Malos augurios en la próxima ronda de negociaciones entre España y la CEE

El próximo día 21 se celebrará en Luxemburgo una de las más importantes sesiones de negociación entre España y la Comunidad Económica Europea (CEE) desde que hace más de cuatro años nuestro país solicitó el ingreso en el Mercado Común. Sobre la mesa en torno a la cual se sentarán los ministros de Asuntos Exteriores de los diez y su colega español, José Pedro Pérez-Llorca, se colocarán cuatro capítulos, uno de los cuales, la unión aduanera, es esencial para el futuro de la ampliación de la CEE. Siete días antes de la reunión, todo indica que los resultados pueden ser escasos y que las posiciones comunitarias se mantendrán con gran dureza.

La sesión ministerial del día 21 está rodeada de numerosas incógnitas. Los jefes de la diplomacia europea se reunirán la noche anterior no para discutir sobre los problemas que plantean los informes españoles, sino sobre cuestiones internas de envergadura, como la interpretación del compromiso de Luxemburgo o regla de la unanimidad, el informe Colombo-Genscher sobre la unión europea o la situación internacional y sus repercusiones en Europa. Por parte española, la sesión de negociación se celebra veinticuatro horas antes de que llegue a Madrid, en visita oficial, el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y cuando la crisis política de UCD amenaza con provocar una convocatoria anticipada de elecciones generales.Los cuatro capítulos sobre los que, teóricamente, debería llegarse a un acuerdo son los siguientes: fiscalidad, unión aduanera, Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) y relaciones exteriores. Un quinto capítulo, el Eurotrom, inicialmente previsto para esta sesión, ha sido descartado completamente ante la imposibilidad de aproximar posiciones. Los diez exigen a España si no la firma del tratado de proliferación nuclear, lo que no pueden hacer porque no forma parte del acquis comunitario, sí el respeto a una directiva de la CEE que supone, al fin y al cabo, lo mismo que el tratado.

El hecho de que se mantengan los otros cuatro capítulos no quiere decir, en absoluto, que nadie, ni españoles ni comunitarios, tenga la menor esperanza de cerrarlos o incluso de realizar avances considerables.

En el caso del capítulo de fiscalidad, el escollo más importante, la exigencia de la CEE de que España implantará el Impuesto sobre el Valor Añadido desde el mismo momento de la adhesión, ha sido salvado mediante su aceptación por parte del Gobierno español. EL proyecto de ley ha sido ya remitido al Congreso de los Diputados, y puede ocurrir que sea aprobado incluso antes de que se celebre la reunión de Luxemburgo. España intenta convencer a la CEE del gran esfuerzo que ha supuesto esta decisión -esfuerzo que debe ser compensado en el capítulo de la unión aduanera con un período transitorio largo-, pero los diez no se han dejado impresionar porque, afirman, el Gobierno español estaba obligado a implantar el IVA no ya por la exigencia comunitaria, sino porque Estados Unidos lo planteó también como ultimátum dentro del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio). En cualquier caso, España ya no puede utilizar el argumento IVA como instrumento de presión. De las dos excepciones al régimen comunitario de fiscalidad que solicita España, una -la no inclusión de empresas con un volumen de negocios inferior al millón de pesetas- será aceptada, y otra -la excepción de la llamada ganadería sin suelo- no será aceptada por los diez.

El periodo transitorio

La discusión básica se plantea en lo relacionado con el capítulo de unión aduanera. En sus primeros documentos, España solicitó un período transitorio de cinco a diez años (período transitorio único, aplicable también a la agricultura, si es que algún día la CEE s decide a comenzar a negociar con España este capítulo). La aceptación del IVA desde el primer día de la adhesión ha llevado a los españoles a precisar su postura inicial, y en el último documento negociador se pide ya claramente un período de nueve años ("lo más próximo posible a diez").

Pero los comunitarios siguen teniendo en la cabeza la propuesta inicial española y recuerdan la cifra nefasta de cinco años, que es el período transitorio que propone la Comisión Europea. Y si España en su día estaba dispuesta, de propia iniciativa, a aceptar cinco años, lógicamente -piensan algunos de los diez- se puede apretar un poco y exigir sólo tres, con la idea de llegar a los cuatro o cinco. La posición comunitaria deja lívidos a los negociadores españoles. Por el momento, lo más probable es que en la sesión del día 21 se opte por no hablar de ninguna cifra, aunque será interesante saber cuáles son los argumentos de cada uno y hasta qué punto se puede calcular que cada uno variará su techo. De lo que se puede estar seguro es de que el capítulo no quedará cerrado. Una dificultad adicional será también el período transitorio no ya para el desarme arancelario, sino para el contingentario, que para la CEE suele ser más corto que el primero. "Pero si pretenden darnos un período corto en el arancelario, ¿qué va a proponernos en el contingentario, seis meses?", ironizaba un experto español.

Nunca se deja un sólo,punto sin cerrar, según las normas de la CEE, así que además de la cifra sobre el período transitorio -que quedará, para el último día de negociaciones- la cifra de tomas sin solución en este capítulo de unión aduanera será más larga. Imposible decir cuáles tienen más posibilidades de pasar o de permanecer abiertos, según la terminología CEE; quizá el grado de nacionalizaciones de la industria del automóvil o el régimen de zonas francas. En todo caso, lo que ya es seguro es que no se hablará, al menos por parte española, ni de Canarias ni de Ceuta y Melilla, como tampoco del régimen de los monopolios (CAMPSA, Tabacalera, etcétera).

Como la negociación con la CEE es parecida a una madeja, si no hay acuerdo sobre unión aduanera, difícilmente lo habrá sobre el capítulo CECA (siderurgia y carbón), para el que España pide el mismo período transitorio.

Tampoco cabe esperar acuerdo en el último capítulo, relaciones exteriores, y aquí la CEE tiene un pretexto lógico: el documento español, muy completo, ha sido entregado hace escasamente diez días, y es imposible que los distintos servicios de la CEE tengan tiempo antes del 21 para preparar la contrapropuesta adecuada.