La oposición a Lemoniz y la violencia 'etarra'

Estoy plenamente de acuerdo con el editorial de EL PAIS del día 27 de junio de 1982: "Cada vez resulta más dificil criticar el emplazamiento y la puesta en marcha de Lemóniz sin plantearse el grave problema de conciencia de que, de esta forma, se hace camino conjunto con unos asesinos, para quienes la cuestión de la utilización industrial de la energía nuclear es un simple instrumento de manipulación política".A los asesinatos de los técnicos de Iberduero ha seguido ahora el espantoso crimen del que ha resultado víctima, en Rentería, el niño Alberto Muñagorri. Los hechos me acorralan de tal manera, que me resulta necesario expresar mi sentimiento y mi reflexión. ¿Cómo no voy a plantearme el problema de conciencia cuando he figurado, desde el primer momento, como abogado de la,oposición popular al proyecto de instalación de la central nuclear de Deva, antes de que nadie se hubiera movido contra el proyecto de Lemóniz? ¿Cómo no voy a sentirme afectado siendo precisamente el abogado que, desde el momento en que unos ciudadanos se han opuesto al proyecto de Lemóniz, les ha defendido frente a los Ayuntamientos de Lemóniz y de Munguía, frente al Ministerio de Industria y Energía y frente a Iberduero?

Repetidas veces he estado tentado de abandonar el caso. Y, sin embargo, siempre ha prevalecido en mí una consideración: ¿no es, precisamente, la reivindicación de la justicia la demostración de que el orden de derecho es un objetivo básico de un sjstema de libertades? No era posible ceder ante ninguno de los dos chantajes: ni el de quienes degradan la lucha popular instrumentándola tras sus crímenes, ni el de quienes amparan su iniquidad en el argumento de que los asesinos están contra ellos y en la alusión a que los que están contra ellos son asesinos.

La lucha por la justicia vale por sí misma, aun reconociendo la gran dosis de utopía y de ensoñación que encierra. Y el derecho a que se haga justicia adquiere, así, un cierto tinte de inexorabilidad, una dureza incluso, que caracteriza al espíritu no comprometido en el que se sostiene. Fiat justitia, pereat mundus, dice la máxima, que se reviste así hasta de un margen de inhumanidad. Algunos escritores -Wasserman, Kleist- han insistido en esta posición, que Ernst Bloch la relaciona con la aspiración progresista a un derecho natural de liberación.

El punto de conexión entre pretensión de justicia y derecho natural de liberación se da en la afirmación del derecho del individuo a que la ley se aplique. Derecho individual que es algo incluso previo a la organización de la democracia, pues habla de libertades, mientras que la segunda se refiere a la estructuración del poder del Estado. El derecho a la justicia expresa la afirmación del individuo frente al Estado mismo; afirmado el individuo, la organización de la democracia pretende que las decisiones del Estado estén legitimadas por la mayoría. Por eso es correcto que, ante el tema de Lemóniz, los ciudadanos, como individuos y no como mayoría, aspiren a que la justicia declare la ilegalidad de la obra sin tener que plegarse por ello a la mayoría de un referéndum. La mayoría habrá de decidir sobre la minoría si una comunidad acepta el incierto camino de la energía nuclear y rechaza el incierto camino de la falta de energía nuclear. Pero cualquier individuo podrá pretender de la justicia, sin esperar al refrendo mayoritario, que declare ¡legal una obra nuclear construida sin cumplir con las exigencias públicas de control de seguridad que la legislación española, coincidente con la internacional, ordena. ¿Qué dirían ustedes de una central nuclear que, cuando recibe la autorización para empezar la construcción de la obra tiene ya construidas las bases de sus dos reactores?

En el caso de Lemóniz, asistimos a la vergüenza de la actuación prepotente de una empresa -Iberduero- y a la reacción franquista de la Administracion franquista y de la posfranquista, que, sistemáticamente, se han negado a la única actitud decente que cabía: por de pronto, paralizar la obra y someter luego a examen proyecto y construcción. Y ahora, como resultado de la violencia de ETA, y no por imperio de la ley, la obra está paralizada.

Demasiado abuso de poder y ceguera política, por una parte, y demasiado crimen y dictadura de la fuerza, por otra, están ocurriendo para que en este momento detenga mi reflexión por la cautela de que el caso está sub judice. Estas finezas de comportamiento se acomodarían bien con el reproche que Ehrlich dirigía a los juristas: gentes que convierten lo esencial en accidental y lo accidental en esencial. Hoy, en este caso, no imperan ni la ley ni la paz, imperan la prepotencia y el crimen.

¿Cabe llegar a la utilitaria conclusión de que los hechos han demostrado -y que yo estoy reconociendo- que no cabía otro remedio que el de la violencia para parar Lemóniz? Aun sin confiar demasiado en el fiat iustitia, podría contestarse que, si bien el derecho es una aspiración individual, la violencia ha supuesto la usurpación de la voluntad popular de la mayoría por una minoría, acto que, al mismo tiempo que consigue sus objetivos, degrada el tejido social. Y en todo caso, quien esto afirme debe ser consciente de su precio y asumirlo como algo querido y aceptado; por favor, que no se escape, porque la política de oficio es, en contra de lo que habitualmente se dice, algo bastante más exigente éticamente que la política de salón, de tertulia, de asamblea o de bar. Quien afirme que la violencia de ETA es el camino abierto para la solución de Lemoniz acepta sus consecuencias: acepta el atentado contra el niño Alberto Muñagorri. A mí, como esta conclusión me da vergüenza, me queda la solución de depreciar, desde mis entrañas, a estos seres.

Antes he dicho que los juristas convierten lo esencial en acci:dental. Pues, ¿qué diremos de los concejales de Rentería? ¿Qué bellaquería es esa reproducción de Micifuz y Zapirón, sobre si es culpa de la Policía Nacional o de la Policía Municipal que una explosión abstracta haya mutilado a un niño? La náusea con que considero la actuación de unos municipales que dejaron que un niño quedara mutilado estoy dispuesto a extenderla a los policías nacionales que no trabajaron para impedir el crimen. Y, desde luego, también, ¡también!, a los hipócritas y deshonestos concejales, que condenan a la policía sin condenar al autor del hecho.