El diputado Díaz Porras acusa al Gobierno de dar la espalda al mundo cooperativo rural

El diputado por Cantabria Ciriaco Díaz Porras ha sido amenazado y expulsado de los locales de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO) por el gerente de la empresa, Tomás Mier, expedientado y cesado en el cargo de director de la Caja Rural de Santander por el Banco de España, después de que fueran descubiertas numerosas irregularidades en su gestión. Diaz Porras, que como presidente de la cooperativa agraria de Comillas es miembro nato de la UTECO, acusa a Tomás Mier de traspasar "su incapacidad gestora y sus métodos dudosos" a la Unión Territorial, y de negarse a convocar a la asamblea para que fiscalice su actuación.

El diputado cántabro, elegido en las listas de UCD y que milita ahora en el partido de Fernández Ordóñez, ha presentado una interpelación al Gobierno sobre la situación de la Caja Rural y la UTECO de Santander. Díaz Porras advierte al Gobierno, y en concreto al Banco de España, que están dando la espalda a las continuas irregularidades que se suceden en ambas entidades, y según el texto de la interpelación, publicado por el Boletín de las Cortes, afirma que en ambas cooperativas se han dado tal cantidad de ilegalidades que las autoridades monetarias debieron enviar el tema al Fiscal.

Entre otros datos, el parlamentario socialdemócrata aporta el de que en las instalaciones de UTECO se están realizando operaciones a nombre de las cooperativas Provincial de Suministros Ganaderos y Agrícola de Santander, las dos inexistentes según las certificaciones del registro del Ministerio de Trabajo y que ya recibieron sendos créditos de 100 millones de pesetas de la Caja Rural, cuyo destino sigue siendo desconocido.

Dinero para el campo

Díaz Porras explica al Gobierno que las cooperativas de crédito agrario, a pesar de nacer para aportar fondos al mundo rural, se dedican ahora "a favorecer al poder político y económico, que desvía la inversión hacia sectores como la construcción o la hostelería", lo que desvirtua claramente, sin que las autoridades hagan nada para evitarlo, "los objetivos y los fines para los que fueron creadas". Afirma que "un grupo reducido de personas, la mayoría ajenas al sector agrario, se han hecho con el control de las Cajas Rurales y las UTECO, y que, en el caso de la de Santander, ello se comprueba con la lista de los créditos concedidos, en la que figuran nombres de empresarios constructores y parlamentarios como Justo de las Cuevas y Roberto Sáez, los dos de UCD. Que esa gestión ajena a los fines estatutarios haya sumido a la Caja en una gravísima crisis le parece, además, "sorprendente e intolerable".En la interpelación, que ocupa seis folios del Boletín de las Cortes, el diputado cántabro relata la serie de irregularidades observadas en la gestión de la Caja Rural -falsificación de documento mercantil, despidos improcedentes de trabajadores, concesión de créditos a cooperativas inexistentes o sin actividad y entrega de dinero a una empresa en la que es mayoritaria el INI-, y recuerda al Banco de España que todo ello figura en las conclusiones de su inspección y que, sin embargo, no ha hecho nada para favorecer el saneamiento de la entidad, en el que el Consorcio Nacional de Cajas Rurales se ha mostrado ineficaz.