El crimen de Rentería y la campaña electoral de ETA

LAS ELECCIONES generales del próximo 28 de octubre permitirán al pueblo vasco pronunciarse, por quinta vez en cuatro años, ante las umas. Tras los comicios generales y municipales de 1979, el referéndum que aprobó el Estatuto de Guemica y las elecciones al Parlamento autonómico en marzo de 1980, la designación de diputados y senadores a las Cortes Generales será una nueva ocasión para que los ciudadanos del País Vasco expresen, mediante sufragio universal, libre y secreto, sus preferencias y sus opiniones, única manera de averiguar el verdadero respaldo social de los partidos y de sus programas.Pese a la indiscutible importancia de los sufragios obtenidos Por Herri Batasuna en las elecciones generales de 1979, el hecho cierto es que sólo 149.685 ciudadanos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se pronunciaron, sobre un censo de 1.625.280 de posibles electores (un 9,20%) y 1.020.793 de votantes efectivos (un 14,66%), en contra de la paz, de la democracia y de la concordia. Los enemigos, del Gobierno representativo han teorizado siempre su aristocrático desprecio hacia la voluntad popular mediante aberrantes construcciones ideológicas que reservan el monopolio de una supuesta verdad patriótica a una resuelta minoría capaz de imponer mediante las armas su dictadura. Pese a esa arrogancia doctrinaria, cada consulta electoral adversa sitúa a esos mesías autodesignados en la incómoda situación de tener que buscar extravagantes argumentos ante la opinión pública para justificar su sangrienta soledad. Resueltos a clausurar las umas para siempre una vez conquistado al poder, tienen que conformarse, en el entretanto, con obstaculizar, directa o indirectamente, la celebración de los comicios e introducir factores de alteración en la normalidad de su desenvolvimiento. Aunque estos vanguardistas desprecian desde su infatuada estulticia los sufragios como fuente de legitimación política, el desasosiego que produce en sus bases la sensación de aislamiento les mueve a boicotear o deformar las elecciones democráticas en la medida que se lo permiten sus fuerzas.

El entristecido comentario sobre la emboscada perpetrada ayer en las proximidades de Rentería, que ha costado la vida a cuatro policías nacionales, se debería agotar, desde un punto de vista exclusivamente humano, en la expresión del horror ante esa nueva manifestación de barbarie. La persecución emprendida por los terroristas para rematar a uno de los policías heridos, que estaba siendo conducido a un hospital, constituye una de las más espeluznantes hazañas de crueldad y sadismo cometidas por esas cuadrillas criminales a lo largo de su sombría historia. Ahora bien, Ips asesinos, al segar vidas humanas, se proponen también objetivos tácticos que, pese a la repugnancia que suscita la instrumentalización de la muerte al servicio de otras metas, es preciso analizar. ETA emprende, así, su propia campaña electoral, orientada a inducir -como programa máximo- el cierre definitivo de las urnas o a dramatizar -como resignada alternativa,- una situación que se le presentaría todavía más adversa sin el clima de exasperación y de miedo que el terrorismo engendra con sus crímenes. El recalentamiento del ambiente preelectoral mediante la puesta en marcha de la espiral acción-represión en el País Vasco no es sino la desesperada tentativa de desnaturalizar, en provecho del nacionalismo radical y de las opciones conservadoras, el veredicto de las urnas.

La otra pinza de la tenaza para triturar las libertades de los vascos y del resto de los españoles ha sido el relanzamiento, en los comienzos de la campaña electoral, de las manifestaciones en favor de la amnistía, destinadas a intrumentalizar fríamente las emociones de los familiares y amigos de los presos. No es la libertad de los procesados o condenados la meta de esas movilizaciones, sino la sucia expectativa de conseguir -como en San Sebastián el pasado domingo- nuevos nombres para el martirologio con la ayuda de unas Fuerzas de Orden Público exasperadas y atemorizadas que responden desproporcionada o abusivamente a las provocaciones. La maniobra es tanto más nauseabunda cuanto que esos mismos manipuladores han calumniado bellacamente a los dirigentes de Euskadiko Ezkerra, que abogan ante los ministros de Justicia y del Interior para que se revisen los expedientes y sumanos, de ún elevado número de antiguos militantes de ETA Político-militar comprometidos a abandonar las armas.

Nunca ha sido tan evidente como ahora que los reclusos son para sus sedicentes benefactores de las gestoras pro anmistía simples valores de cambio, mercancía humana que ha de permanecer para siempre entre barrotes a fin de servir de bandera altruista para movilizaciones que buscan estratégicamente otros propósitos. En el terreno exclusivamente humano, el dolor de los familiares de los presos merece todo el respeto, aunque, a diferencia de los familiares de los asesinados por ETA, tengan el consuelo de saber que aquéllos continúan vivos y alberguen la esperanza de abrazarlos algún día en libertad. Ahora bien, sólo de desprecio son acreedores quienes comercian políticamente con los sentimientos de solidaridad y condenan por segunda vez a los presos al horror carcelario, al defender una estrategia de violencia que hace impensable la negociación de eventuales medidas de gracia y al considerar como una traición las gestiones en favor de exiliados y procesados dentro del marco de la legalidad. Porque nadie en su sano juicio podría pedir honestamente medidas de gracia en favor de quienes, al día siguiente de abandonar la prisión, estuvieran dispuestos a cometer asesinatos tan atroces como los perpetrados ayer en Rentería. Y sólo la desaparición de la violencia en el País Vasco haría imaginable un cambio en la situación de los presos. Pero esto lo saben de sobra quienes obscenamente manipulan las movilizaciones en favor de la amnistía como una pieza más de una estrategia de provocación y de muerte.