El Consejo de Ministros aprobó la intervención estatal de la central nuclear de Lemóniz

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley por el que el Estado Intenvendrá las obras de construcción de la central nuclear de Lemóniz hasta conseguir la puesta en marcha de su primer grupo y su posterior conclusión. En esta decisión administrativa se establece la constitución de un consejo de intervención compuesto por siete miembros, cuatro de los cuales serán nombrados a propuesta del Ministerio de Industria, correspondiéndole, además, el nombramiento del presidente, dos lo serán por designación del Ministerio de Hacienda, uno representará al Gobierno vasco, y el último corresponderá a la empresa propietaria de la instalación, Iberduero.

Este decreto ley no supone una pérdida de titularidad de la central por parte de la compañía propietaria, y los costes de la reanudación de las obras de construcción de la central correrán, en principio, a cargo de Iberduero, según fuentes próximas al Ministerio de Industria. Sin embargo, en medios del sector eléctrico se daba por casi seguro que sería la representación empresarial del sector, UNESA (Unidad Eléctrica, SA), quien se encargase de una parte, al menos considerable, de la financiación de las obras que se pretende reiniciar.El principal problema que se plantea, la seguridad personal de los trabajadores que se reincorporen a las obras, pretende ser solucionado por la Administración central con el arbitraje de todas las medidas de seguridad posibles, incluyendo la adscripción de contingentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado a la vigilancia de las obras y a la custodia de los trabajadores.

Las razones que ha aportado el Gobierno central para justificar esta decisión han sido fundamentalmente las de "interés general", con lo que ha remitido la situación a los aspectos que contempla la Constitución en su artículo 128.2.

Fuentes próximas al Ministerio de Industria han puesto un énfasis especial en el hecho de que esta medida no resulta gravosa para el contribuyente, ya que será la propia empresa, o el sector, quien acometa los gastos de finalización de las obras, a la vez que las medidas excepcionales de seguridad, al correr a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado no representarán ningún gasto extraordinario.

La supuesta creación de una sociedad que tuviese por activo a la central nuclear de Lemóniz ha sido desmentida categóricamente por medios oficiales, quienes han puntualizado que las relaciones entre la compañía propietaria de la instalación, Iberduero, y el consejo de intervención se prefijarán en un documento público en el cual se adscribirán a la central de Lemóniz una serie de bienes y derechos que permanecerán al margen de las actuaciones posteriores de fa empresa propietaria.

El ministro de Industria, Ignacio Bayón, en unas declaraciones realizadas a la agencia Efe, manifestó que la decisión de intervención no representa ningún atentado contra la iniciativa privada, y que su origen se establece precisamente en el respeto a la libertad de empresa, al ser el propio Iberduero quien corre con los gastos de culminación de las obras.

Asimismo, diversas fuentes oficiales pusieron un énfasis especial en destacar que la necesidad de la central nuclear de Lemóniz es una realidad contemplada en el Plan Energético Nacional (PEN) y que, además, la paralización de las obras está representando una claudicación del Estado ante el fenómeno terrorista que, en ningún momento, puede ser aceptada.

Reticencias a la medida

No obstante, esta decisión del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, precisamente en el Consejo de Ministros donde se ha acordado la disolución de las Cortes, ha tenido una desvaforable acogida tanto en medios próximos al PSOE como en instancias cercanas a Iberduero.Para los socialistas, la central nuclear de Lemóniz constituye un tema de Estado que debe tratarse a nivel nacional. Este tratamiento sólo podrá provenir de un Gobierno con un fuerte respaldo parlamentario que surja de las próximas elecciones. El problema, por sus implicaciones nucleares, terroristas y autonómicas supera con mucho las posibilidades del Gobierno actual y su decisión puede poner en peligro la solución futura de la central. En este sentido, el rotativo bilbaíno Tribuna Vasca calificaba la posible decisión del Gobierno central de intervenir Lemóniz como "maniobra electoral de UCD".

Fuentes del Ministerio de Industria han desmentido categóricamente esta posibilidad, afirmando que la medida representa una culminación de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno vasco y el de Madrid, en el que ha influído, come, elemento desestabilizador, el asesinato realizado por ETAm del jefe de diseño de la central, Angel Pascual.

Por su parte, Iberduero, aunque ha declinado pronunciarse oficialmente respecto a la medida, no ve con buenos ojos que se reinicien las obras bajo su patronazgo, por el riesgo que ello puede representar para sus trabajadores. En este sentido, sus responsables posiblemente recuerdan la ineficacia de los acuerdos de Ajuria Enea, entre Madrid y Vitoria, y de sus trágicas consecuencias.

Por último, parece desmentido el nombramiento del actual gobernador civil de Alava, Fernando Jiménez, para. presidir la sociedad de intervención, en contra de los rumores que habían venido circulando con insistencia en este sentido.