Objetivo, la estabilidad democrática

Vivimos un momento político tan extraño como preocupante: un partido en el poder después de un largo proceso de tensiones internas, secesiones y abandonos está en trance de disolverse ante los ojos atónitos de la ciudadanía. Y ello ocurre mientras nos atosigan verdaderos y muy graves problemas y en un contexto en que la oposición, no sólo no ha obstaculizado la acción de gobierno, sino que ha arrimado el hombro cuantas veces ha sido necesario. Obvias resultan las consecuencias de una situación tan insólita: paralización de la acción de gobierno, actividad administrativa reducida a sus mínimos, irritación y distanciamiento creciente de una buena parte del electorado y el fantasma del "vacío de poder" rondando en las mentes de aquéllos con vocación de salvadores patrios.En estas circunstancias, los españoles se: preguntan si tiene sentido agotar la actual legislatura o adelantar las elecciones para finales del otoño. En principio, el cumplimiento de una legislatura es síntoma de estabilidad y contribuye al afianzamiento del sistema democrático. Esta ha sido la posición mantenida por los socialistas y hemos dado pruebas más que suficientes con una política responsable en el Parlamento y fuera de él, de que por encima de intereses partidarios coyunturales colocamos en toda ocasión como objetivo fundamental el fortalecimiento de las instituciones. Cierto que el ideal sería que una legislatura llegue a su término; lamentablemente los datos de la realidad, sobre todo los que se acumulan en estas últimas semanas, nos hace dudar de que pueda realizarse.

El afán de cumplir la legislatura, empero, no debe interpretarse con una rigidez excesiva. Los plazos previstos por la Constitución establecen la cota superior de permanencia de un Gobierno en el poder desde el último refrendo popular. Lo dramático, en todo caso, sería el intento, por lo demás anticonstitucional, de alargar este plazo. Acortarlo, máxime cuando sólo puede tratarse de dos o tres meses al haberse superado las dos terceras partes del mandato, es cuestión que debe enfocarse exclusivamente desde un planteamiento funcional para los altos intereses del robustecimiento de la democracia. Si la razón principal del mantenimiento de los plazos es la estabilidad democrática, absurdo sería arriesgar esta estabilidad por empeñarse en mantenerlos inflexiblemente.

En una democracia consolidada, si cupiese una situación como la actual, la convocatoria de nuevas elecciones sería la única solución correcta. En la España actual surgen las dudas. ¿Cuáles son los factores que pudieran aconsejar el agotamiento de la actual legislatura? La buena marcha de las instituciones democráticas exigen que las distintas clases y grupos sociales estén articulados políticamente. La crisis actual del centro-derecha que amenaza con dejar sin representación a tan significativo sector, podría tener consecuencias graves para la estabilidad democrática. Por un lado, importantes grupos sociales quedarían sin poderse identificar con ningún partido y podrían tender a la abstención e incluso a desentenderse del sistema político. Por otro lado, frente a una mayoría de nuestro pueblo, nucleada en torno al PSOE, que desea el cambio y el progreso, podría quedar únicamente la clásica derecha española que hasta ahora se ha caracterizado por una relación condicional y hasta problemática con la democracia. Estos argumentos, muy dignos de tenerse en cuenta, aconsejarían el agotamiento de los plazos, si en el tiempo disponible el centro-derecha fuera capaz de recomponer el cuadro político de la derecha española.

Gobierno y apoyo parlamentario

Cabe dudar que un Gobierno cada vez más minoritario y con crecientes dificultades para encontrar apoyos parlamentarios, se enfrente con éxito a este doble reto: por un lado, encauzar una acción de gobierno presentable ante el electorado; por otro, resolver los problemas internos de su partido y articular una opción de centro-derecha que resulte creíble.

En los últimos meses, sin embargo, el Gobierno, lejos de avanzar en estas dos metas, no ha logrado dar prueba de su existencia más que en el inverosímil mantenimiento del señor Robles Piquer como director de RTVE y la no menos inverosímil obstrucción a que el Parlamento designara como Defensor del Pueblo a Joaquín Ruiz Jiménez.

Añádase a todo ello que tras las vacaciones parlamentarias la cuestión a resolver es nada menos que la de los Presupuestos Generales del Estado. De ellos depende el rumbo de la política económica tan necesitada de dirección y las distintas políticas sectoriales en temas que inciden tan directamente en la vida del ciudadano como el empleo, la educación, la sanidad o la vivienda. ¿Cabe concebir que el Gobierno en las actuales circunstancias pueda contar con el apoyo parlamentario suficiente y, lo que es más importante, con la voluntad política de definir presupuestariamente las prioridades de un año en el que con probabilidad no estará en el poder? En buena lógica parlamentaria el Gobierno que salga de las próximas elecciones debería ser el encargado de definir un presupuesto de acuerdo con su propio programa.

En la discusión actual sobre la conveniencia o no de anticipar las elecciones, los socialistas se guían por un solo principio, el de postergar sus intereses partidarios al general de fortalecer la democracia. No podemos por tanto aceptar que otros se encierren en consideraciones exclusivamente tácticas, de espaldas al sentir generalizado de los españoles, cada vez más cansados de que algunos degraden la vida pública a un mero juego de intereses particulares.