El fantasma de la estabilización
EI pesado legado de UCD y la situación internacional obligará al próximo Gobierno, sea cual sea, a realizar una política de estabilización.
"Cuando nos quejamos de que esto no marcha, y de que la España no progresa, no hacemos más que enunciar una idea relativa; generalizada la expresión de esta suerte, es evidentemente falsa; reducida a sus límites verdaderos, hay un gran fondo de verdad en ella".Mariano José de Larra, que no llegó a conocer las penosas colas de nuestras oficinas de empleo ni sufrió las desatenciones de la Seguridad Social, los atropellos de Tejero o las estériles polémicas sobre el déficit a el sector público, escribió esta frase tan cercana hace ya 150 años.
Enrique Fuentes Quintana, permanente observador de la marcha de nuestra economía y responsable de sus destinos durante la difícil etapa de la transición a la democracia, sabe: del escaso valor y sensatez que es común tanto a los pregoneros del catastrofismo como a los del triunfalismo. Cualquiera que sea el Gobierno que salga de las próximas elecciones deberá hacer saber al país que "no hay magos de las finanzas. Que los remedios a las crisis son difíciles y requieren sacrificios, coraje político y perseverancia".
El próximo Gobierno va a recibir una pesada herencia. A finales de 1982 habrá muy probablemente 2.200.000 parados; un crecimiento del producto interior bruto entre el 1,5% y el 2%; una inflación notoriamente superior -casi el doble- a la media de los países europeos; un déficit público en torno al billón de pesetas; una ligera mejoría de la balanza por cuenta corriente, y una obligación de pagos de intereses y amortizaciones para 1983, por endeudamiento del sector público, de unos 300.000 millones de pesetas (más del doble de los del presente año).
A lavistade estas previsiones, nada halagüeñas, poco margen de maniobra política económica va a tener el nuevo Gobierno que salga de las urnas. Máxime cuando se va a encontrar la hipoteca de unos presupuestos generales del Estado realizados por el actual Gobierno y deberá hacer frente a unas cuantiosas obligaciones contraídas para 1983, cuyo volumen y destino se ignora hoy en cifras globales.
Existe, por otra parte, la tentación en algunos sectores de UCD de provocar artificialmente en los próximos meses una cierta reactivación, aun a costa de, empeorar aún más el déficit, de cara a las elecciones. Esta operación tendría alguna rentabilidad política para UCD y, aunque no impidiera la victoria de los socialistas, pondría a éstos muy dificil la gestión económica en caso de que llegaran a asumir responsabilidades de Gobierno.
Frente a estas tentaciones, que comportan evidentes riesgos de desestabilización del Estado y de la democracia a corto plazo, otros sectores de UCD se muestran exquisitamente responsables. Hasta el punto de estar dispuestos, pensando que es inevitable su relevo en el Gobierno, a afrontar la impopularidad de drásticos recortes presupuestarios, y rigurosas medidas de.saneamiento y austeridad, para facilitar en alguna medida la gobernabilidad del país a quienes les sucedan en el Ejecutivo.
El pesado legado de UCD al futuro Gobierno, al margen de los aciertos o errores del actual Ejecutivo, no puede analizarse -y en esto coinciden todos los expertos- haciendo abstracción del contexto internacional en el que se inserta nuestra economía.
Todos los pronósticos apuntan, a estas alturas del año, que la tan anunciada y anhelada recuperación de la economía internacional vuelve a retrasarse. El año 1982 no mejorará los resultados de 1981: la producción crecerá muy poco (entre el 0,3% o el 0,8%), el desempleo seguirá incrementándose (alrededor del 8,5%), la inflación se situará en tomo al 8% y habrá un ligero crecimiento (un 2%) en el comercio mundial.
La interdependencia de nuestra economía, como país industriafizado que somos, del resto de las economías occidentales, condiciona en buena medida nuestros resultados económicos para éste y para los próximos ejercicios. "No caben políticas autónomas de relanzamiento económico, si éstas suponen incrementar los desequilibrios, los diferenciales de inflación o los déficit de la balanza de pagos. España -según Fuentes Quintana- no puede hacer cosas diferentes a las que se están haciendo en otros países occidentales".
UCD y sus circunstancias
El segundo gran condicionante o circunstancia del legado de UCD al próximo Gobierno se encuentra dentro de nuestras fronteras. Son las incertidumbres políticas (juicio del 23-F, autonomías, terrorismo y derrota y descomposición del partido del Gobierno, por sólo citar algunas).
No obstante, y volvemos a Larra para decir a través de él lo que algunos de los expertos consultados sostienen en privado, "las circunstancias suelen ser la excusa de los errores y la disculpa de las opiniones".
Desde distintas ideologías e intereses políticos, economistas, empresarios y banqueros han criticado públicamente en los últimos meses la irresistible ascensión del déficit público.
Un déficit que en lo que respecta a las administraciones públicas puede sobrepasar, a finales de año, el bilIón de pesetas, lo que supone prácticamente duplicar las cifras de 1981.
Más allá de la voluminosa cifra del déficit, argumento simplista de la mayor parte de las críticas, están los rasgos -como apunta Fuentes Quintana- que caracterizan este "problema económico, social y político de primera magnitud":
1. Su creciente importancia en términos absolutos y relativos (a final de año puede suponer casi el 5% del producto interior bruto.).
2. Las causas que lo producen (un aumento desbordado del gasto corriente, incapaz de financiarse por los aumentos de imposición).
3. Su imprevista evolución anual (es excepcional que no se rebasen las previsiones).
4. Su predominante financiación a través del Banco de España.
¿Qué puede hacer, ante esta situación, el Gobierno que gane las próximas elecciones? Las respues tas de los distintos expertos con sultados tienen significativas dife rencias de matiz: todos hacen hincapié en la necesidad de recortar gastos corrientes; pero algunos de los economistas, como Antonio Santillana, ex presidente del Ban co Hipotecario, José Luis Leal, ex ministro de Economía, o el propio Enrique Fuentes, confiesan que les preocupa más la estructura y financiación del déficit que el déficit mismo.
Joaquín Almunia, máximo responsable del PSOE en el área económica, comparte estas últimas posturas y confirma los temores de buena parte de la derecha y el empresariado: "En principio ppnsamos elevar el déficit hasta un mayor porcentaje del producto intenor bruto" (Carlos Solchaga, economista del citado partido, ha adelantado la cifra del 6%). Almunia justifica esta actitud en un mayor rigor en el cumplimiento del déficit (no van a permitir el continuo desbordamiento presupuestario que se ha dado con los gobiernos de UCD) y en una mayor selección de prioridades.
Salarios y precios
Julio Pascual, secretario general de la patronal Confemetal y miembro de los movimientos liberales que encabeza Antonio Garrigues, ha sido el único de los consultados que se ha atrevido a cuantificar recortes presupuestarios: "reducir 500.000 millones me parece sencillo, probablemente se podrían suprimir cincuenta organismos autónomos sin que el país se enterara". Julio Pascual piensa que a corto plazo se pueden reducir en un 10% los prespuestos de la Administración Pública.
La concertación social de los últimos años debe continuar, a juicio de los expertos, aunque buena parte de los mismos (José Luis Leal, Julio Pascual y el secretario general técnico del Banco Popular, Manuel Martín, entre otros) son contrarios a que el Gobierno vuelva a sentarse a negociar con sindicatos y empresarios. "Es a las fuerzas sociales a quienes corresponde llevar adelante estos acuerdos".
Antonio Santillana y Joaquín Almunia precisan, no obstante, que los nuevos acuerdos salariales -con o sin presencia del Grobierno- no pueden significar de nuevo una pérdida importante de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, porque el consumo privado, entre otras razones, se ha resentido. Almunia sostierie que los salarios deben subir en la misma proporción que el índice de precios y Santillana admite que el incremento sea "algo menor, pero que esté muy próximo".
Algunos de los consultados sostienen, no obstante, que en los últimos años ha habido incremento de poder adquisitivo por parte de los asalariados y excedentes empresariales para los patrones. Joaquín Almunia y Antonio Santillana discrepan de estas afirmaciones.
La mayor parte de las personas consultadas admiten que sería bueno, aunque dudan que puedan llevarse adelante, acuerdos salariales -con cláusulas de revisión- para un período de cuatro años. Almunia, sin embargo, asegura tajantemente que "es imposible un acuerdo a cuatro años sin planificación democrática".
Todas las personas consultadas denuncian el nuevo recrudecimiento de la inflación -se han perdido buena parte de los logros obtenidos a partir de los Pactos de la Moncloa- y con distintos matices (en función de la relación inflación/desempleo) coinciden en que reducir los diferenciales de inflación entre España y los demás países europeos debe ser tarea prioritaria del nuevo Gobierno.
Nuevo Gobierno que deberá afrontar, por otra parte, los efectos de la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que puede repercutir en varios puntos sobre los precios. El ejemplo de otros países como Austria, donde se produjo un control estricto de precios meses antes de la implantación del IVA; Bélgica, en que se obligó a comunicar los incrementos de precios con veintiún días de adelanto, o el Reino Unido, donde el Parlamento concedió amplísimos poderes en materia de control de precios al Gobierno (que Igego no hizo casi falta utilizarlos), puede servir al Ejecutivo que salga de las elecciones para actuar sobre los precios y conseguir de forma indirecta una cierta estabilización.
A finales de año, muy probable
El fantasma de la estabilización
mente, se llegue a la cota de 2.200.000 parados, y en 1983 seguirá aumentando el desempleo. Quien asuma tareas de Gobierno no podrá prometer, salvo que quiera que la realidad de los hechos rompa su credibilidad al día siguiente de ocupar el despacho presidencial de la Moncloa, soluciones milagrosas al primer problema de nuestro país. Caben, exclusivamente, acciones puntuales para determinados colectivos -como son los jóvenes o quienes han dejado de percibir cualquier tipo de subsidio-.El socialista Joaquín Almunia cree que si se juega con la inversión pública en forma más audaz, "el empleo asalariado puede crecer en términos netos"; pero reconoce que el paro seguirá aumentando, aunque aumente también la población asalariada.
José Luis Leal se muestra muy preocupado por el colectivo de jóvenes sin empleo y teme que quien gane las elecciones favorezca prioritariamente a sus votantes, que, sin duda, serán quienes tienen empleo. Para el ex ministro de Economía es una tarea urgente arbitrar soluciones para paliar la grave situación de jóvenes sin empleo.
Julio Pascual, que cree que el empleo en España es un problema estructural y no coyuntural (este país lleva cincuenta años sin crear suficientes empleos para ocupar a su población, lo que se palió en los años cincuenta con empleo encubierto, y en la década de los sesenta con emigración), es partidario de suprimir el tope del salario mínimo para la contratación de jóvenes y reducir las cargas de la Seguridad Social, además de una mayor flexibilidad y movilidad de empleo. "Hemos sustituido salarios bajos por paro, y habría que hacer lo contrario". Máxime cuando los jóvenes, que no tienen experiencia ni profesionalidad, podrían adquirirla.
Antonio Santillana, por su parte, se muestra cauto y realista. La pérdida de población activa refleja en muchos casos la desaparición de empresarios estadísticos (taxistas, fontaneros, etcétera), que en realidad presentan unas características similares a las de los trabajadores asalariados. Una mejora de la coyuntura económica, por otra parte, no disminuiría las cifras de paro, sino que las incrementaría. Muchos desanimados, según el profesor Santillana, volverán automáticamente al mercado de trabajo en cuanto mejoren las perspectivas de colocación.
Inversión privada, inversión pública
La inversión privada continúa sin reanimarse y el esfuerzo de inversión pública que se está realizando este año es enjuiciado con recelo por varias de las personalidades consultadas. Las inversiones públicas requieren un período de maduración, si no se quiere despilfarrar el dinero y minimizar sus efectos sobre el empleo y la reactivación económica. Para algunos de los consultados esto está sucediendo ya, y para otros puede suceder en el futuro, "ya que el aparato de la Administración no está preparado para digerir con rentabilidad social y económica fuertes volúmenes puntuales de inversión pública".
Despejar incógnitas
Joaquín Almunia, sin embargo, cifra en el incremento de las inversiones públicas buena parte del margen de maniobra de un Gobierno socialista. "Siempre que haya proyectos disponibles y no se produzcan desequilibrios". La efectividad de estas inversiones, en base a transférir su gestión a comunidades autónomas y ayuntamientos, puede multiplicarse.
De cara a la inversión privada, la reanimación p,asa por despejar algunas incógnitas políticas y por ofrecerles al empresariado unas reglas de juego claras y permanentes. Habrá que rescatarlos del monte, según un ex responsable de la política económica de UCD, a donde han sido echados por "el falso progresismo de García Díez".
Javier del Moral recomienda acelerar la presencia de multinacionales en España y nuestra adhesión a la CEE como forma de incrementar piuntualmente inversiones y mercado, por una parte, y de contagiar profesionalidad a algunos de nuestros empresarios.
Todos coinciden, sin embargo, en que el precio del dinero y la situación internacional son dos condicionantes básicos para que el sector privado invierta o deje de invertir.
Las críticas también son generalizadas hacia la política industrial capitaneada en los últimos meses por el ministro Bayón. Hay unanimidad en que hay que reconsiderar las subvenciones que se están concediendo y enfocar éstas hacia sectores y empresas con futuro. "En muchos casos estas subvenciones sólo están sirviendo para pagar nóminas o para reponer el capital, y dentro de unos años volverán a encontrarse en crisis".
En lo que se refiere a las empresas públicas, el PSOE, "que de entrada no tiene planteado cerrar ninguna", según Almunia, tiene un proyecto de reordenación de las distintas participaciones estatales en el sector público (INI, Patrimonio del Estado, INH) a efectos de utilizar la empresa pública para incidir sobre la política industrial y lograr la transparencia del sector público. La posible división se haría en torno a tres criterios: conjunto de empresas dedicadas aservicio público (Renfe, Telefónica, etcétera), empresas públicas heredadas del sector privado y empresas que son competitivas en el mercado.
El cambio socialista
El cambio socialista, según Almunia, responde a tres distintas claves. La primera estaría en los efectos a corto plazo, medidas a adoptar en un primer momento tras su acceso al Gobierno, que su pondrían repercusiones presu puestarias, reforma de la Adminis tración, racionalización y mejora de la Seguridad Social y disciplina férrea del gasto. Un segundo paquete de medidas, con mayor carga de profundización en las estructuras, constituyen los objetivos del PSOE a cuatro años. Y, finalmen te, los objetivos a más largo plazo, más cercano al programa máximo del partido socialista.
La corrección de los desequilibrios preocupa a los socialistas y les va a hacer relegar, en buena medida, la política de redistribución de rentas, según la mayor parte de las fuentes consultadas. "Tendrán que ocuparse primero de consolidar la tarta de la renta nacional antes de ponerse a repartirla". Esto, problablemente, será muy beneficioso para España, aunque les supondrá un grandes gaste político ("no es fácil vender al país austeridad y sacrificios") y pueda costarles, a la vuelta de cuatro años de responsabilidades eje cutivas, su relevo del Gobierno.
El PSOE, que nunca ha estado de acuerdo con el programa de Mitterrand de favorecer la expansión a través del consumo, ni con el ritmo en que se han producido los cambios en aquel país, procederá a una política más moderada, menos espectacular y más efectiva. En cualquier caso, según apunta Javier del Moral, deberán tener muy en cuenta la opinión de los or ganismos internacionales antes de tomar medidas que puedan desencadenar un ataque frontal de la comunidad financiera internacional.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
