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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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Pueblo y Ejército, ante las sentencias

Ya hay sentencia. Y ya podemos ver -lo sabíamos- que aquellos polvos trajeron estos Iodos. Uno ha predicado en el desierto, hasta enronquecer espiritualmente -artículos, libros, conferencias, micrófonos de radio... y, en televisión, porque no me dejan-, que ofende a la lógica política, al sentido común y al artículo 117.5 de la Constitución el que juzguen una rebelión los únicos prácticamente que pueden rebelarse. Esta elementalidad o evidencia se multiplica por ciento cuando los juzgadores hicieron sus carreras a partir de una rebelión, llámese alzamiento, cruzada, sublevación o movimiento. Y esto se dice dando por supuesta (y aun por cierta) la máxima buena fe y honestidad personal de cada juez, pues se trata de algo raigalmente objetivo, que un psicólogo, un historiador, un politólogo, podrían explicar científicamente sin esfuerzo. Es el viejo problema del jucio de Diego de León, conde y héroe de Belascoain, la primera lanza de España.

Mas ahora viene el acordarse con premura de que el Código de Justicia Militar no está concorde en demasiadas cosas con la Cons titución de 1978, ni con los tiem pos que transcurren, ni con lo que es moneda normal en los países y ejércitos de la OTAN, ni con los propios plazos legalmente enunciados por el poder legislativo en la minirreforma de dicho código de noviembre de 1980. ¿Cómo podría haber tal concordancia si aquél es fundamentalmente el mismo texto de julio de 1945, heredero, a su vez, directísimo del Código de 1890, elaborado cuando ni siquiera existía el sufragio universal para los varones?

Me han preguntado muchas veces mi opinión sobre las sentencias que se iban a producir, y otro tanto una vez producidas. Siempre he respondido que, así como hay cosas y casos en que el pueblo, la gente, no entiende o conoce mayormente (por ejemplo, la cristafización de minerales, los períodos de la guerra de los Treinta Años, el por qué O'Donnell envió todo el ejército que pudo a México y la Cochinchina), existen otros muchos donde sí sabe de qué va, en que capta perfectamente -vieja y espontánea sabiduría popular, que se incrementa extensamente a poco que le proporcionen algunos datos, especialmente en aquellos temas que le afectan de cerca- las trastiendas y miriñaques, donde no resulta fácil venderle animal doméstico y félido asegurando que es liebre montaraz. El pueblo informado / jamás será engañado. (Quizá por eso se teme tanto, aquí y acullá, a los medios de comunicación no fácilmente controlables.)

Digo que el honrado -pues que se le regatea la condición de honorable y se le quiere meter en cintura- pueblo español, que se sintió y se siente concernido muy de cerca por la rebelión del 23 de febrero, que ha podido leer en Prensa bien diversa, con lujo de detalles, desde la exaltación a la condena radical de aquel cuartelazo, que es capaz de calar bajo los tontillos y zagalejos con su intuición campechana y profunda, ha formado sobradamente sus juicios y opiniones sobre lo que pasó y sobre qué sentencias darían honra a la justicia. Si a esto alguien le quiere llamar juicio popular, allá cada cual con su semántica. Lo incontrovertible es que, si las sentencias se aproximan a lo que la gente siente o deduce en su inmensa mayoría, podrá afirmarse que existe urdimbre entre la conciencia ciudadana y los parámetros que rigen el pensamiento de su Ejército, al que ha otorgado el privilegio del endojuicio, de ser juez y parte, lo cual es gracia larga y revela mucha confianza (que sólo puede corresponderse con lealtad máxima).

Si las sentencias, por contra, difieren grandemente del sentir general en asunto tan asumido por todos y de tanta trascendencia, sería que no hay incardinación, inteligencia, comunión, entre el Ejército y el pueblo (y que aquél, por ende, no merecería el privilegio de tan amplia jurisdicción). Este es, pues, el test vital que suponen las sentencias, y la respuesta que doy a aquellas preguntas, la que he dado siempre. Esta me parece la verdad limpia y ácida, aunque por expresarla nos arrojasen a las tinieblas.

La obediencia ciega pugna con la Constitución

Muchas más cosas caben aún en este comentario. Hay emoción y cólera en algunos sectores militares ante las críticas a la sentencia ejercidas por los representantes del pueblo en el Gobierno y Parlamento. Y otro tanto respecto a la Prensa. Se trata de compafleros que no terminan de entender que un ejército no es propiedad de los militares profesionales, sino de todos los ciudadanos. Y que, como ha dicho el ex presidente Suárez, la sentencia y la justicia -la militar también- deben proteger los derechos del pueblo español (aunque entre estos derechos está el de saber por qué dimitió).

El exigir hoy obediencia ciega no sólo entra en pugna con la Constitución, las Ordenanzas y el CJM, sino que amenaza convertir al militar en esbirro. Podemos estiramos hasta admitir la necesidad de este tipo de obediencia eri un ejército en campaña contra un enemigo exterior -bien que tal tema exigiría algunas precisiones, derivadas del derecho de gentes, convenios internacionales, etcétera-, pero aparece evidente que exigir ciega, sorda y muda obediencia en acciones internas contra las instituciones básicas del Estado equivale a poner en almoneda al mismísimo Estado.

Siguiendo este alarmante hilo -y con el mayor respeto a todos-algunos podrían entender o suponer el siguiente mensaje: quienes pertenecen a los rangos iriferiores de la milicia -digamos de teniente, incluso capitán, para abajo- no deben plantearse jamás, en ningún caso, si una orden ha de ser desobedecida; por el contrario, tiene que ser obedecida siempre, aunque entrafle cometer delitos máximos contra el Estado de derecho, ya que no deben preocuparse, pues solamente pagarán -si la acción fracasara- los escalones más altos, que acumularán la totalidad de la culpa y el rigor. Aquéllos, los escalones más bajos, serán absueltos o, en el peor de los casos, condenados a penas que no impliquen su salida del Ejército. Mas, si la acción tuviera éxito, sin duda se cosecharía gloria, condecoraciones, ascensos. En resumen, el siglo XIX. Y el supuestamente duro código penal castrense lo es sólo en una parte del embudo.

Yo no quiero creer que existe este mensaje. Quiero creer en el pueblo -que no se asustó en Andalucía aunque estuvieran las sentencias pendientes- y en el Ejército. Un Ejército que haga quimérico esperar dos regimientos de Caballería en el Congreso una noche de febrero, como aseveraba el señor García Carrés.

José Luis Pitarch es capitán de Caballería.

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