Nasarre y la ley del embudo

EL VETO interpuesto por el director de RTVE para impedir la participación de Ciriaco de Vicente -diputado socialista por Murcia en la extinguida legislatura y secretario federal de Acción Social del PSOE- en el espacio La clave del viernes tuvo como lógica respuesta la decisión de José Luis Balbín de suspender la emisión del programa. Tan insólita censura echa, por lo demás, por tierra las esperanzas puestas en la gestión de Eugenio Nasarre, cuya única aportación visible a la renovación de la programación televisiva ha sido hasta ahora la ampliación de los espacios religiosos.Según el gabinete de Prensa de RTVE, el debate titulado Guerras médicas tenía que elegir entre la disyuntiva de convocar exclusivamente a profesionales de la medicina y la sanidad o de citar únicamente a representantes de las diferentes fuerzas políticas parlamentarias: los chicos con los chicos, las chicas con las chicas; los médicos con los médicos y los políticos con los políticos. La realidad, sin embargo, difícilmente se deja reducir a esquemas, y el doctor Rivera, a la vez presidente del Consejo Nacional de Colegios Médicos, prestigioso cardiólogo, candidato de Alianza Popular por Jaén en las elecciones andaluzas y funcionario del Hospital Provincial sancionado por la Diputación madrileña, hubiera podido participar, en cualquier caso, en el debate, dada su doble condición de médico que hace política, y de político que ejerce la medicina.

La pretensión de circunscribir el debate a miembros de la profesión médica muestra que, a impulsos de la impresionante escalada de corporativismo que compartimenta la vida española, la opinión sobre problemas sanitarios de los enfermos, esto es, de todos los españoles, tarde o temprano podría llegar a ser desdeñada como una inoportuna injerencia, pese a que son sus impuestos los que financian la Seguridad Social y las facultades de Medicina, y son sus bolsillos los que corren con el pago de los honorarios. De admitir tan estrafalaria doctrina, el destino de los pacientes, carentes de cualquier derecho, se limitaría al deber de servir de muda materia prima para la experimentación o para el negocio. Ya sólo falta que, como en viejo chiste, las gallinas reclamaran el monopolio para juzgar sobre la calidad de los huevos.

Esa línea de razonamiento se refuerza con la pretensión implícita de que los políticos, aunque estén especializados -como Ciriaco de Vicente- en el área de la política sanitaria, carecen de la autoridad necesaria para alternar con profesionales en una mesa redonda que discuta sobre la organización social de su actividad y sobre los supuestos e implicaciones más generales de su trabajo. De aceptar este peregrino argumento, el notario José Luis Alvarez se vería obligado a guardar silencio en el Ministerio de Agricultura, y la misma actitud deberían adoptar el abogado Luis Ortiz en el Ministerio de Obras Públicas, el abogado Núñez en el Ministerio de Sanidad y el abogado Bayón en el Ministerio de Industria.

El veto a Ciriaco de Vicente ha sido presentado, en paralelo, como la rutinaria y automática aplicación de un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de RTVE para evitar la emisión de programas que pudieran dar ventajas desiguales a los partidos en la preparación de los próximos comicios. Ahora bien, la campaña electoral no comienza hasta el 4 de octubre, y la lista oficial de candidatos al Congreso y al Senado sólo será hecha pública el 19 de septiembre. De otra parte, Televisión no escatima la difusión de las imágenes y la transmisión de las opiniones de políticos centristas que seguramente concurrirán a las urnas -con el mismo grado de probabilidad que Ciriaco de Vicente- el 28 de octubre.

Si Eugenio Nasarre desea ser consecuente con su estrictísima vigilancia de la neutralidad televisiva, se verá obligado a eliminar la pesada, reiterativa e injustificada presencia de los ministros del Gobierno en la pantalla y a multiplicar los inocuos documentales sobre flores, animales y erupciones volcánicas. De otra forma, el director de RTVE podrá unir a su curriculum de evangelizador de los españoles el título de eficaz ejecutor de la célebre ley del embudo. En este caso aplicada con la finalidad de reservar la boca ancha del invento para UCD y sus amigos y el orificio estrecho para los partidos de la oposición.