El PSOE protesta por los problemas que UCD plantea al futuro Gobierno

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó ayer cinco decretos-leyes dictados por el Gobierno en los últimos treinta días. La máxima oposición la ejerció el PSOE, por entender que dos de los decretos-leyes pueden crear dificultades al futuro Gobierno.

Uno es el que regula la intervención del Estado en la central nuclear de Lemóniz, que, según los socialistas, no resuelve el problema planteado por ETA en aquella central. El decreto-ley sobre medidas presupuestarias urgentes para Defensa y Seguridad Social fue calificado por los socialistas de "regalo preelectoral" que aumenta el endeudamiento exterior y endosa al Gobierno futuro la condonación de impagos a la Seguridad Social.La sesión de la Diputación Permanente -órgano encargado de ejercer, cuando el Congreso se encuentra, como ahora, disuelto, las funciones que corresponden al Pleno de la Cámara- se inició con la elección de nuevo vicepresidente primero, cargo vacante desde que dimitió el centrista Modesto Fraile. La elección recayó en el vicepresidente primero de la Cámara, Emilio Attard, que obtuvo veinte votos favorables. Los diecisiete restantes fueron en blanco.

El ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón, presentó el decreto-ley sobre intervención del Estado en la central nuclear de Lemóniz. Destacó la trascendencia de esta central y los ataques terroristas de que había sido objeto. Dijo que una nacionalización sería perjudicial, por lo que el Gobierno había optado por la intervención, prevista en la Constitución. El centrista José Manuel García Margallo insistió en la conveniencia de no tolerar lo que sería una derrota histórica ante ETA.

El socialista Javier Solana manifestó que es necesario un debate serio y sereno sobre Lemóniz y medidas eficaces tanto por parte del Gobierno de la nación como del Gobierno vasco, a fin de resolver un problema que el decreto-ley no soluciona. Anunció que su grupo no apoyaría el intento de resolver un asunto de tanta envergadura por parte de un Gobierno que no sabe con qué respaldo parlamentario cuenta. El comunista Jordi Solé Tura abogó por una visión del problema más amplia que 14 del decreto-ley, al que calificó de cheque en blanco.

En apoyo del Gobierno se manifestaron los portavoces de CD, Antonio Carro, y del PNV, Marcos Vizcaya. Este último recordó los acuerdos entre el Gobierno del Estado y el vasco, que obligan a encontrar soluciones para la puesta en explotación de Lemóniz. En cuanto a su oportunidad en vísperas electorales, Vizcaya señaló que creía en la urgencia del decreto-ley, que, dijo, "el nuevo Gobierno estará legitimado para derogar, si ofrece soluciones alternativas que desemboquen en la continuidad de la central". El decreto-ley fue convalidado por veintiún votos favorables (UCD, CD, PNV, Minoría Catalana y, por el Grupo Mixto, Manuel Clavero)!y dieciséis en contra (socialistas, comunistas, andalucistas y, por el Grupo Mixto, Javier Moscoso).

El decreto-ley sobre medidas presupuestarías urgentes de Defensa y Seguridad Social fue presentado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez Miranda, quien explicó la necesidad de cubrir el déficit en las aportaciones de empresarios y trabajadores a las prestaciones del seguro de desempleo, mediante la autorización de un aumento en la deuda exterior derivada de la aplicación de la prórroga del tratado con Estados Unidos.

El socialista Enrique Barón calificó el decreto-ley de endoso al futuro Gobierno, y denunció la falta de justificación de los 45 millones de dólares (unos 5.000 millones de pesetas) en que aumentará nuestra deuda exterior para enjugar el déficit del Instituto Nacional de Empleo e incumplir el Acuerdo Nacional de Empleo. Barón anunció el voto en contra de su grupo. En la misma línea, Jordi Solé Tura se mostró contrario a la condonación de deudas sociales a base del endeudamiento exterior, y anunció la abstención comunista.

Entre los restantes decretos-leyes convalidados sin problemas destaca el de concesión de moratorias y exención de pago por daños originados a causa de la sequía, aprobado por unanimidad.