Expertos alemanes y españoles analizan temas conflictivos de la reforma del Código Penal

La Primera Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Complutense y el Instituto Alemán de Cultura organizaron en Madrid, entre los días 11 y 13 del pasado mes de marzo, el Primer Seminario Hispano-Alemán sobre Reforma Penal. Las ponencias de los profesores participantes, centradas en "cuatro temas conflictivos de preocupación colectiva": aborto, establecimientos penitenciarios, drogas y delitos contra el orden socioeconómico, han sido recogidas en un libro de próxima aparición.

Mariano Barbero, titular de la Primera Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Científico Criminológico del Consejo de Europa, explica en el prólogo del libro las razones de este encuentro entre profesionales del Derecho alemanes y españoles, y destaca el hecho de que, un nutrido grupo de penalistas hispanos "deben a Alemania parte no escasa de su formación"."La doctrina penal alemana y la italiana ocupan desde hace años un puesto capital en la elaboración científica de nuestra disciplina. Pero a partir de la participación en Berlín de Jiménez de Asúa y de otros penalistas hispanos (Saldaña, Cuello Calón) en el Kriminalistisches Seminar de Liszt, a principios de siglo, el influjo y las relaciones personales con los juristas alemanes han sido, son, más estrechas", dice el catedrático.

En este primer seminario sobre reforma penal intervinieron cinco penalistas españoles que fueron en su día becarios de la Fundación Humboldt, promotora de investigación en Alemania para extranjeros, y cuatro penalistas germanos. Asistieron tam,bién a los coloquios el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Sainz de Robles; el embajador en España de la República Federal de Alemania, Guido Brunner; el director general de Ordenación Académica y Profesorado, José Manuel Pérez Prendes y el secretario general adjunto de la Fundación Humboldt, entre otros especialistas.

El tratamiento legal de la interrupción voluntaria del embarazo fue abordado en el seminario por los catedráticos José Cerezo, de la Universidad de Zaragoza, y Hans Hoachim Hirsch, de la Universidad de Colonia. "La regulación del aborto en el proyecto de ley orgánica de Código Penal español de 1980 sigue siendo la misma que en el Código Penal vigente, donde se sanciona a la mujer que consienta su aborto o se lo cause a sí misma, o al que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento, con la pena de prisión menor (de seis meses y un día a seis años)", indicó Cerezo. A su juicio, la no inclusión en este proyecto de una figura similar a la del llamado aborto honoris causa, del artículo 414 de la codificación penal actual, supone un endurecimiento considerable en la represión del aborto. Dicho artículo señala que "cuando la mujer produjere su aborto, o consintiere que otra persona se lo cause para ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de arresto mayor".

Hirsch se refirió a la suavización de los preceptos penales sobre la interrupción del embarazo que han realizado, en la última década, cerca de cuarenta países europeos, por considerar que "la realidad social estaba alejada del derecho vigente". La República Federal de Alemania hizo lo propio en la reforma penal desarrollada entre 1974 y 1976, que ha supuesto, en la práctica, una disminución de las intervenciones quirúrgicas ilegales, y en el extranjero, una posibilidad "de que la mujer solucione legalmente y en favor de su autorrealización los problemas de un embarazo no deseado".

Legislación desafortunada

El tema de las drogas fue analizado por Diego Manuel Luzón Peña, de la Universidad de León, y Arthur Kreuzer, catedrático de Criminología de la Universidad de Giessen. El primero manifestó que "la regulación por los textos legales actualmente vigentes -Código Penal y ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social- tanto del tráfico como del consumo de drogas es gravemente injusta y desafortunada, y, por ello, insostenible". Entre los defectos de la normativa actual, Luzón destacó el que no distinga entre las diversas clises de droga, el que castigue el tráfico "con una pena que puede llegar a ser inusitadamente dura, sin diferenciar la cantidad de droga con que se trafica, si se facilita a un menor o a un adulto o si el traficante lo es habitual u ocasionalmente o está organizado", y "sea penada la mera tenencia de droga, sin precisar más".Kreuzer manifestó que "es el alcohol y no las drogas ilegales (hachís, marihuana) lo que constituye el mayor problema social y político", y apuntó que, en 1981, cerca de 55.000 personas de Alemania Occidental fueron investigadas policialmente por infracción de la ley de Narcóticos, de las que casi tres cuartas partes eran menores de veinticinco años. Se refirió a la nueva y más amplia, configuración de los tipos delictivos presente en la legislación alemana sobre drogas.

Francisco Muñoz Conde, de la Universidad de Cádiz, y Klaus Tiedemann, de la Universidad de Friburgo, se centraron en "la resocialización y tratamiento del delincuente en los establecimientos penitenciarios españoles" y en la calificación de los delitos contra el orden económico, respectivamente, y Horst Schüler-Springorum, de la Universidad de Munich, habló de las experiencias de terapia social dentro del régimen penitenciario alemán.

El primero hizo hincapié en los que, a su juicio, son los principales problemas de nuestro sistema penitenciario: la enorme cantidad de presos preventivos (más del 60% de la población reclusa) y la falta de medios técnicos y de personal carcelario cualificado, "que condiciona la efectividad práctica de la ley General Penitenciaria".