Las compañías de seguros serán sometidas a mayores controles de intervención administrativa

La intervención de compañías de seguros va ser reforzada por una orden ministerial, con el fin de velar mejor por las decenas de aseguradoras sometidas a estrecha vigilancia. En medios del sector se estima que las empresas intervenidas formal o informalmente reúnen más de medio millón de asegurados. Algunas de ellas han padecido en los últimos meses situaciones de insolvencia no declaradas, mientras la Administración se siente prácticamente sin posibilidad de actuar.

La orden ministerial ha sido redactada en la Dirección General de Seguros y enviada para informes técnicos y para recibir la firma del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, según fuentes informadas. Modifica la regulación más completa dictada hasta el momento, que data de 1936, y puede entrar en vigor a finales del presente mes o a primeros de septiembre.Pese a que la crisis se ha cebado durante el último lustro en buena parte de los seis centenares de compañías que integran el sector, excesivamente atomizado y con una pésima estructura de gastos, la Administración no ha contado prácticamente con más armas sancionadoras que la disolución o la multa máxima de diez mil pesetas. En los últimos años, y especialmente desde que llegó Luis Angulo a la Dirección General de Seguros, casi todas las esperanzas de actuación se han puesto en el proyecto de ley de ordenación del seguro priva do, remitido hace año y medio a las Cortes y que sólo desde la pasada primavera ha visto acelera do su trámite.

Los inspectores, desmoralizados

Entre tanto, en medios del seguro ha crecido el escepticismo respecto a las posibilidadas de actuación ante una crisis que no para de acentuarse para muchas compañías, aunque el sector en su conjunto y las mayores aseguradoras tiendan desde hace dos años a mejorar estructura y recuperar rentabilidad perdida. Hasta se afirma que la ley sólo podrá arreglar algo en teoría a este respecto, pues la dotación humana actual del Cuerpo Técnico de Seguros, pese a que la paga el asegurado con un 2 por 1.000 de las primas, seguirá sin poder cumplir sus obligaciones."En reiteradas ocasiones", dice un reciente editorial de una revista del sector, "Actualidad Aseguradora ha conocido el grado de desmoralización, no actual, sino desde hace muchos años, del Cuerpo Técnico de Inspectores, que observan que no se adoptan las medidas que sugieren en sus actas de inspección por razones políticas".

Ahora, hasta que empiece a surtir efectos el citado proyecto de ley, la orden ministerial posibilitará, fundamentalmente, que los interventores enviados a una compañía puedan asistir a las reuniones de sus consejos de administración y órganos colegiados. Aunque las aseguradoras sometidas a dicha cautela no podían hacer pagos sin la firma de los interventores, la ausencia observada por éstos impedía seguir en todo momento la ilegalidad o rectitud de los administradores.

En varios casos, éstos han saltado de unas aseguradoras en crisis a otras. No hay impedimentos para que cualquier persona -se ha llegado a citar el caso de un procesado judicialmente, por ejemplo- pueda fundar, comprar las acciones u ocupar un cargo en un consejo de administración. Las aseguradoras El Porvenir de los Hijos y la Constancia, que reúnen 180.000 clientes, tuvieron que ser intervenidas con carácter forzoso (véase EL PAIS de 11 de febrero) meses después de que los problemas que llevaron al Banco de Madrid a su integración en Banesto dejaran ambas aseguradoras en manos del equipo presuntamente responsable de la crisis de otra compañía, Ibérica de Seguros La Providence. Y esta última, la primera sobre la que pesa una orden de disolución, ha estado más de año y medio sin ejecutarla, en perjuicio de buena parte de sus 50.000 asegurados.

Además de las tres citadas, se sabe que están intervenidas formalmente otras tres: la reaseguradora Colón, Las Deis Castillas y Eurofemsa. Pero hay otros nombres, muchos, que no llegan al Boletín Oficial del Estado ni al conocimiento público, al parecer por miedo a que se les agrave la crisis. Una fuente informativa de la Administración ha reconocido que "se cuentan por decenas" las intervenidas informalmente; a todas ellas se les han requerido planes de rehabilitación.

Al margen de las citadas fórmulas de intervención, han sido muy utilizadas últimamente otras dos: los planes de saneamiento y las órdenes de suspensión de operaciones en caso de detectar el incumplimiento de alguna norma. También en este caso, son varias decenas de compañías, dentro de una relación de casi cien, en situación crítica. Algunas han cumplido y otras no.

Entre obstáculos, hacia el 'hospital'

A la espera de la ley para mejorar la solvencia del sector, las intervenciones, para las que la Administración ha tenido que superar obstáculos diversos, se han hecho acogiéndose a un decreto de 1978, que prevé medidas en caso de que las aseguradoras no cubran determinados márgenes de solvencia o no presenten planes de saneamiento. Por esta vía, desde 1979 se han realizado aumentos de capital por más de 10.000 millones de pesetas, casi el doble de los capitales acumulados por todo el sector. A tal efecto, hace medio año se creó por decreto un Servicio de Procedimientos Cautelares y Disciplinarios, aprovechando parte de los recursos de tres organismos suprimidos: Fondo Nacional de Garantías de Riesgos de Circulación, Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros y Caja Central de Seguros.El proyecto de ley, además de elevar los capitales mínimos y de promover un régimen de "mayor libertad, pero con palo al infractor", estimulará las fusiones o absorciones, que también son apoyadas por la Administración desde hace años. En diversas ocasiones, medios empresariales y de la Administración han reflexionado sobre la posibilidad de crear un "hospital de empresas" similar al de la banca y con su objetivo de integrar a los bancos recuperables en otros grandes. Sin embargo, desde el sector privado, para quien el dinero lo debe poner la Administración, se acusa a la Dirección General de Seguros de querer hacer una funeraria más que una UVI.

La última iniciativa circulada en ambientes del seguro cree posible conciliar ambas posturas. La solución apuntada es crear durante cinco o diez años una empresa al 50%, dependiente del Consorcio de Compensación de Seguros, y en la que la inversión de las aseguradoras, sirva para sus coberturas de reservas técnicas, garantizando el consorcio un rendimiento mínimo del 12%. Tal entidad debería integrar al citado Servicio de Procedimientos Cautelares, además de poder cambiar consejeros en las empresas que sometiera a tratamiento, aportar créditos especiales vía Consorcio, utilizar sistemas de subasta como en la banca, liquidar las empresas inviables y exigir en todo caso responsabilidades civiles y penales a consejeros y ejecutivos.