluidos aquellos que tenían su documentación en regla) entre quince y sesenta años de edad del campamento de Burj el Brajneh, en la periferia sur de Beirut, no está en condiciones, en opinión de casi todos los observadores, de garantizar la seguridad física a los refugiados, a pesar de que el nuevo presidente, Amin Gemayel, se haya mostrado muy interesado en otorgarles protección.

Algo menos de 500.000 palestinos viven actualmente en Líbano, la mitad de los cuales, 238.667 exactamente, están oficialmente registrados como refugiados en la UNRWA, la cuarta parte posee la nacionalidad libanesa y está perfectamente integrada en la sociedad local y no reside, por tanto, en los campamentos, mientras que otros 125.000 se encuentran en situación ilegal al carecer de permiso de trabajo o de residencia.

Alejar a los palestinos de las ciudades

Estos últimos -varios centenares han sido detenidos recientemente por el Ejército- serán, sin duda, las primeras víctimas de una política de expulsión que el Estado libanés no podía hasta ahora llevar a cabo, porque no ejercía su soberanía en amplias zonas del país, empezando por los campamentos de refugiados, en los que no entraban ni su policía ni su Ejército.

Pero, convencidos de que el mantenimiento en Líbano de la masiva presencia civil palestina registrada por la UNRWA constituye un importante factor de desequilibrio entre comunidades confesionales, las autoridades libanesas proyectan, según el diario francófono L'Orient-Le Jour, reducir el número de refugiados hasta 50.000, e intentan obtener para ello la colaboración de algunos países árabes, en los que serían acogidos.

Antes de alcanzar este objetivo, los responsables libaneses, según coinciden en señalar los rotativos An Nahar y L'Orient-Le Jour, tienen la intención de trasladar los campamentos palestinos lejos de las ciudades, a zonas predominantemente rurales de las llanuras de la Bekaa y de Akkar, para poder así "preservar a la población libanesa de la intoxicación ideológica".

La próxima etapa, siempre según los periódicos, consistiría en suprimir el estatuto especial del que gozan los refugiados registrados por la UNRWA y permitir permanecer en el país sólo a aquellos que posean los medios suficientes para su subsistencia sin tener que recurrir a la ayuda de las Naciones Unidas, que evalúan en unos 50.000.

Duras condiciones para permanecer en Líbano

Los 190.000 refugiados actualmente censados por la UNRWA, que no podrán superar las nuevas y estrictas condiciones para la obtención de un permiso de residencia y trabajo, serán repartidos entre diversos países árabes no especificados, a condición de que estén dispuestos a aceptarles.

Ni que decir tiene que los aproximadamente 120.000 palestinos que disfrutan de la nacionalidad libanesa estarán autorizados a seguir residiendo en el país.

Israel, cuyo Ejército ocupa los dos tercios de Líbano, se mostró contrario, por boca de su ministro de Economía, Yacov Meridor, a la reconstrucción de los campamentos de refugiados en una franja de cuarenta kilómetros al norte de su frontera, e incluso preconizó la instalación de los palestinos de la UNRWA en zonas urbanas de Líbano con el propósito de que se olviden de su cultura nacional y se conviertan paulatinamente en ciudadanos libaneses.

A la vista de los proyectos de las autoridades libanesas de trasladar a los palestinos hasta la Bekaa, el Gobierno israelí ha exigido ahora que los refugiados sólo se alojen allí en tiendas de campaña, que son militarmente indefendibles, y ponen de relieve el carácter provisional de unos asentamientos que Israel también desea ver fuera de Líbano y lo más lejos posible de sus fronteras.