Portugal, decidido a denunciar el acuerdo de pesca con España

El ministro de Agricultura y iresca del Gobierno de Lisboa reveló a EL PAIS que propondrá al Consejo de Ministros, en la primera semana de julio, que sean accionados por el ministro de Asuntos Exteriores los dispositivos destinados a hacer reconocer la nulidad del acuerdo firmado en 1969 y cuya validez prevista era de treinta años. El ministro afirma no ignorar la gravedad de la decisión tomada ni sus eventuales repercusiones negativas sobre las relaciones entre España y Portugal, pero considera que se trata de la defensa irrenunciable a la soberanía sobre parte importante de las aguas territoriales portuguesas.

Está dispuesto a defender, delante del Tribunal Internacional de La Haya y de las instancias internacionales a las que España pueda recurrir, que la extensión de seis a doce millas, posterior a, la firma del tratado de 1969, del límite intemacional de las aguas territoriales ha modificado completamente las bases negociables, invocando la necesidad de una renegociación global de las relaciones existentes entre las dos naciones ibéricas en el sector pesquero.La primera consecuencia de la denuncia del acuerdo será la nulidad del protocolo de 1981, aún no ratificado por Portugal, y al abrigo del cual han sido pasadas las licencias actualmente utilizadas por los barcos pesqueros de ambos países para faenar en las aguas del vecino.

La eventual ruptura unilateral del acuerdo por parte de Portugal culmina un largo proceso en el que, a pesar de la voluntad declarada de diálogo, los desentendimientos prevalecieron casi siempre sobre las convergencias de intereses.

Desde que el democristiano Basilio Horta se hizo cargo, en agosto pasado, del Ministerio de Agricultura y Pesca se sabía que el nuevo titular no concordaba con los términos del protocolo de 1981, firmado después de meses de laboriosas negociaciones, marcadas por incidentes como el bloqueo de la frontera fluvial sobre el Guadix por pescadores de Huelva y de la isla Cristina.

El ministro portugués hizo cuestión de distinguir dos niveles, según él claramente diferenciados, en las relaciones pesqueras entre España y Portugal: el del aprovechamiento inmediato de los recursos disponibles y el de los derechos históricos. Es sobre este último punto que las posiciones se revelarían inconciliables: España, considerando que el tratado de 1969 le otorga derechos históricos sobre las aguas territoriales portuguesas entre las seis y las doce millas; Portugal, considerando que estas aguas, que no podían ser objeto de negociación en 1969 por situarse entonces fuera del mar territorial, pueden ser aprovechadas por la flota pesquera española, pero en régimen de tolerancia, mediante acuerdos a establecer cada año.

La cuestión de los derechos históricos es, como se sabe, especialmente importante de cara a una futura integración de España y Portugal en las comunidades europeas, pero el ministro portugués estima que los intereses españoles coinciden en la materia con los intereses lusos, los mecanismos comunitarios, obligando cada nuevo miembro a consentir a los demás las facilidades otorgadas a la nación más favorecida.

Basílio Horta invoca para Portugal la necesidad de preservar, para el futuro desarrollo de la industria pesquera portuguesa -previsto por un plan nacional de pescas en elaboración-, la libre disposición de sus aguas territoriales. "No comprometer irremediablemente el futuro, condenándonos a no explorar directamerite nuestros propios recursos", es, en su opinión, una preocupación lógica, que no puede ser interpretada como contraria a la amistad y buena vecindad con España.

Admite que el tratamiento dado a los problemas pesqueros hispano-portugueses por la Prensa portuguesa no ha ayudado a una clara comprensión de los problemas. Periódicos ligados a la oposición han ampliado las protestas de algunos intereses ligados al sector y que consideran excesivas las licencias otorgadas a pescadores españoles. El ministro no comparte esta posición. Considera que, mientras Portugal no está en condiciones de explorar todas las potencialidades de sus aguas territoriales, es del interés común que esta exploración sea cedida a España, que dispone de una flota importante y carece de espacios para faenar. Es favorable al desarrollo de todas las formas de cooperación en este sentido, y particularmente a la creación de empresas mixtas, cuyos intereses serán siempre garantizados, y que pueden contribuir de manera importante a compensar el actual déficit de pesca portugués. "No se trata de cortar el número de licencias", insiste Basilio Horta. "Pero quereinos que este número sea fijado cada año. En principio se reducirá a medida del crecimiento de la flota pesquera portuguesa. Pero si fuéramos incapaces de desarrollar nuestra propia industria, estaríamos dispuestos a someternos al parecer de la comisión mixta técnica y a autorizar a los pescadores españoles a efectuar todas las capturas que no estuviésemos en condiciones de realizar".

Entretanto, esta propuesta portuguesa, entregada al subsecretarío español de Pesca, Miguel Aldasoro, el pasado 5 de junio, no ha obtenido respuesta de Madrid en el plazo previsto (hasta el 20 de junio), y dentro de quince días las aguas portuguesas podrán quedar vedadas a los pescadores españoles, titulares o no de licencias pasadas al abrigo del protocolo de 1981.