El IVA no debe estar supeditado al ingreso en la CEE, según Ramón Laca

"El IVA (impuesto sobre el valor añadido) representa un avance de tal magnitud en la estructura de la producción y del comercio nacional, que no debiera supeditarse su implantación a los avatares políticos derivados de la adhesión española a las Comunidades Europeas, razón por la cual sería conveniente que el Parlamento, con el apoyo de las fuerzas sociales del país, fundamentalmente las empresariales, debieran adoptar la implantación de dicho impuesto en fecha inmediata", manifestó ayer Jesús de Ramón Laca, secretario general técnico del Ministerio de Hacienda, en una mesa redonda sobre La toma de decisiones en la empresa pública. En su opinión, podrían, sin embargo, quedar pendientes de la armonización comunitaria toda la serie de normas de apoyo al comercio exportador o de desánimo del importador.En otro momento de su intervención refirió una serie de consideraciones sobre el déficit presupuestario, que, en su criterio, está vinculado a algunas variables, entre las que se encuentran las pérdidas del sector empresarial.

"El mantenimiento de las tendencias actuales de participación creciente del déficit en el producto interior bruto (PIB)", manifestó, ,,aumentará en el futuro las tensiones y conflictos sociales". "Se precisa", dijo, "reducir el nivel de bienestar social y que éste, el que se pueda financiar, sea conseguible únicamente mediante el esfuerzo personal. Se objetará, en su caso, la posible desigualdad patrimonial de partida, a lo que debemos responder que el sistema fiscal actual es ya equilibrador de rentas".

Jesús de Ramón consideró necesario expandir la conciencia de que el déficit presupuestario conduce a la pobreza, y que su existencia no es "responsabilidad de los políticos", sino propia.

La no socialización de costes

Como solución a esta situación, apuntó las siguientes actuaciones:

-La práctica supresión de los gastos fiscales de carácter empresarial, contenidos en el Presupuesto del Estado. No es conveniente que el sector privado invierta o funcione bajo la tutela del Estado, sino porque así conviene a sus intereses económicos.

-Deben suprimirse cuantos programas de Gobierno hagan depender a determinados grupos de personas capaces de la generosidad pública, con caracter permanente. Las leyes económicas del sistema disponen de los mecanismos necesarios para evitar estos efectos o para convertirlos en temporales. Cada uno debe resolver su problema privado, y el Gobierno asegurar un mínimo vital, que no impida la movilidad social necesaria en un sentido y en otro, en función del mérito y del esfuerzo de cada cual.

-Congelar, a pesar de los inconvenientes polítizos que ello puede provocar, los sueldos, salarios y plantillas de las administraciones y empresas públicas durante, al menos, veinticuatro mensutalidades, y paralelamente suprimir numerosos organismos públicos, cuyo personal funcionano pasaría a ser disponíble de la Adminístración

-Debe procederse a la no socialización de los costes, con la finalidad de invertir la actual tendencia socializadora de costes privados o pérdidas.