Profesores y padres de alumnos denuncian la situación de la enseñanza pública en Galicia
La situación de la enseñanza pública en Galicia es un polvorín. A los problemas originados por la huelga en el transporte escolar -140.000 niños sin vehículo para asistir a clase, dos pequeños atropellados en las últimas horas al hacerlo por sus propios medios- hay que añadir la reducción de los cupos de profesorado en los colegios, el aumento de los maestros en parco y el posible traslado fuera de Galicia de los agregados de instituto.
Padres de alumnos, asambleas de enseñantes, directores de centros y sindicatos del sector han denunciado esta situación y han señalado como directamente responsable de ella al consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Francisco Cacharro Pardo. El secretario de la Comisión de Educación del Parlamento autónomo, Miguel Barros (PSOE), ha declarado a EL PAIS: "La actuación de este señor es un sabotaje a la enseñanza estatal".Juan Carlos Creus tiene once años y estudia quinto de EGB cerca de Boiro (La Coruña): en su primer día sin transporte escolar un turismo le rompió las piernas cuando volvía a pie del colegio; José Laiño estudia tercero de EGB: en su segundo día sin transporte escolar un vehículo le produjo heridas graves al arrollar a la motocicleta en la que lo traía su hermano del colegio. Unos 140.000 niños gallegos -el 36% de la población escolar española- están expuestos a los mismos riesgos si quieren ir a clase mientras el Gobierno de Alianza Popular de la Xunta negocia con los transportistas. Cuando la Xunta de Galicia recibió en julio sus primeras competencias en materia de educación ya había aparecido el decreto regulador del transporte escolar y ya se conocía la deuda pendiente entre la Administración central y los transportistas. ¿Por qué esperó hasta septiembre para solucionar estos problemas?, se preguntan las asociaciones de padres de alumnos de Galicia.
El colegio nacional Alexandre Bóveda, de Redondela (Pontevedra), ha pasado de dieciséis unidades de EGB en el curso 1981-1982 a veintiuna en el curso recién comenzado, pero no fueron destinados los profesores necesarios para cubrir esta ampliación de alumnado. Escolares y padres cortaron el pasado martes el tráfico en la carretera Pontevedra-Vigo durante dos horas hasta que el delegado de Educación prometió contratar tres maestros más. Los padres de alumnos del colegio nacional de Bayona (Pontevedra) se niegan a enviar a sus hijos a clase hasta que no sea aumentado el cupo de profesores. La mayoría de los colegios nacionales de Galicia sufren esta carencia de profesorado y en muchos otros ha habido reducción de las plantillas docentes.
Esta situación ha sido denunciada por la asamblea de maestros, por las organizaciones de enseñantes en paro de La Coruña, por los directores de los 46 colegios nacionales de Vigo, por las asociaciones de padres de alumnos de la comarca viguesa, por los sindicatos de enseñanza y por los partidos políticos de oposición al Gobierno autónomo de Alianza Popular. Se han suprimido plazas de maestros, se ha obligado a los directores a compartir sus tareas administrativas con las docentes, las aulas han pasado de treinta alumnos a cuarenta, faltan profesores de Educación Física y no se hace caso del acuerdo del Parlamento en lo relativo a la enseñanza de la lengua gallega. Por si el panorama resultara cojo, los profesores agregados de instituto están expuestos a ser trasladados fuera de Galicia, según ha denunciado el Sindicato Gallego de Trabajadores de la Enseñanza.
Todas las críticas confluyen hacia una persona: Francisco Cacharro Pardo, consejero de Educación de la Xunta de Galicia, antiguo inspector escolar en Lugo y amigo de Manuel Fraga, contra el que: comienzan a levantarse voces pidiendo la dimisión.
Sabotaje a la enseñanza pública
El secretario de la Comisión de Educación del Parlamento gallego, Miguel Barros (PSOE), en declaraciones a EL PAIS, ha calificado la actuación del responsable de este sector en el Gobierno autónomo como "un sabotaje a la autonomía gallega y a la enseñanza estatal".
"Cacharro Pardo", dice el parlamentario socialista, "está aplicando la política educativa de su partido, que, como todos sabemos, favorece la enseñanza privada en detrimento de la pública. Esta persona esta desprestigiando la enseñanza estatal, y lo inconsentible es que lo haga desde un puesto de la Administración pública de la comunidad autónoma gallega".
Miguel Barros, que ha intentado infructuosamente entrevistarse con el consejero de Educación y cuya solicitud de prórroga de excedencia laboral en un colegio de Vigo está sufriendo un trámite sospechosamente lento, ha presentado dos interpelaciones parlamentarias para que sean respondidas por Cacharro Pardo ante la Cámara: en la primera pregunta al consejero sobre distintos aspectos de política educativa: población escolarizada, unidades en funcionamiento, situación del profesorado, previsiones para el curso 1982-1983; en la segunda, después de formular el derecho a la libre sindicación ' pregunta qué normativa, aunque sea provisional, regula las relaciones laborales entre la Consejería de Educación y los profesionales de la enseñanza en Galicia.
"Este señor ni conoce la realidad escolar de Galicia ni reconoce a los sindicatos", adelanta el diputado gallego. "En la etapa preautonómica los profesores estaban acostumbrados a una cierta participación. Ahora son remitidos al tablón de anuncios".
