Las cuotas empresariales de la Seguridad Social, un impuesto sobre las nóminas

La financiación de la Seguridad Social y las diferentes etapas de la reforma fiscal y sus efectos en los incentivos empresariales fueron analizadas, respectivamente, por el director general de Ordenación Económica del Ministerio de Economía y Comercio, Fernando Eguidazu, y el catedrático de Hacienda Pública Manuel J. Lagares, en el marco del curso que, dirigido por Angel Viñas, catedrático y vicerrector de la UIMP, tiene por título Balance de la reforma fiscal española.

Para Eguidazu, el actual volumen de la Seguridad Social y su participación en el producto interior bruto (PIB), que supone un 14%, no "son excesivos". "En los últimos cinco años", señaló el conferenciante, "la Seguridad Social ha absorbido porcentajes crecientes del PIB, y esto, que en épocas de fuerte ritmo de crecimiento económico es positivo, en una época como la presente de estancamiento y bajo crecimiento de la economía puede tener efectos negativos, pues se dedican a fines consuntivos unos recursos que deberían dedicarse a la inversión y el empleo".En su conferencia, Eguidazu indicó que las cuotas empresariales de la Seguridad Social deben reducirse, dados "sus efectos negativos sobre el empleo, ya que son", afirmó, "un impuesto sobre las nóminas".

En consecuencia, con estos presupuestos, Eguidazu planteó una doble vía que pasaría: por una "contención en el crecimiento del gasto de la Seguridad Social, a fin de que ésta aumente a un ritmo igual, pero no superior, al del PIB en términos monetarios", y, en segundo lugar, por "una reducción de los tipos de cotización, compensada con un aumento de la aprobación estatal financiada por el impuesto del valor añadido (IVA) y por otros impuestos indirectos.

En relación con el sistema de cotizaciones, señaló que lo consideraba discriminatorio y que "penaliza a las empresas pequeñas y medianas y beneficia a las grandes, provocando", dijo, "efectos negativos en el empleo y creando distorsiones en la asignación de recursos". Propuso como fórmula para resolver este problema la correspondiente reforma que "acerque progresivamente las bases de cotización a los salarios reales, acompañada de una reducción paralela de los tipos, los cuales", afirmó, "no aumentarían la recaudación ni, por tanto, la presión global sobre las empresas, pero redistribuida esta presión de forma más equitativa". Eguidazu finalizó advirtiendo sobre la magnitud de la medida propuesta que podría implicar una cifra superior a los 200.000 millones de pesetas.

Por su parte, el profesor Lagares Calvo señaló en el curso de su intervención que, desde el punto de vista de los incentivos empresariales, "la reforma fiscal ha de considerarse como muy positiva, aunque", puntualizó, "el crecimiento de otros aspectos de la fiscalidad que recae sobre las empresas, especialmente de las cotizaciones a la Seguridad Social, haya ocultado en buena medida a la empresa el auténtico peso de la reforma".